El gobierno de los Estados Unidos carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción. Se trata de un acto despreciable e infame de provocación política, que descansa en la manipulación deshonesta del incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano, en febrero de 1996, de dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami, cuya reiterada violación del espacio aéreo cubano con fines hostiles era de ostensible dominio público.
El gobierno estadounidense, además, desvirtúa otras verdades históricas sobre el hecho que utiliza como pretexto. Omite, entre otros detalles, las múltiples denuncias formales presentadas por Cuba en aquel período ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) y la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), sobre las más de 25 violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo cubano que ejecutó la citada organización entre 1994 y 1996, en abierta transgresión de las leyes internacionales y la propia legislación estadounidense.
Ignora también las advertencias públicas y oficiales emitidas por las autoridades cubanas sobre la inadmisibilidad de tales violaciones de su espacio aéreo y los mensajes de alerta trasladados directamente al presidente de los Estados Unidos sobre la gravedad y posibles consecuencias de tales transgresiones.
La respuesta de Cuba ante la violación de su espacio aéreo constituyó un acto de legítima defensa, amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944, y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad.
Estados Unidos, que ha sido víctima del uso de la aviación civil con fines terroristas, no permite ni permitiría la violación hostil y provocadora de aeronaves extranjeras sobre su territorio y actuaría, como lo ha demostrado, con el uso de la fuerza.
La inacción del gobierno estadounidense ante las alertas trasladadas entonces por Cuba, dejó en evidencia su complicidad con la planificación y ejecución desde su territorio de acciones violentas, ilegales y de carácter terrorista contra el gobierno y pueblo cubanos, una práctica reincidente y sistemática desde el triunfo de la Revolución hasta hoy.
Resulta de gran cinismo que formule esta acusación el mismo gobierno que ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, lejos del territorio de los Estados Unidos, con el uso desproporcionado de la fuerza militar, por supuestos vínculos con operaciones de narcotráfico nunca demostrados, lo que califica como crímenes de ejecuciones extrajudiciales, acorde con el Derecho Internacional y asesinatos, según las propias leyes estadounidenses.
Esta acusación espuria contra el Líder de la Revolución Cubana, se suma a los intentos desesperados de elementos anticubanos por construir una narrativa fraudulenta en el esfuerzo por justificar el castigo colectivo y despiadado contra el noble pueblo cubano, mediante el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, incluyendo el injusto y genocida bloqueo energético y las amenazas de agresión armada.
Cuba ratifica su compromiso con la paz y la firme determinación de ejercer el derecho inalienable a la legítima defensa, que reconoce la Carta de las Naciones Unidas.
El pueblo cubano reafirma la decisión inconmovible de defender la Patria y su Revolución Socialista y, con la mayor fuerza y firmeza, su respaldo irrestricto e invariable al General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución cubana.
Patria o Muerte, Venceremos.
La Habana, 20 de mayo de 2026.
«Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz».
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