Al presentar a la prensa nacional y extranjera acreditada en La Habana el informe sobre los daños de esa política -que calificó de criminal- Rodríguez señaló que ésta responde a un plan fríamente calculado de castigo colectivo, con el avieso propósito de doblegar a la Revolución cubana.
Detalló que al bloqueo energético se suma la persecución a navieras que transporten suministros esenciales a la isla, y señaló como ejemplo los más de siete mil contenedores embargados en el exterior, con alimentos, medicamentos y equipos e insumos hospitalarios, fundamentalmente.
Apuntó que ante los esfuerzos de la nación caribeña de transformar su matriz energética, Washington persigue la importación a Cuba de sistemas fotovoltaicos destinados a dotar de ese beneficio a centros hospitalarios y servicios básicos.
Los datos muestran –dijo- un aumento de la mortalidad infantil de cuatro por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025.
Son niños, no son números; son muertes que no debieran ocurrir por privarse a Cuba de su sólido y eficaz sistema de salud pública, aseguró.
Afirmó Rodríguez que la crueldad del castigo colectivo se expresa también en los miles de cubanos que luchan a diario sin transporte público para llegar al trabajo porque el parque automotor está prácticamente paralizado sin combustible.
Es el mismo sentimiento despiadado y espíritu destructivo detrás del genocidio que se comete en Gaza. En Cuba es silencioso, sin bombas, pero también mata, afirmó.
Expresó, asimismo, que existe en el mundo un reconocimiento y conciencia crecientes sobre el abuso, y crece el reclamo de su cese inmediato, lo cual se expresará el próximo 27 y 28 de octubre próximo, cuando la Asamblea General de ONU considere nuevamente el tema.
A pesar de la extraordinaria presión e intimidación del gobierno de los Estados Unidos, de su Departamento de Estado, de sus embajadas y misiones diplomáticas sobre los estados miembros, nuestro pueblo confía en el respaldo abrumador del planeta, remarcó.
Esta jornada Rodríguez presentó ante el cuerpo diplomático acreditado en La Habana y la prensa nacional y extranjera el informe que cifra los daños del cerco de Washington en ocho mil 83 millones 300 mil dólares a precios corrientes, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
Gustavo Veiga, Resumen Latinoamericano- Washington intensifica el bloqueo y financia la propaganda anticubana, justificando las medidas como un castigo al gobierno, pero perjudicando gravemente a la población.
Marco Rubio es el principal artífice del escarmiento a Cuba, aunque implique condenar a su pueblo al hambre y negarle los servicios básicos. En la guerra cognitiva y económica del régimen que preside Donald Trump, el secretario de Estado tiene sanciones que comunicar todas las semanas con un rictus de cinismo. Con esa política impide que lleguen a la isla los recursos de naciones dispuestas a ayudarla y, por otra ventanilla, entrega decenas de millones de dólares a la propaganda anticubana.
En los últimos días pregonó una batería de medidas contra empresas y tomó como blanco a un nieto de Raúl Castro. Pero además repitió la perorata del “estado fallido” y la obligatoriedad de adoptar la “democracia” como salida a la crisis generada por Estados Unidos en Cuba y sostenida hace más de seis décadas.
En una entrevista que le concedió a la cadena Fox News, la preferida del Movimiento MAGA (Make America Great Again), Rubio le dijo al periodista Brian Kilmeade el miércoles 2 que “Cuba es un estado fallido ahora mismo, y no es por nuestra culpa. La gente dice que es por nuestra culpa y no lo es”. Un viejo discurso que se encargaron de propagar los medios financiados por el gobierno de EE.UU. adentro y afuera de sus fronteras.
Un día después, el jueves 3, se conocieron las últimas sanciones que afectaron a compañías estatales de los sectores financiero, minero-metalúrgico y energético. Son el Banco Exterior de Cuba; la empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour, que proporciona apoyo geológico y minero al sector cubano del níquel; CEXNI, importadora y exportadora para la industria del níquel y el cobalto; ABAPET, otra importadora de insumos para el sector energético; y Comercial CUPET, una sociedad mercantil que representa a la Unión Cuba-Petróleo.
En el mismo paquete de medidas coercitivas cayó Fidel Ernesto Castro Calis, un nieto de Raúl Castro Ruz de 31 años, el exjefe de Estado. Su padre es Alejandro Castro Espín, único hijo varón del líder revolucionario de 95 años y hermano menor de Fidel. Con esta medida, son tres generaciones de la misma familia las que quedaron alcanzadas por la Orden Ejecutiva 14.404 firmada por Trump el 1 de mayo de este año.
Rubio se jactó en un comunicado de que “estas designaciones reflejan la visión inquebrantable del presidente Trump de una Cuba libre”. El Departamento de Estado a su cargo volvió a reforzar su publicidad macartista como en las décadas del 40 y 50, cuando en Hollywood se perseguía a actores, directores y guionistas. Charles Chaplin, Orson Welles y Dalton Trumbo fueron colocados en las listas negras de la época. Hoy sería un fenómeno irrepetible en la industria del cine porque la mayoría de sus integrantes están en contra del magnate que gobierna. Pero Rubio ve comunistas por todos lados y, como es esperable, en Cuba.
El sábado último, el Departamento de Estado dio otra vuelta de tuerca al asunto en su cuenta oficial de Instagram. “El comunismo es la mayor amenaza para nuestro país”, sentenció el área que conduce Rubio. En un video donde se incluyeron imágenes de Fidel Castro, se escucha la voz en off de Trump. Es un fragmento de su discurso del 3 de julio frente al monumento del Monte Rushmore, en Dakota del Sur. Fue en la víspera del 250° aniversario de la independencia estadounidense. La idea fija de la extrema derecha es tan grande que abrieron el posteo con la imagen del máximo referente de la revolución cubana.
“El comunismo es una amenaza mortal para la libertad americana”, decía el presidente en el mensaje y “la mayor amenaza para nuestro país”, completaba. En aquella intervención que hizo revivir al senador Joseph McCarthy, el presidente situó al fantasma del comunismo incluso por encima de los episodios bélicos y ataques más traumáticos de la historia reciente de EE.UU.
Esta semana, para seguir con su retórica anticomunista, Rubio continuará la cruzada personal en el manejo y control de América Latina. Visitará Colombia, Ecuador y Perú, tres países gobernados por presidentes de extrema derecha y disciplinados a la política exterior de Washington.
En la entrevista que le concedió a Fox, el funcionario había señalado que Cuba “se coloque en un camino irreversible hacia convertirse en un Estado normal y funcional que, eventualmente, por supuesto, también sea democrático”. Una frase del manual básico de las injerencias.
A esta altura no sorprende que EE.UU le imponga a la isla su política de desgaste mediante la profundización del bloqueo. Es el país que aplica la mayor cantidad de sanciones económicas a otras naciones –y a Cuba en primer lugar– e intenta maquillarlas como saludables para los pueblos que las sufren y solo destinadas a los gobernantes. Por eso, al último comunicado sobre la isla lo tituló: “Nuevas sanciones contra las élites cubanas, sus canales financieros y su aparato de explotación de recursos”.
El Departamento de Estado agregó: “Mientras el pueblo cubano sufre, la familia Castro y sus allegados en el represivo Ministerio del Interior (MININT) de Cuba perpetúan su control absoluto sobre la economía de la isla, acaparando recursos en beneficio de un pequeño grupo de élites del régimen”.
En el caso de Rubio, no funciona el verosímil cuando su área habla de “recursos” en Cuba. Donde sí abundan es en EE.UU. Alimentan la usina de propaganda contra el gobierno socialista que preside Miguel Díaz-Canel.
Los fondos públicos anuales superan los 50 millones de dólares y provienen del Senado y la Cámara de Representantes para acciones de la sociedad civil y manipulación mediática en la isla. La historia lo demuestra con el papel de la USAID, el grifo de dinero siempre disponible para desgastar a Cuba en operaciones de transmisiones y plataformas digitales con fondos públicos manejados por la CIA y el aparato militar.
Estados Unidos tampoco toma en cuenta el daño que causa a los niños con la profundización del bloqueo. La tasa de mortalidad infantil subió un 148% entre 2018 y 2025, pasando del 4,0 al 9,9 por cada 1.000 nacidos vivos. El acoso contra Cuba no empezó con Trump. Viene desde cuando gobernaba John F. Kennedy, siguió con todos los presidentes que lo sucedieron y la isla considera que sus pérdidas económicas acumuladas por estas políticas superan los 170.677 millones de dólares. La agresiva gestión de Rubio en su política exterior es solo otro capítulo. “Un genocidio en curso” según el gobierno cubano.
Entre los proyectos se encuentran el desarrollo de robots cucaracha y de pilas de combustible para una red distribuida de sensores, adaptada a las condiciones de una frontera israelí y destinada a detectar posibles "actividades terroristas".
Otras investigaciones estudiaron el uso de inteligencia artificial para describir y clasificar personas y objetos en videos, además de analizar datos de localización celular para rastrear los movimientos de población en Israel y los territorios palestinos ocupados.
Dinero estadounidense y escasa supervisión
Estos proyectos se adquieren como "artículos y servicios de defensa" y se pagan con fondos de los contribuyentes estadounidenses a través del programa de Financiación Militar Extranjera, el mismo mecanismo que Israel utiliza para comprar cazas F-35 y otros productos militares de EE.UU. Las investigaciones son contratadas por la oficina de adquisiciones del Ministerio de Defensa israelí en territorio estadounidense, que gasta alrededor de 3.300 millones de dólares anuales de ayuda de Washington en bienes y servicios de defensa.
Como solo los contratos comerciales directos con Israel superiores a 100 millones de dólares deben notificarse al Congreso, el programa carece de información pública detallada y de una supervisión legislativa exhaustiva. El Ministerio de Defensa israelí declinó hacer comentarios.
Más allá de las universidades
Recientemente, en un nuevo informe, el Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos (JINSA) propuso integrar tecnologías israelíes en el sistema de defensa estadounidense, firmar un pacto de defensa mutua y trasladar tropas de EE.UU. desde sus bases en el golfo Pérsico a una base en Israel.
Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar del centro analítico Defense Priorities, calificó estas propuestas como una "amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.". A su juicio, las medidas harían que el país fuera "menos seguro de lo que es hoy", al institucionalizar su implicación militar con Israel, aumentar su dependencia de este aliado y elevar el riesgo de futuras guerras.
Si bien la firma del histórico acuerdo energético entre Venezuela y EE.UU. selló el pacto petrolero entre ambos países, en los medios han surgido dudas sobre la aplicación real y las condiciones de este ambicioso trato para la exploración, producción y exportación de crudo., según RT.
El pasado viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció en sus redes sociales que su Administración había alcanzado un acuerdo petrolero con las autoridades de Venezuela, que calificó como "el mayor de la historia mundial". El mandatario afirmó que lo suscrito le garantiza a EE.UU. "el control mayoritario" de más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de crudo venezolano –estimadas en unos 300.000 millones de barriles–, así como la reposión de la reserva estratégica estadounidense.
Del lado venezolano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó la información y presentó en un mensaje a la nación las líneas gruesas de este pacto. La noticia desató las especulaciones en la prensa sobre la duración del acuerdo, la implicación para el resguardo de la soberanía del país y los beneficios que traería para la golpeada economía latinoamericana.
El papel de NABEP
La mirada pública se ha puesto en la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, que "tendrá el control operativo del negocio, mientras que el Gobierno de EE.UU. conservará los derechos sobre una participación de 35 % en la compañía, además de acceso preferencial a 20 % de la producción de la empresa a precio de costo", según un comunicado de la compañía con sede en Barbados.
La segunda mayor productora de crudo en Venezuela, "controla ahora los derechos para comercializar más de 65.000 millones de barriles de reservas P1" en el país suramericano, y se propone "expandir rápidamente sus operaciones en el lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco" para "aumentar la producción a más de un millón de barriles de petróleo diarios".
Para el economista venezolano Oscar Zambrano, entrevistado por Forbes, no queda claro el alcance de NABEP. "Es extraño, que sea el socio privado de un acuerdo tan grande, siendo una empresa sin experiencia, sin capital y sin tecnología", asegura.
Hasta el momento, según ha dicho la propia compañía, "el programa supondrá una inversión de casi 100.000 millones de dólares para aumentar la capacidad de producción y la infraestructura de petróleo y gas en Venezuela".
Reservas
Otra de las dudas que genera este pacto petrolero entre los expertos es su viabilidad y cómo se adaptará a los marcos legales de ambas naciones, cuyas relaciones diplomáticas y políticas estaban interrumpidas desde 2019, en medio de acercamientos intermitentes sin éxito.
Las consultoras Signum Global y Alpine Macro, citadas por Bloomberg, también se preguntan sobre cuál será la participación de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), así como el papel de las empresas mixtas existentes y el interés que tendrán las grandes petroleras en negociar con NABEP.
Por otro lado, también surge la pregunta de la capacidad de la industria petrolera venezolana actual para responder a la meta de producción, tomando en cuenta el daño causado por las sanciones contra PDVSA desde hace una década —impuestas desde la primera administración de Trump—, lo que ha impedido la actualización tecnológica.
Los expertos también se refieren a la controversia entre la duración del acuerdo. Mientras que desde Washington se ha hablado de 100 años, la mandataria encargada venezolana ha dicho que el lapso corresponde a un cuarto de siglo, con posibilidad de prórroga de 15 años, como lo establece la Ley de Hidrocarburos, aprobada este año.
¿Y las sanciones?
La víspera, Rodríguez adelantó que su gestión trabaja junto a las autoridades estadounidenses para poner fin al régimen de sanciones que pesa sobre el país desde hace más de una década, paso que ella estima necesario para que se celebren elecciones.
"Seguimos trabajando con las autoridades [estadounidenses] para que, definitivamente, se levante el sistema de sanciones y Venezuela, la economía venezolana y el desarrollo social puedan darse sin ninguna dificultad", sostuvo la mandataria.
Aunque Trump no se ha referido directamente al sistema coercitivo que pesa sobre la nación bolivariana, sí ha tomado determinaciones en la materia. El 9 de enero de 2026, poco después de haber ordenado el bombardeo de la Gran Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, firmó una orden ejecutiva con la que el Tesoro estadounidense se garantiza el manejo de los ingresos derivados del negocio petrolero venezolano.
Asimismo, en febrero pasado renovó por un año más las sanciones contra Caracas y, en lugar de levantarlas, ha optado por una política de licencias que autoriza a compañías –principalmente de EE.UU.– a operar limitadamente en Venezuela.
