La medida, amparada en la orden ejecutiva del 1 de mayo, busca asfixiar recursos del Estado cubano y extiende el castigo unilateral a socios comerciales extranjeros.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves nuevas sanciones financieras contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa) y la empresa minera Moa Nickel, en el marco de la ofensiva coercitiva ordenada por el presidente Donald Trump mediante la orden ejecutiva del 1 de mayo.
La medida extiende el cerco económico a entidades estatales cubanas y a socios comerciales extranjeros, con el objetivo manifiesto de debilitar los recursos del gobierno de La Habana mediante la restricción de sus capacidades financieras y comerciales.
Acusaciones sin sustento y narrativa de "cleptocracia"
La administración Trump calificó a Gaesa como el núcleo de un supuesto "sistema cleptocrático" y acusó al grupo de gestionar el 40% de la actividad económica nacional.
Rubio afirmó que la entidad sirve de instrumento para el enriquecimiento de las élites de la nación caribeña y debe ser desmantelada para castigar al gobierno por presuntos abusos de derechos humanos.
Las sanciones incluyen a la directora de Gaesa, Ana Lastres Morera, a Moa Nickel S.A., y a su socio tecnológico, la empresa canadiense Sherritt International.
Washington justificó la medida argumentando que estas compañías obtienen beneficios de activos supuestamente expropiados a ciudadanos y corporaciones estadounidenses tras 1959.
El ataque busca interrumpir el flujo de ingresos del sector minero, pilar fundamental de las exportaciones cubanas.
Se establece que quedan prohibidas todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro del territorio de Estados Unidos —incluido el tránsito— que involucren bienes o intereses de personas designadas o bloqueadas, salvo que cuenten con autorización mediante una licencia general o específica emitida por la OFAC o estén legalmente exentas.
Estas restricciones abarcan tanto la entrega como la recepción de fondos, bienes o servicios hacia, desde o en beneficio de personas sancionadas.
Asimismo, se advierte que las personas extranjeras que mantengan vínculos comerciales con individuos o entidades sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, o que participen en sectores clave de la economía cubana como energía, defensa, minería, servicios financieros o seguridad, pueden quedar expuestas a medidas punitivas. En ese sentido, se recomienda a actores no estadounidenses, incluidas instituciones financieras internacionales, actuar con cautela en cualquier relación con partes sancionadas.
También se señala que acciones como la devolución de activos o su traslado a otras jurisdicciones para su eventual uso por entidades sancionadas podrían implicar un alto riesgo de sanciones.
Por otra parte, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas bloqueadas conforme a las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR) permanecen congelados. Estas disposiciones prohíben a quienes estén bajo jurisdicción estadounidense realizar operaciones con bienes en los que Cuba o ciudadanos cubanos tengan participación, salvo autorización expresa o excepción legal.
Finalmente, se subraya que la efectividad del régimen de sanciones de Estados Unidos no solo depende de la inclusión de personas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), sino también de la posibilidad de retirarlas conforme a la normativa vigente. En este marco, se plantea que el objetivo de estas medidas no es punitivo en sí mismo, sino inducir cambios en el comportamiento de los actores sancionados.
Cerco integral: de la energía al transporte
La nueva ronda de sanciones se suma a la orden ejecutiva del 1 de mayo, que amplió el castigo unilateral a sectores vitales de la economía cubana: energía, defensa, seguridad, transporte y finanzas.
Esta estrategia se integra con el bloqueo petrolero impuesto en enero, que autoriza medidas punitivas contra terceros países que suministren combustible a la isla.
Lawfare y impacto humanitario
A 90 millas de territorio estadounidense, Cuba ha resistido más de seis décadas de bloqueo y agresiones. La retórica de la "rendición de cuentas" esgrimida por Rubio y Trump oculta una política de cambio de régimen que ha fracasado históricamente.
Al penalizar a entidades estatales y extranjeras que comercian con Cuba, Washington busca imponer una rendición por hambre y aislamiento. Esta práctica viola principios del derecho internacional y castiga a una población que ya enfrenta restricciones energéticas y de suministros agravadas por medidas coercitivas unilaterales.
Organismos multilaterales y defensores de derechos humanos han reiterado que las sanciones económicas afectan de manera desproporcionada./AlmaPlusTv
Cínicas, hipócritas y mendaces las expresiones del Secretario de Estado cuando alega querer ayudar al pueblo cubano.
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 7, 2026
Las acciones que él diseña, promueve a nombre del gobierno de #EEUU, y propone a su Presidente, a partir de su agenda personal, están claramente dirigidas a… pic.twitter.com/f2MkWXKSVA


