Paula Cruz.- Mientras Washington señala con dedo acusador a La Habana por supuestas violaciones a los derechos humanos, el gobierno estadounidense mantiene desde hace más de dos décadas una base naval construida sobre territorio cubano ocupado ilegalmente, convertida en el símbolo global de la tortura, la detención arbitraria y la negación sistemática del estado de derecho.
Guantánamo no es simplemente una base militar. Es un proyecto de impunidad diseñado cuidadosamente para evadir las leyes nacionales e internacionales, un espacio donde Estados Unidos creyó que podía crear una zona libre de derechos humanos en el propio patio trasero del país al que constantemente critica por su historial en esta materia.
La arquitectura de la impunidad post-11S
¿Por qué es ilegal la base militar de EE.UU. en Guantánamo?
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la administración Bush encontró en Guantánamo el lugar perfecto para implementar su «guerra contra el terrorismo» sin restricciones legales. El 11 de enero de 2002, los primeros detenidos llegaron a lo que se convertiría en el campo de detención más infame del mundo contemporáneo, Campamento X-Ray.
La elección de Guantánamo no fue casual. Como explica Amnistía Internacional, el gobierno estadounidense seleccionó este territorio precisamente porque creía que «no se aplicaban ni las leyes estadounidenses ni las internacionales» en este enclave ocupado ilegalmente.
Desde entonces, 780 hombres y niños musulmanes han pasado por sus celdas. Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional, lo resume con crudeza:
«Muy pocos de estos hombres han sido acusados de algún delito y absolutamente ninguno ha tenido un juicio justo».
Guantánamo se convirtió en un laboratorio de prácticas de interrogatorio que el propio gobierno estadounidense terminó por reconocer como tortura.
21 años de injusticia: cifras que avergüenzan
Las cifras hablan por sí solas: de 780 detenidos, solo siete han sido condenados. Cinco de ellos aceptaron declararse culpables a cambio de acuerdos previos al juicio que les ofrecían una posibilidad de libertad. Solo uno ha sido trasladado a Estados Unidos continental para ser juzgado en un tribunal civil, el único espacio donde se garantizan mínimamente los derechos procesales.
El caso de Shaker Aamer ejemplifica esta injusticia: detenido en 2002, permaneció 13 años encarcelado sin cargos ni juicio, a pesar de que su traslado desde la base fue autorizado por las autoridades estadounidenses desde 2007. Su abogado sostiene que permaneció tanto tiempo porque fue testigo de torturas perpetradas por agentes estadounidenses y británicos, lo que subraya la necesidad urgente de investigaciones independientes sobre la complicidad internacional en estos crímenes.
Incluso el presidente Barack Obama, quien prometió cerrar Guantánamo en 2009, fracasó rotundamente. La prisión duró más tiempo bajo su mandato que bajo el de Bush. La inacción política y la maquinaria de seguridad nacional prevalecieron sobre los derechos humanos.
Trump y la nueva era: Guantánamo como campo de detención de migrantes
Con la administración Trump, la infamia de Guantánamo ha encontrado un nuevo propósito. En febrero de 2025, el gobierno estadounidense comenzó a transferir a migrantes detenidos a la base naval.
Según testimonios recogidos por Human Rights Watch, estos migrantes fueron llevados en secreto, recluidos en régimen de incomunicación en el «Campamento 6», en celdas de concreto, sin luz natural, con condiciones insalubres y sometidos a aislamiento prolongado.
«Estaba tan desesperado que traté de cortarme las muñecas con los bordes de las botellas de agua de plástico», relató uno de los detenidos. Otro describió: «El agua era amarilla, partes del lavamanos estaban oxidadas… Era totalmente insalubre y me enfermé por eso». Las consecuencias físicas fueron evidentes en un de los entrevistados: «Llegué allí pesando 78 kilos y regresé a Venezuela con 52».
Se les negaba información legal, contacto familiar y atención médica adecuada. Estas condiciones, como advierte Human Rights Watch, pueden constituir malos tratos prohibidos por el derecho internacional.
La justificación para estas detenciones fue tan débil como arbitraria: muchos fueron acusados de pertenecer al «Tren de Aragua», un grupo criminal venezolano, únicamente por sus tatuajes y nacionalidad. Esto refleja una política xenófoba y de seguridad nacional desbocada, donde la presunción de inocencia y el debido proceso son sacrificados en el altar del espectáculo político.
La doble moral imperial
La ironía más profunda y grotesca es el escenario mismo de estos crímenes. Durante décadas, Washington ha utilizado su retórica sobre derechos humanos para atacar a La Habana, mientras convierte un pedazo de Cuba en un campo de concentración moderno donde se violan sistemáticamente esos mismos derechos.
Guantánamo es más que una prisión; es un símbolo de la arrogancia del poder estadounidense, de su desprecio por el derecho internacional y de su doble moral. La administración Trump ha expandido su uso hacia la crisis migratoria, demostrando que para Washington, Guantánamo es una herramienta flexible para la opresión, ya sea en nombre de la «guerra contra el terrorismo» o de la «seguridad fronteriza».
Mientras hombres como Donald Trump instrumentalizan el miedo y el nacionalismo, Guantánamo permanece como un recordatorio sombrío: los mayores crímenes contra los derechos humanos a menudo no se cometen en estados «canallas», sino en las sombras legales creadas por aquellas potencias que se presentan a sí mismas como faros de la libertad. La justicia exige que esas sombras sean disipadas, y que el territorio robado sea restituido.
