Fernando de la Cuadra.- Se puede considerar el día 12 de mayo como el reinicio de las
movilizaciones estudiantiles en Chile. Precisamente en esa fecha fue
convocada la primera manifestación nacional de los universitarios
afiliados a la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH). A partir
de ese día los estudiantes irrumpieron en la noticia como una voz
renovada y poderosa en contra de la deteriorada situación en que se
encuentra la educación en Chile.
La impresionante adhesión que fue adquiriendo el movimiento se debe a
una constelación de factores que poseen, por una parte, una dimensión
histórica alimentada por una frustración acumulada a través de dos
décadas. Las causas de esta insatisfacción son variadas y muchas de
ellas –que ya se habían presentado en los consecutivos gobiernos de la
Concertación- muestran el punto de saturación y fastidio creciente que
se venía incubando entre los chilenos desde la aplicación del modelo
neoliberal a mediados de los años setenta. Por otra parte, el conflicto
de los universitarios posee un carácter más coyuntural y fue adquiriendo
una relevancia mayor en la medida que la política del gobierno de
centro-derecha fue cada vez más errática.
En efecto, desde que asumió la presidencia el abanderado de la
“Coalición por el Cambio”, Sebastián Piñera, las manifestaciones de
descontento han ido adquiriendo una creciente fuerza en vastos sectores
de la ciudadanía. A esta decepción y cansancio de la gente, se suman
todas las promesas incumplidas por el actual mandatario, que más bien
parece encarnar una línea de continuidad con las administraciones que
tanto reprochaba. Contrariando todo aquello que fue excesivamente
publicitado durante su campaña presidencial – usando el slogan de “la
fuerza del cambio”- Piñera y sus correligionarios se han revelado
totalmente inmóviles e incompetentes para formular una política de
Estado orientada a resolver los persistentes problemas de justicia
social, exclusión y desigualdad aún imperantes en Chile.
Ciertamente, es la ausencia de una vocación de estadista y el abandono
de una perspectiva de lo público en diferentes ámbitos, lo que
constituye el foco central de los cuestionamientos a la gestión del
mandatario y su coalición de centro-derecha. Formateado como un gobierno
de empresarios, los problemas de “conflictos de interés” han sido la
tónica de la reciente administración.(1) Pero no sólo eso, el desprecio
por todo aquello que implica lo público se hace evidente también en los
miembros del gobierno que formados bajos los preceptos del
neoliberalismo, siempre consideraron que el Estado es la máxima
expresión de la ineficiencia y que, por el contrario, piensan que el
bienestar de las personas es una consecuencia casi exclusiva del
esfuerzo e iniciativa de cada uno y no un resultado de las políticas
públicas.
La percepción de la ciudadanía con respecto a la falta de preocupación
por los asuntos públicos hay que sumarle el conjunto de deudas
pendientes dejadas por los gobiernos anteriores, a saber: manutención de
la Constitución heredada del régimen militar y del sistema binominal;
exclusión de las minorías, administración del modelo neoliberal,
privatizaciones, desregulación de las actividades empresariales y de las
formas como opera el capital financiero, flexibilización y precariedad
laboral, sistema de pensiones con capitalización individual, aplicación
de un sistema tributario regresivo que privilegia las grandes fortunas
en desmedro de la totalidad de contribuyentes, endeudamiento
generalizado, deficiencia de los servicios educativos y de salud, una
legislación ambiental insuficiente que no consigue frenar la acción
predatoria de las empresas o la consagración de valores individualistas y
de brutal competencia entre las personas.
De esta manera, la carencia de una política de Estado en temas como
educación, salud, empleo o seguridad social han generado un amplio
sentimiento de rechazo por parte de diversos sectores de estudiantes,
profesores, funcionarios de la salud, deudores hipotecarios, empleados
públicos, jubilados, consumidores, pueblos originarios, ecologistas y de
la ciudadanía en general. (2) Las marchas y protestas que en sus
orígenes poseían una demanda sectorial se han transformado en un gran
movimiento nacional que cuestiona profundamente las bases del modelo
económico y social sobre el que se ha instaurado el “milagro” chileno.
Desde los trabajadores del cobre que se oponen a la privatización de los
recursos minerales, pasando por los deudores hipotecarios y las
familias afectadas por el terremoto que todavía se encuentran viviendo
en carpas improvisadas, hasta los estudiantes secundarios y
universitarios que exigen una educación pública de calidad o los grupos
que luchan contra la construcción de cinco represas en la región sur
(HidroAysén), todos en suma se han ido articulando en torno de un
proyecto que ponga fin a la política vigente que sólo genera mayor
desigualdad y discriminación entre los chilenos.
Incapaz de resolver dichas exigencias, el actual mandatario ha perdido
en muy pocos meses toda y cualquier credibilidad, inclusive entre sus
electores. Una de esas promesas fue mejorar la calidad de la educación,
lo que ciertamente no ha sucedido. Por lo mismo, en el último año han
explotado innumerables protestas por la calidad de la Educación
Secundaria y Superior, y cientos de colegios, institutos y universidades
han sido ocupados por los estudiantes. Durante más de cinco meses miles
de alumnos han marchado por el centro de Santiago y de las principales
ciudades del país, en contra de la privatización y mercantilización de
la educación en Chile. Al respecto, un vocero de la Confederación de
Estudiantes de Chile (CONFECH) señaló que está en proceso de
construcción un petitorio único que congregue los intereses del
movimiento estudiantil en su conjunto. Entre las principales demandas
elaboradas por los estudiantes –además de la exigencia de una educación
pública gratuita y de calidad- se menciona eliminar el lucro por parte
de los entes educacionales, el fin de la educación municipalizada, la
realización de mejoras en la infraestructura de los establecimientos de
enseñanza básica, media y superior y finalmente, que el pase escolar sea
gratuito durante todo el año.
Pingüinos 2.0: La lucha continua
Un importante aspecto a destacar de estas movilizaciones, es que ellas
son integradas fundamentalmente, tanto en sus bases como en sus
dirigencias, por estudiantes que durante el año 2006 participaron
activamente en el movimiento secundario, conocido como la “rebelión de
los pingüinos”. De esta manera, sus protestas, hoy al igual que hace
cinco años, desnudaron el colapso del sistema político y del modelo
socioeconómico imperante en Chile desde la época del régimen militar.
Después de prácticamente cuatro meses de represión, los estudiantes
consiguieron una audiencia con el Presidente Piñera para exponer sus
demandas. La principal de ellas – como ya señalamos- es la instauración
de un sistema educacional público con gratuidad para todos, fundado en
un marco democrático y pluralista, orientado a la producción de
conocimiento para un desarrollo integral e igualitario y para atender
las necesidades del pueblo chileno, en toda su diversidad y
multiculturalidad.
Para financiar este sistema los estudiantes proponen algunas medidas que
siempre aparecen en el debate, pero que hasta ahora nunca fueron
ejecutadas, como por ejemplo, la realización de una reforma tributaria
de carácter más equitativa, o sea, que aumente progresivamente la
tributación de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Ellos
también sugieren una nacionalización de todas las minas de cobre,
entregadas o “concesionadas” al capital privado inmediatamente después
del Golpe de Estado de 1973. Para aplicar tales políticas, el régimen
político binominal ha representado un serio obstáculo, por lo tanto, los
estudiantes finalmente sustentan la necesidad de cambiar este sistema
por uno que sea una expresión más proporcionalmente fidedigna de las
decisiones y preferencias de los electores. El último plebiscito
convocado por los estudiantes -junto a otras organizaciones gremiales,
políticas y sociales- demostró la mayoritaria adhesión de la ciudadanía a
propuestas como una educación pública gratuita (96%) o el fin del lucro
con fondos públicos en todos los niveles de la educación (90%).(3)
¿Cuál es el futuro de estas movilizaciones? Consideramos que
independiente de los acuerdos concretos a los que el movimiento
estudiantil pueda alcanzar en algún momento con los representantes del
gobierno(4), lo importante es que sus demandas y su crítica radical del
modelo económico, social y ambiental imperante en Chile, concitaron la
adhesión de vastos sectores de la ciudadanía y despertó la conciencia
crítica de la sociedad chilena, una sociedad dividida y paralizada por
las heridas y traumas del pasado.
En su meritorio y heroico intento de cambiar el modelo educacional
chileno, los estudiantes están indicando una agenda de transformaciones
relevantes para el país, la cual fue postergada por los trabajadores y
los partidos políticos. Los estudiantes representan actualmente un actor
sin miedo, movilizado en plazas y calles, articulado a través de todo
el país, que utiliza formas democráticas de funcionamiento, con amplio
consenso social y que posee una agenda de mudanzas que van mucho más
allá de la simple indignación o de la rabia contestataria.
Aunque el destino y el éxito de las diversas estrategias seguidas por el
movimiento sean inciertas, nos atrevemos a sustentar que a pesar de la
creciente acción represiva contra ellos(5), estas marchas y protestas
van a continuar por un largo período, en un proceso no lineal de avances
y retrocesos, de negociación y de rupturas, de conquistas y derrotas,
de cooptación y de resistencia. Lo que sí está claro, es que la sociedad
chilena se encuentra retomando sus luchas históricas y, por eso mismo,
cimentando una nueva subjetividad al calor de las manifestaciones. Con
los conflictos emergiendo permanentemente al plano de lo “visible” y
concreto, la democracia se hace en definitiva más saludable, rejuvenece,
se fortalece y profundiza, ya que sabemos que el exceso de consenso
puede ocultar generalmente el miedo y la apatía, sentimientos
enormemente perniciosos cuando se ciernen sobre una comunidad o país que
aspira a construir un futuro más justo y fraterno. [
http://alainet.org]
- Fernando de la Cuadra es Doctor en Ciencias Sociales. Investigador del
Laboratorio de Estudios de la Violencia (LEV) y de la Red Universitaria
de Pesquisadores sobre América Latina (RUPAL). Blog:
fmdelacuadra.blogspot.com
Notas:
(1) Es necesario consignar, que al comenzar su mandato, Piñera nominó
varios empresarios para asumir importantes pastas del gobierno
(Relaciones Exteriores, Economía, Minas y Energía, Obras Públicas,
Agricultura), situación que ha ido cambiando en el transcurso de su
administración, reemplazando algunos de ellos por ministros con un
perfil más “político”.
(2) En la última encuesta realizada por el CERC (Centro de Estudios de
la Realidad Contemporánea) se constata que el nivel de aprobación del
gobierno solamente alcanza a un 22% y, por el contrario, el índice de
desaprobación se elevó a un 66%. Por su parte, la falta de credibilidad
en el Presidente Piñera llega a unos 83%, sumados los que directamente
no creen nada (67%) y los que sólo creen un poco (16%).
(3) Plebiscito informal y no vinculante realizado durante los días 7 y 8
de octubre a partir de una convocatoria de la Mesa Social por la
Educación que congrega diversas entidades como el Colegio de Profesores
de Chile, Confederación de Trabajadores del Cobre, Patagonia sin
represas, CONFECH, Confederación de Estudiantes Secundarios (CONES),
etc.
(4) En este momento, el dialogo entre el gobierno y los estudiantes se encuentra congelado.
(5) Existen fuertes indicios de que la represión contra el movimiento
estudiantil y otros sectores movilizados se puede profundizar en lo que
resta del mandato de Piñera, dado que el gasto en sistemas de
inteligencia, vigilancia y seguridad ha aumentado considerablemente.
Además, la campaña anti-delincuencia está siendo utilizada como pretexto
para montar una red de control, seguimiento y espionaje sobre la
población en general, en el marco de aquello que se ha denominado
Doctrina de Seguridad Ciudadana.
