"En un mundo donde el servilismo es alta virtud, resulta raro escuchar la voz de la dignidad que representa Cuba. Esta revolución, castigada, bloqueada, calumniada, ha hecho bastante menos de lo que quería pero mucho más de lo que podía. Y sigue cometiendo la peligrosa locura de creer que los seres humanos no están condenados a la humillación de los poderosos del mundo." — Eduardo Galeano Manu Pineda.- La decisión adoptada por Estados Unidos el pasado 29 de enero de declarar a Cuba como una amenaza para su seguridad y su política exterior, junto con la imposición de un bloqueo total al suministro de petróleo, constituye un nuevo y grave ataque contra la soberanía de la isla. Esta medida se inscribe en una estrategia sostenida durante décadas, articulada mediante sanciones económicas, presión política y criminalización del proyecto político cubano. El objetivo es imponer la voluntad de Estados Unidos sobre Cuba y forzar un cambio de régimen.
La orden ejecutiva califica a Cuba como una "amenaza inusual y extraordinaria" para Estados Unidos. Esta calificación responde a una interpretación unilateral que convierte el ejercicio de la soberanía cubana en un supuesto riesgo estratégico. La declaración de emergencia nacional habilita la aplicación de medidas excepcionales, como el endurecimiento de sanciones y bloqueos, con consecuencias directas y profundamente dañinas para la población.
El texto de la orden vincula a Cuba con otros Estados y organizaciones a los que Estados Unidos identifica como enemigos, entre ellos Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbollah. Sostiene que Cuba permite el desarrollo de actividades de inteligencia y seguridad de estos actores en su territorio, presentando dichas relaciones como una amenaza. Este planteamiento desconoce el derecho soberano de Cuba a definir sus alianzas internacionales y construye una imagen de hostilidad sin aportar pruebas verificables de riesgo alguno.
La dimensión ideológica ocupa un lugar central en la orden, al afirmar que Cuba "difunde sus ideas, políticas y prácticas comunistas por todo el hemisferio occidental". Esta formulación evidencia que el conflicto se sitúa en el terreno de la disputa política e ideológica. La existencia de un proyecto soberano, alternativo al modelo estadounidense, se presenta como un factor a erradicar.
El núcleo de la orden es de carácter económico. Estados Unidos se arroga la capacidad de imponer aranceles y sanciones a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, de forma directa o indirecta. Esta medida impacta de manera inmediata en la vida cotidiana del pueblo cubano: afecta al transporte, al suministro eléctrico, a la producción de alimentos y a la prestación de servicios básicos. La intensificación de la guerra económica actúa como una herramienta deliberada de presión y asfixia social, orientada a generar desgaste interno y facilitar la intervención política.
La orden extiende sus efectos a terceros países. Aquellos Estados que mantengan relaciones comerciales normales con Cuba quedan expuestos a represalias económicas, lo que restringe la libertad de comercio y somete a otros gobiernos a la política exterior de Estados Unidos. De este modo, la soberanía de múltiples países queda subordinada a decisiones unilaterales de Trump, y el comercio internacional se instrumentaliza como mecanismo de dominación política.
El texto otorga amplias facultades al presidente Trump para modificar la orden en función de la evolución del contexto o como respuesta a eventuales represalias. Esta flexibilidad convierte la emergencia nacional en una carta blanca para Trump: permanente, adaptable y escalable. Un instrumento que permite incrementar la presión tanto sobre Cuba como sobre otros países.
De manera cínica, la orden afirma que su finalidad es proteger los intereses del pueblo cubano y su derecho a vivir en una sociedad libre y democrática. Sin embargo, las medidas adoptadas profundizan el deterioro de las condiciones de vida y agravan el sufrimiento social y económico. El bienestar de la población se instrumentaliza como un medio de presión política, creando condiciones orientadas a la injerencia y al cambio de régimen.
Esta agresión se inscribe en una historia de más de 65 años de bloqueos y sanciones contra Cuba. El 6 de abril de 1960, Lester D. Mallory, vicesecretario de Estado asistente para Asuntos Interamericanos, expuso en un memorándum secreto del Departamento de Estado la lógica que guiaría el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto meses después de forma unilateral. En dicho documento se afirmaba: "La mayoría de los cubanos apoyan a Castro… el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales… hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba… una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno". La política injerencista y coercitiva de Estados Unidos continúa profundizando ese daño, restringiendo el acceso a recursos esenciales y debilitando deliberadamente la economía cubana, en una estrategia de dominación que ignora límites legales y morales.
Esta medida forma parte de un patrón global de agresión. Se articula con la violencia ejercida contra Venezuela, con las amenazas reiteradas contra Irán y con la presión sistemática sobre países que cuestionan la hegemonía de Estados Unidos. A ello se suma la corresponsabilidad directa de Estados Unidos, junto a Israel, en el genocidio que perpetran contra el pueblo palestino en la franja de Gaza, sostenido política, diplomática y militarmente desde Washington. El mismo patrón se manifiesta en las amenazas abiertas contra México, mediante la militarización del discurso migratorio y la criminalización de su soberanía, y en la presión creciente sobre Colombia, orientada a condicionar su política exterior y su margen de autonomía regional. En todos estos casos, la estrategia combina coerción económica, intimidación política y disciplinamiento ideológico para imponer obediencia y castigar la independencia.
La orden ejecutiva refleja un modelo de relaciones internacionales de carácter vertical, en el que la cúspide del poder se concentra en la figura de Trump, quien se atribuye la facultad de decidir de manera unilateral qué constituye una amenaza y qué castigos deben aplicarse. Este enfoque prescinde del derecho internacional y margina a instituciones multilaterales como la ONU, el Tribunal Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia. En el marco de esta actualización de la Doctrina Monroe, rebautizada por el propio Trump como "Doctrina Donroe", se normaliza el castigo colectivo y la imposición unilateral, debilitando el orden internacional basado en normas y principios de equidad.
La resistencia histórica de Cuba expresa la capacidad de un pueblo para sostener su dignidad y su soberanía frente a agresiones prolongadas. La escalada actual pone de relieve los límites de un modelo sustentado en el castigo económico y la presión política, y confirma que la coerción no logra doblegar la voluntad de los pueblos. La condena de estas medidas constituye, por tanto, una defensa de la soberanía, de la autodeterminación, del derecho internacional y de la convivencia pacífica entre países.
Desde una perspectiva pedagógica, esta orden ejecutiva permite comprender cómo Estados Unidos ejerce el poder en esta fase de imperialismo neofascista o matonismo trumpista. Se combinan legislación interna, narrativas de seguridad nacional y sanciones económicas para presionar, aislar y controlar a otros Estados. La declaración de emergencia, la criminalización de ideas, la manipulación de recursos estratégicos y las amenazas a terceros países revelan la relación entre poder, economía y política en el actual escenario global.
Defender a Cuba en cualquier circunstancia equivale a defender la vida, la humanidad, la solidaridad internacional y la fraternidad entre los pueblos. En el contexto actual, supone afirmar la soberanía, el derecho de los pueblos a decidir su propio camino y el respeto a la legalidad internacional. Garantizar el acceso a recursos esenciales, proteger la autonomía política y rechazar las sanciones unilaterales constituye un acto de afirmación de justicia y de equidad global. La agresión estadounidense refuerza la necesidad de una solidaridad internacional activa frente a la dominación unilateral y al uso de la presión económica como arma central de la política exterior.
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