Emilia Trabucco*. El gobierno de Milei se prepara para recibir esta semana al jefe del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), Alvin Holsey, Almirante de la Marina, que incluye una visita a la base naval en Ushuaia. Mientras tanto, el Ejecutivo despliega con rapidez su proyecto represivo contra las mayorías trabajadoras, alineado explícitamente a la doctrina militar norteamericana, y que incluye a las Fuerzas Armadas desplegadas en territorio nacional, desdibujando los límites entre seguridad y defensa.
El pasado 14 de abril, desde el Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional en Tartagal, Salta, la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Luis Petri encabezaron un acto que marca un punto de inflexión en la política de defensa y seguridad interior del país: el lanzamiento oficial de la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, en articulación con la segunda fase del Plan Güemes.
Este último, diseñado originalmente para reforzar la presencia estatal en zonas de frontera mediante operativos de control del “delito organizado”, se profundiza ahora con el despliegue militar, ampliando su alcance territorial e incorporando nuevas localidades bajo la figura de “zonas especiales de investigación”, en el marco de la Ley Antimafia.
Flanqueados por el gobernador Gustavo Sáenz y autoridades militares nacionales y provinciales, anunciaron la puesta en marcha de un dispositivo conjunto que refuerza la presencia del Estado en la zona norte del país con una narrativa de guerra contra el narcotráfico. Pero bajo esta cobertura, se encubre un avance profundo y peligroso de la militarización de asuntos internos en Argentina.
La Operación Roca implica el despliegue de más de 10.000 efectivos militares en la Zona de Seguridad de Fronteras Norte y Noreste, con apoyo de drones, radares móviles, helicópteros y aviones de reconocimiento. Este despliegue se sustenta en la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril, que fija como fecha de inicio el 15 de abril y prevé su extensión hasta el 15 de diciembre. La intervención de las Fuerzas Armadas se legitima bajo el Decreto 1112/2024, que redefine su rol y habilita su participación directa en tareas de control territorial. Esta norma deroga el espíritu del Decreto 727/2006, que limitaba expresamente su accionar a agresiones externas perpetradas por otros Estados.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta nueva doctrina es la aprobación de las Reglas de Empeñamiento —documento reservado, según la resolución ministerial— que establece los criterios de actuación de los militares en terreno. La ausencia de información pública sobre estas reglas abre la puerta a una intervención sin control civil efectivo, donde los límites del uso de la fuerza son difusos o directamente desconocidos. Como señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), esto habilita un escenario de enorme arbitrariedad, donde la ciudadanía no sabe qué facultades tienen quienes portan las armas del Estado.
El caso de Brisa Páez parece arrojar algunas claves. El 17 de abril se conoció que una joven militar de la Armada sufrió una grave lesión cerebral mientras era entrenada en técnicas “antidisturbios” en una base naval de Vicente López, Buenos Aires. El hecho pone en evidencia públicamente el corrimiento de las Fuerzas Armadas hacia funciones policiales, en medio de un caso que se está investigando por hipótesis de agresión deliberada y violencia de género hacia la víctima.
El informe preliminar de la Fiscalía federal señala además que Páez tenía apenas cuatro meses de preparación en la Armada y no había sido capacitada previamente para este tipo de ejercicios, diseñados para simular respuestas ante posibles disturbios. Si bien oficialmente se presentan como prácticas internas de contención, desde sectores del gobierno nacional se ha insinuado en varias oportunidades la eventual intervención de las fuerzas armadas en cortes de rutas o protestas, una propuesta que ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos.
La justificación de esta militarización se sostiene en la figura de las «nuevas amenazas», una doctrina funcional a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que borra las fronteras entre defensa nacional y seguridad interior. En esa lógica, el narcotráfico, la migración, la pobreza e incluso la protesta social son recodificados como “riesgos estratégicos”. La narrativa oficial construye un enemigo interno —el territorio ocupado por “bandas criminales”— que debe ser desalojado por la fuerza, aún a costa de vulnerar derechos fundamentales.
La elección del nombre del operativo, “Roca”, en coincidencia con el aniversario del genocidio conocido como la Campaña del Desierto, no es inocente. Tampoco lo es la incorporación del Regimiento de Infantería de Monte 28, conocido como “Los Rodillas Negras”, cuya participación en la última dictadura está probada en causas por crímenes de lesa humanidad. Todo el dispositivo remite a una voluntad de restauración autoritaria, que busca desdibujar el consenso democrático sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Ello refuerza además la lógica provocadora de una gestión que desprecia la memoria histórica y promueve un revanchismo militar. Petri lo dijo sin eufemismos: hay que revertir el “sesgo ideológico” que “canceló” a las Fuerzas Armadas.
La militarización de la frontera norte bajo el argumento de combatir al narcotráfico no solo desconoce la evidencia sobre su ineficacia, sino que habilita la represión sobre la mayorías trabajadoras, como ya ocurrió con el asesinato del joven bagayero Fernando Martín Gómez en Orán, a manos de la Gendarmería Nacional. La construcción del enemigo interno es un dispositivo funcional a este modelo: la criminalización del territorio y sus habitantes —campesinos, migrantes, trabajadores precarizados, pueblos originarios— va de la mano con el intento de disciplinamiento social en tiempos de ajuste económico.
La redefinición de las amenazas permite incluir en la categoría de riesgo no solo al narcotráfico, sino también a organizaciones sociales, sindicales y comunitarias. Se trata de un corrimiento institucional que debilita el control civil sobre las Fuerzas Armadas y erosiona el Estado de derecho. Argentina ensaya, así, una política de militarización sin debate público ni control democrático. En nombre de la defensa y la seguridad, el gobierno avanza con un modelo que combina sumisión geopolítica, represión interna y destrucción de las garantías constitucionales.
* Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU
