La frase 'EE.UU. primero', no es un eslogan vacío, el lema intenta justificar la persecución de millones de migrantes y los ataques militares donde se consideren necesarios.
Orlando Rangel.— Aquella imagen del águila calva desgarrando las entrañas de América Latina como símbolo de su incesante injerencia sobre los países que históricamente trató bajo el concepto de "patio trasero", había quedado un tanto dormida en los últimos años, especialmente desde inicios del siglo XXI, cuando una camada de líderes latinoamericanos llegaron al poder político para abogar por la unidad regional, la cooperación, la independencia y sobre todo el respeto a la soberanía.
De estos liderazgos, que hicieron pisar fuerte a Latinoamérica y plantarse como bloque ante los intereses y doctrinas intervencionistas de EE.UU., surgieron al menos dos propuestas inéditas: la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), desmembrada desde sus entrañas tras la llegada de nuevos gobiernos de derecha apadrinados por Washington, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que aún persiste y busca reanimar su fuerza.
Así como la garra del águila calva fue clave durante más de medio siglo para la intervención directa en Latinoamérica y sirvió para instalar regímenes autoritarios en toda la región a través de la doctrina Monroe y el Plan Cóndor, como fueron las temidas dictaduras militares que se enquistaron durante gran parte del siglo XX, ahora Washington traza un 'nuevo' plan para retomar el control sobre el continente americano, al cual considera como un territorio completamente suyo.
La experiencia de aquellas dictaduras, que contaron con el respaldo absoluto de EE.UU. como su principal aliado, le dejó claro a Washington que la mejor herramienta para contrarrestar al contrario es el poder militar, como ocurrió en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, Cuba, Nicaragua, Perú, Venezuela y República Dominicana (1930-1961).
En todas se aplicó una estrategia sistemática: la desaparición forzada de sus detractores, sobre todo aquellos de partidos y movimientos de izquierda, en especial los comunistas, cuyos miembros fueron perseguidos, torturados, asesinados y desaparecidos. Además, fue transversal la pérdida sistemática de derechos sociales, laborales, de igualdad, y las economías se subordinaron al mandato de EE.UU., algo sumamente similar a lo que ahora ocurre en aliados de Washington como Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, El Salvador y otros.
Política de matonaje
Hoy, bajo la fachada de la democracia, la región experimenta un nuevo contexto con la instalación de gobiernos de extrema derecha que no solo respaldan los intereses de Washington sino que también afianzan una política de servilismo, donde la premisa es la expansión de las estrategias de "seguridad" del Pentágono como asuntos nacionales, en donde la perspectiva antimigrantes, la persecución judicial, la criminalización de sus oponentes y la "lucha" contra lo que han etiquetado como 'narcoterrorismo', son parte de la línea dura de EE.UU. hacia el resto de la región.
Prueba de ello, es plasmada por la administración de Donald Trump, al señalar que los países de Latinoamérica y el Caribe o son aliados de EE.UU. o de lo contrario serán sus enemigos. La frase 'EE.UU. primero', no es un eslogan vacío, con ella el mandatario estadounidense ha justificado la persecución de millones de migrantes y le ha servido para bombardear el Caribe con el Comando Sur al frente. Sus ataques han dejado más de 100 víctimas que tripulaban embarcaciones civiles tras ser etiquetadas —sin pruebas— como supuestos narcos.
El mismo escenario sirvió para usar la fuerza militar y letal en Venezuela. Allí el Pentágono lanzó una invasión para secuestrar al presidente, Nicolás Maduro, y a la diputada Cilia Flores, esposa del mandatario. En esa operación, EE.UU. bombardeó Caracas y otros estados, el resultado fue más de un centenar de víctimas, entre civiles y militares.
A claras luces se trata de una política de matonaje donde la fuerza bruta se impone sobre la diplomacia y viola —sin importar lo que suceda— la legislación internacional vigente. Así EE.UU., que también alardea con anexar al territorio venezolano como otro de sus estados, demuestra que la intimidación, la violencia armada, y las amenazas tanto físicas como psicológicas forman parte de su nueva política de asedio e injerencia para establecer sus condiciones en las relaciones internacionales, donde la negociación solo es viable si el adversario cumple con los intereses de la Casa Blanca.
La 'Gran América del Norte'
Trump se ha caracterizado por no tener estupor de vociferar sobre sus planes, sobre todo cuando se trata de reducir a sus "enemigos" estratégicos. Lo hizo con Venezuela, lo pretende con Cuba, y presiona a Colombia, Brasil, México. Ahora mismo se juega su versión más bélica contra Irán para intentar controlar todo Oriente Medio.
Desde que inició su segundo mandato, Trump ha señalado que Latinoamérica y el Caribe deben estar del lado de EE.UU. o de lo contrario tendrán consecuencias. En sus primeros días de Gobierno su látigo apuntó a Panamá, con el objetivo de retomar el control del canal interoceánico que atraviesa el país centroamericano desde el Pacífico hasta el Atlántico y especialmente retirar la presencia de China en ese paso comercial que es de profundo interés geopolítico y estratégico.
Luego, lanzó una arremetida a sus vecinos más cercanos: México, Canadá y Groenlandia. A los dos últimos los amenazó con convertirlos en los próximos estados anexados a EE.UU. Luego activó la operación militar en el Caribe, donde trasladó portaviones, tropas y un potente arsenal para amenazar directamente al Gobierno de Nicolás Maduro durante meses, hasta que finalmente lo secuestró en enero pasado para enjuiciarlo y mantenerlo retenido junto a su esposa en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York por supuesto 'narcoterrorismo'.
Esa acción fue clave para los intereses de Washington. Así ha logrado quedarse con el control de las mayores reservas mundiales de petróleo que ostenta Venezuela, y una de las más grandes de gas, además de importantes recursos minerales estratégicos no renovables como oro, diamantes, hierro, bauxita, coltán entre otros. Bajo ese escenario, el resto de la región sabe que está amenazada y que en cualquier momento podría encontrarse con las mismas acciones aplicadas a Caracas sino responden a los intereses de EE.UU., que mantiene sus tropas activas en el Caribe.
A finales de marzo, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, puso sobre la mesa el plan de la administración Trump para el resto de la región y sin temor a mostrar los claros intereses de Washington en su 'patio trasero', detalló como el Pentágono perfila el nuevo mapa estratégico continental que incluye a Groenlandia, el golfo de México, el canal de Panamá, así como "todas las naciones y territorios soberanos situados al norte del ecuador".
Ese espacio, al cual EE.UU. considera como su "perímetro de seguridad", según palabras de Hegseth, conforman lo que para Washington define como la 'Gran América del Norte'. Para el secretario, esta zona estratégica no es parte del Sur Global, como sí lo consideran los países soberanos de la región. Hegseth alega que en esa delimitación están los territorios que tienen acceso al Atlántico Norte o al Pacífico Norte y se ubican al norte de barreras naturales como el Amazonas y la cordillera de los Andes.
El objetivo
El propósito de esta 'Gran América del Norte' es restablecer las relaciones con los países de esa zona a través de una mayor cooperación en materia de defensa, algo similar a lo que representa la Organización del Atlántico Norte (OTAN) para EE.UU. en Europa. Mientras tanto, Hegseth advierte que en el caso de los países que están al sur del ecuador y que ahora mismo son fuertes aliados de Washington no estarán exentos. En ellos, dijo, se promoverá un mayor reparto de responsabilidades en seguridad, para que asuman un papel más relevante en la defensa del Atlántico Sur y el Pacífico Sur, así como en la protección de infraestructuras críticas.
Según lo presentado por Hegseth, la 'Gran América del Norte' implicaría también tener el control militar de toda la región, lo que se traduce en la toma de facto de sus sistemas políticos, económicos y los vastos recursos energéticos y naturales. Todo esto estaría a la mano de Washington bajo un espacio de "seguridad hemisférica" que ellos consideran como "un gran vecindario".
Tal estatus le permite a EE.UU. —siempre y cuando mantenga intimidada a toda la región— intervenir directamente en los asuntos de sus "socios" e incluso, como ya lo ha demostrado recientemente, emplear la fuerza militar "preventiva" en los casos que considere necesarios para garantizar el control total de sus intereses hegemónicos. "Esto es lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial. Así como hundimos barcos con torpedos en la Segunda Guerra Mundial, en el Departamento de Guerra lo llamamos la Defensa de la Cuarta Esfera. Y lo haremos de nuevo", dijo Hegseth.
Uno de los puntos claves de este planteamiento es expulsar la presencia, cada vez más amplia en la región, de Rusia y China, potencias que se han convertido en aliados solidarios y cooperativos con los países de América Latina y el Caribe, lo que evidencia una postura diametralmente contraria a la demostrada por EE.UU. durante el siglo pasado y en la actualidad al imponer su política del más fuerte.
"Cuando los adversarios controlan puertos o infraestructura en puntos estratégicos clave para el comercio estadounidense y hemisférico, como el canal de Panamá, o instalaciones militares a pocos kilómetros de nuestras costas, eso representa una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. y para la paz de este hemisferio", dijo Hegseth.
A este plan se debe anexar la coalición multinacional militar 'Escudo de las Américas', un plan lanzado por Trump bajo la premisa de armar una "alianza" regional de Gobiernos de derecha, para "combatir" el narcoterrorismo, el crimen organizado transnacional, la migración y reducir la influencia comercial de China en la región mediante el intercambio de inteligencia. Para este propósito, el mandatario estadounidense designó a su exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como la Enviada Especial de EE.UU.
