Rastreo de personas, la red universitaria de EE.UU. al servicio de Israel
Robots inspirados en cucarachas, sistemas para mapear "redes terroristas" y algoritmos de guiado de misiles figuran entre al menos 70 proyectos realizados por universidades estadounidenses para el Ministerio de Defensa de Israel, según una investigación publicada por el Instituto Quincy para la Gobernanza Responsable. Más de 1.000 páginas de documentos internos revelan una red de colaboración que involucra a unas 30 instituciones académicas desde al menos 2009.RT IA
Entre los proyectos se encuentran el desarrollo de robots cucaracha y de pilas de combustible para una red distribuida de sensores, adaptada a las condiciones de una frontera israelí y destinada a detectar posibles "actividades terroristas".
Otras investigaciones estudiaron el uso de inteligencia artificial para describir y clasificar personas y objetos en videos, además de analizar datos de localización celular para rastrear los movimientos de población en Israel y los territorios palestinos ocupados.
Dinero estadounidense y escasa supervisión
Estos proyectos se adquieren como "artículos y servicios de defensa" y se pagan con fondos de los contribuyentes estadounidenses a través del programa de Financiación Militar Extranjera, el mismo mecanismo que Israel utiliza para comprar cazas F-35 y otros productos militares de EE.UU. Las investigaciones son contratadas por la oficina de adquisiciones del Ministerio de Defensa israelí en territorio estadounidense, que gasta alrededor de 3.300 millones de dólares anuales de ayuda de Washington en bienes y servicios de defensa.
Como solo los contratos comerciales directos con Israel superiores a 100 millones de dólares deben notificarse al Congreso, el programa carece de información pública detallada y de una supervisión legislativa exhaustiva. El Ministerio de Defensa israelí declinó hacer comentarios.
Más allá de las universidades
Recientemente, en un nuevo informe, el Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos (JINSA) propuso integrar tecnologías israelíes en el sistema de defensa estadounidense, firmar un pacto de defensa mutua y trasladar tropas de EE.UU. desde sus bases en el golfo Pérsico a una base en Israel.
Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar del centro analítico Defense Priorities, calificó estas propuestas como una "amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.". A su juicio, las medidas harían que el país fuera "menos seguro de lo que es hoy", al institucionalizar su implicación militar con Israel, aumentar su dependencia de este aliado y elevar el riesgo de futuras guerras.
Venezuela y EE.UU.:La letra pequeña del acuerdo sin precedentes (+ video)
Si bien la firma del histórico acuerdo energético entre Venezuela y EE.UU. selló el pacto petrolero entre ambos países, en los medios han surgido dudas sobre la aplicación real y las condiciones de este ambicioso trato para la exploración, producción y exportación de crudo., según RT.
El pasado viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció en sus redes sociales que su Administración había alcanzado un acuerdo petrolero con las autoridades de Venezuela, que calificó como "el mayor de la historia mundial". El mandatario afirmó que lo suscrito le garantiza a EE.UU. "el control mayoritario" de más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de crudo venezolano –estimadas en unos 300.000 millones de barriles–, así como la reposión de la reserva estratégica estadounidense.
Del lado venezolano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó la información y presentó en un mensaje a la nación las líneas gruesas de este pacto. La noticia desató las especulaciones en la prensa sobre la duración del acuerdo, la implicación para el resguardo de la soberanía del país y los beneficios que traería para la golpeada economía latinoamericana.
El papel de NABEP
La mirada pública se ha puesto en la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, que "tendrá el control operativo del negocio, mientras que el Gobierno de EE.UU. conservará los derechos sobre una participación de 35 % en la compañía, además de acceso preferencial a 20 % de la producción de la empresa a precio de costo", según un comunicado de la compañía con sede en Barbados.
La segunda mayor productora de crudo en Venezuela, "controla ahora los derechos para comercializar más de 65.000 millones de barriles de reservas P1" en el país suramericano, y se propone "expandir rápidamente sus operaciones en el lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco" para "aumentar la producción a más de un millón de barriles de petróleo diarios".
Para el economista venezolano Oscar Zambrano, entrevistado por Forbes, no queda claro el alcance de NABEP. "Es extraño, que sea el socio privado de un acuerdo tan grande, siendo una empresa sin experiencia, sin capital y sin tecnología", asegura.
Hasta el momento, según ha dicho la propia compañía, "el programa supondrá una inversión de casi 100.000 millones de dólares para aumentar la capacidad de producción y la infraestructura de petróleo y gas en Venezuela".
Reservas
Otra de las dudas que genera este pacto petrolero entre los expertos es su viabilidad y cómo se adaptará a los marcos legales de ambas naciones, cuyas relaciones diplomáticas y políticas estaban interrumpidas desde 2019, en medio de acercamientos intermitentes sin éxito.
Las consultoras Signum Global y Alpine Macro, citadas por Bloomberg, también se preguntan sobre cuál será la participación de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), así como el papel de las empresas mixtas existentes y el interés que tendrán las grandes petroleras en negociar con NABEP.
Por otro lado, también surge la pregunta de la capacidad de la industria petrolera venezolana actual para responder a la meta de producción, tomando en cuenta el daño causado por las sanciones contra PDVSA desde hace una década —impuestas desde la primera administración de Trump—, lo que ha impedido la actualización tecnológica.
Los expertos también se refieren a la controversia entre la duración del acuerdo. Mientras que desde Washington se ha hablado de 100 años, la mandataria encargada venezolana ha dicho que el lapso corresponde a un cuarto de siglo, con posibilidad de prórroga de 15 años, como lo establece la Ley de Hidrocarburos, aprobada este año.
¿Y las sanciones?
La víspera, Rodríguez adelantó que su gestión trabaja junto a las autoridades estadounidenses para poner fin al régimen de sanciones que pesa sobre el país desde hace más de una década, paso que ella estima necesario para que se celebren elecciones.
"Seguimos trabajando con las autoridades [estadounidenses] para que, definitivamente, se levante el sistema de sanciones y Venezuela, la economía venezolana y el desarrollo social puedan darse sin ninguna dificultad", sostuvo la mandataria.
Aunque Trump no se ha referido directamente al sistema coercitivo que pesa sobre la nación bolivariana, sí ha tomado determinaciones en la materia. El 9 de enero de 2026, poco después de haber ordenado el bombardeo de la Gran Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, firmó una orden ejecutiva con la que el Tesoro estadounidense se garantiza el manejo de los ingresos derivados del negocio petrolero venezolano.
Asimismo, en febrero pasado renovó por un año más las sanciones contra Caracas y, en lugar de levantarlas, ha optado por una política de licencias que autoriza a compañías –principalmente de EE.UU.– a operar limitadamente en Venezuela.
ES LA HIPOTECA A UNA NACIÓN. Mario Silva
Otro Cerimedo de la derecha narcoterrorista
El caso tomó de inmediato una fuerte relevancia, ya que estalló de manera simultánea a la conmoción que ha provocado en América Latina la detención de Fernando Cerimedo, el argentino que asesoró a la mayoría de los políticos de derecha en la región y que ahora se encuentra preso en Bolivia, acusado de intento de feminicidio, enriquecimiento ilícito y delitos de narcotráfico.
Hasta ahora, la captura de Cerimedo no había tenido mayor impacto en Perú dado que no hay pruebas de que haya asesorado a Fujimori. Sin embargo, el semanario Hildebrandt en sus trece reveló este mes que otro cuestionado consultor argentino sí participó en la campaña.
"(Valenzuela Mayer) tiene una relación muy estrecha con Fujimori desde hace un año. Fue parte del círculo más cerrado de la campaña de Fuerza Popular. Tuvo asiento especial en el Congreso el 28 de julio, durante los actos de asunción del cargo y más tarde en Palacio de Gobierno, en la juramentación del gabinete", afirmó.
De acuerdo con Página 12 de Argentina, El cuestionado empresario argentino, que no vive en el Perú, pero tiene intereses empresariales en el país desde 2011, ha viajado a Lima once veces desde octubre de 2025. El 28 de julio asistió como invitado especial a la juramentación de Fujimori como presidenta, con un espacio privilegiado en el hemiciclo del Congreso. En el artículo de “Hildebrandt en sus Trece” se relata que Valenzuela estuvo en la ceremonia de toma de mando de la presidenta peruana y también en la cena de gala ofrecida a los invitados especiales.
Valenzuela ha respondido al reportaje que lo ha puesto al descubierto demandando al director del semanario “Hildebrandt en sus Trece”, César Hildebrandt, y al autor del reportaje, Eloy Marchán, por un millón de dólares por supuesta difamación. Dice que no es un estafador, como afirma el medio, porque no tiene una sentencia penal por estafa, pero elude decir que tiene denuncias y sentencias por fraude en el fuero civil. Los periodistas le han respondido rechazando el intento de intimidación para callarlos y presentando nuevos elementos de las denuncias contra Valenzuela.
El medio publica documentos que revelan que el empresario argentino tiene cinco denuncias por fraude —que en el sistema judicial peruano equivalen a estafa— en el fuero civil en La Florida, en Estados Unidos, entabladas por clientes a quienes, a través de la empresa Latin American Invest, pidió grandes cantidades de dinero, millones de dólares, para invertir, ofreciéndoles importantes ganancias, pero luego no cumplió con lo ofrecido y no devolvió el dinero que le dieron. Se consignan tres sentencias contra Valenzuela para que pague a clientes que lo demandaron reclamándole en conjunto más de 13 millones de dólares. Otros dos casos, que suman cerca de 5 millones de dólares reclamados, están en proceso.
En Argentina, informa el semanario, María Mercedes Contreras demandó en 2017 a la empresa Stonex, presidida por Velenzuela, y ganó el proceso en el que reclamaba 8,1 millones de pesos que había entregado con promesas de grandes ganancias que nunca llegaron. En 2024, en Uruguay, el Banco Central de ese país le retiró el permiso para operar a Banfisol, otra empresa de asesoría de inversiones de Valenzuela, por dar información falsa a las autoridades.
Puesto al descubierto Valenzuela, otro asesor extranjero de Keiko Fujimori, el cubanoestadounidense Carlos Díaz-Rosillo, lo defendió. Díaz-Rosillo, que tuvo un papel central en la campaña de Fujimori, fue funcionario en el primer gobierno de Donald Trump y actualmente es presidente del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida, una usina de la ultraderecha regional, que en 2025 contrató a Keiko para supuestas tareas académicas. A diferencia del caso de Valenzuela, la asesoría de Díaz-Rosillo a la campaña fujimorista fue pública. Díaz-Rosillo, que ha dicho ser amigo de Valenzuela, está envuelto en otra revelación que compromete a Fujimori.
El diario La República ha puesto al descubierto su vinculación con el consultor argentino Fernando Ceremido, el asesor en las sombras del presidente boliviano Rodrigo Paz, antes de Javier Milei y estrechamente vinculado a los Bolsonaro en Brasil, detenido en Bolivia por intentar asesinar a su pareja. La República ha publicado en estos días una foto de ambos juntos, tomada el 23 de marzo de 2025 y difundida en ese momento por Ceremido en sus redes anunciando una reunión de trabajo. Ceremido es especialista en campañas sucias y de desinformación. El candidato progresista Roberto Sánchez, que compitió contra Fujimori, fue blanco de este tipo de campañas.
Las relaciones secretas y los vínculos con oscuros personajes no sorprenden en una presidenta como Keiko Fujimori, que tiene una larga historia, personal y partidaria, de campañas sucias contra sus rivales, corrupción y tratos clandestinos.
Demandas
También aseguró que el empresario, quien enfrenta múltiples sanciones y procesos judiciales por presunto fraude, mantiene una fuerte influencia en el Gobierno de Fujimori, quien recién asumió el pasado 28 de julio.
Pero de todo esto nada se sabía hasta que el semanario publicó fotos que prueban que, pocos días antes de que Fujimori comenzara su Gobierno, se reunió en secreto con Valenzuela Mayer durante dos horas en un spa ubicado en Lima. No era la primera vez y nada tenía que ver con cuestiones sentimentales, como se especuló en un primer momento.
Entonces se descubrió que, desde noviembre del año pasado, el argentino viajó por lo menos en 11 ocasiones a la capital peruana; que tiene cinco denuncias civiles por fraude en Florida (EE.UU.) y que en tres casos se le ha condenado a pagar a clientes que reclaman 13 millones de dólares. Las denuncias se repiten con otras víctimas que lo han demandado en Argentina, Uruguay, lo que ha puesto a Fujimori y a su Gobierno en el ojo del huracán.
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