Amy Goodman* y Denis Moynihan.─ La pandemia de COVID-19 exige una respuesta colectiva y global que pocas veces se requirió en la historia de la humanidad. Es probable que los 132 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo y las 3 millones de muertes sean cifras subestimadas y que la cantidad real de casos y muertes sea mucho mayor. También han surgido variantes más contagiosas, lo que ha provocado un aumento alarmante de los casos. Los virus no respetan las fronteras y, en un planeta cada vez más interconectado, la necesidad de un enfoque cooperativo para enfrentar esta emergencia de salud pública es imperativa. Estados Unidos, la nación más rica del mundo, tiene la responsabilidad moral de facilitar la disponibilidad de vacunas y tratamientos contra la COVID-19 en todo el mundo. En cambio, el Gobierno de Biden eligió el camino de lo que se denomina “nacionalismo de las vacunas”, almacenando y acaparando dosis y bloqueando los intentos para suspender, aunque sea de forma temporal, los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19, que están en poder de compañías farmacéuticas con fines de lucro. Mientras tanto, todo sigue como de costumbre en la industria armamentista de Estados Unidos, que vende anualmente más de 160.000 millones de dólares en armas y municiones en todo el mundo.
El presidente Joe Biden prometió administrar 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días en el cargo y logró llegar a esa cifra en casi la mitad de ese tiempo. Es probable que los requisitos de elegibilidad para recibir la vacuna para mayores de 16 años se eliminen a nivel nacional en unas semanas, y ya han comenzado los ensayos clínicos en menores, incluso en bebés de tan solo seis meses. Biden facilitó un acuerdo entre las compañías competidoras Merck y Johnson & Johnson para acelerar la producción de la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson, y la farmacéutica Pfizer acaba de anunciar el desarrollo de un tratamiento de administración oral contra la COVID-19. Sin embargo, si se permite que el virus se propague de forma desenfrenada en otras partes del mundo y mute hacia variantes más letales, nadie estará a salvo.
La vacunación en el continente europeo viene demorada. Haití aún no ha recibido ni una sola dosis de la vacuna, y decenas de otros países, como Malí, Papúa Nueva Guinea y Armenia, solo han administrado unos pocos cientos de dosis hasta la fecha. Sudáfrica, donde se detectó por primera vez una de las nuevas variantes del coronavirus, que ha demostrado ser más mortal, solo ha vacunado a alrededor del 0,5% de su población de casi 60 millones de personas. Mientras tanto, India, uno de los principales productores de vacunas del mundo, detuvo de forma abrupta las exportaciones de vacunas para enfrentar su propio aumento récord de casos de COVID-19.
Parte de la culpa de toda esta situación recae en el expresidente Donald Trump, que efectivamente saboteó la respuesta inicial del mundo ante la pandemia. En primer lugar, comenzó el proceso para retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud; luego se negó a participar en el programa Covax, una iniciativa de cooperación mundial cuya finalidad es garantizar una distribución justa, rápida y equitativa de las pruebas de diagnóstico, los tratamientos y las vacunas de la COVID-19. Una vez investido en el cargo, el presidente Biden volvió a comprometerse de inmediato con la Organización Mundial de la Salud y prometió aportar cuatro mil millones de dólares para el mecanismo Covax.
Este es un buen comienzo, pero está muy lejos de ser suficiente. China y Rusia han elegido el camino de la denominada “diplomacia de las vacunas”, entregando vacunas gratuitamente o con descuento a las naciones más necesitadas. Estados Unidos está muy atrás. Por el momento, solo donó varios millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que estaban en peligro de expirar. Un paso importante que debería tomar el Gobierno de Biden sería el de retirar las objeciones a la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra la COVID-19, derechos amparados por la Organización Mundial del Comercio. Esta suspensión temporal de las patentes permitiría un rápido aumento de la producción de vacunas asequibles a nivel mundial, tal como ocurrió luego del acuerdo entre las farmacéuticas Merck y Johnson & Johnson, pero a gran escala y acorde a lo que exige el grave momento actual de la pandemia. Al pedido inicial de India y Sudáfrica ante la Organización Mundial del Comercio para la exención temporal de las patentes se han sumado otros 60 países. Como la decisión en la Organización Mundial del Comercio debe tomarse de forma unánime, cualquier país, como Estados Unidos, puede impedir la aprobación de la suspensión y seguir protegiendo así los intereses de quienes especulan con la pandemia.
Si bien Estados Unidos puede estar fallando en el despliegue del llamado “poder blando” de la diplomacia de las vacunas, continúa sobresaliendo en el despliegue del “poder duro”. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, también conocido como Sipri por sus siglas en inglés, informó que las ventas mundiales de armas crecieron un 8,5% entre 2018 y 2019. En su informe, el Sipri detalla: “En 2019, las cinco principales empresas productoras de armamento tenían su sede en Estados Unidos: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon y General Dynamics”. Agrega el informe del Sipri: “Estas cinco empresas juntas registraron ventas de armas por 166 mil millones de dólares en un año. En total, doce empresas estadounidenses aparecen entre las 25 principales vendedoras de armamento de 2019, lo que representa el 61% de las ventas de armas combinadas de las 25 principales”. Inexplicablemente, el Pentágono anunció esta semana, justo pocos días después del Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas, que Estados Unidos continuará con la política de Trump de expandir el uso de minas terrestres en todo el mundo.
La información pública brindada por la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa del Pentágono confirma que las ventas de armas estadounidenses continúan a buen ritmo. Por ejemplo, Brasil le acaba de comprar a la empresa Raytheon torpedos por un valor de 70 millones de dólares. Esta compra ocurre cuando Brasil enfrenta un aumento devastador de muertes por COVID-19, los hospitales del país se están quedando sin suministros básicos y quienes se encargan de las sepulturas están trabajando hasta altas horas de la noche para hacer espacio ante el creciente número de cadáveres. ¡Imaginen si esos 70 millones de dólares se usaran para luchar contra la pandemia en lugar de para luchar contra otros países!
En vez de vender armas de guerra, la prioridad número uno de Estados Unidos debería ser la salud pública mundial. Sería la forma más eficaz, por lejos, de mejorar la seguridad nacional del país.
© 2021 Amy Goodman
Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
*Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
