En ese contexto, dos hechos recientes merecen ser analizados conjuntamente. El primero es la difusión del llamado Manifiesto de Palantir, una propuesta que reivindica el uso intensivo de la inteligencia artificial, el análisis masivo de datos y la integración tecnológica como pilares de un nuevo modelo de administración pública. El segundo es la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, convocada el 16 de julio por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con el propósito declarado de fortalecer la cooperación internacional frente a las amenazas políticas violentas.
A simple vista, ambos acontecimientos pertenecen a esferas diferentes: uno al universo tecnológico y empresarial; el otro, a la diplomacia y la seguridad internacional. Sin embargo, observados desde una perspectiva política más amplia, parecen converger en una misma lógica: la ampliación de las capacidades del Estado para identificar, clasificar y neutralizar aquello que considera una amenaza.
No se trata de afirmar que exista un plan único ni una coordinación explícita entre ambos procesos. La hipótesis es otra: que representan expresiones complementarias de una transformación más profunda del ejercicio del poder en Occidente.
Del terrorismo a la categoría de "terrorismo político"
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el concepto de terrorismo ha ocupado un lugar central en la política internacional. Bajo esa bandera se justificaron guerras, legislaciones de excepción, sistemas de vigilancia y restricciones a derechos fundamentales.
Lo novedoso es el desplazamiento semántico que parece producirse ahora. Ya no se habla únicamente de terrorismo, sino de terrorismo político.
El cambio no es menor. Mientras el terrorismo tradicional remite a actos de violencia definidos en el derecho penal internacional, la expresión "terrorismo político" abre un espacio mucho más amplio de interpretación. ¿Qué conductas quedan comprendidas en esa categoría? ¿Quién determina sus límites? ¿Qué mecanismos de control democrático existen para evitar que la etiqueta termine aplicándose a organizaciones, movimientos o actores que ejercen formas legítimas de oposición política?
La historia demuestra que las categorías jurídicas nunca son neutrales. También son instrumentos de poder.
El paradigma Palantir
En paralelo, la revolución tecnológica ha dado lugar a un fenómeno igualmente significativo. Empresas como Palantir representan mucho más que una innovación informática. Encarnan una nueva concepción de la gobernanza basada en la integración de enormes volúmenes de información procedente de organismos públicos, agencias de seguridad, sistemas financieros, redes digitales y registros administrativos.
El objetivo declarado es hacer al Estado más eficiente. Pero toda tecnología incorpora una filosofía política. Cuando los algoritmos identifican patrones de comportamiento, establecen perfiles de riesgo y anticipan posibles amenazas antes de que se materialicen, el centro de gravedad deja de situarse únicamente en los hechos para desplazarse hacia las probabilidades.
No se persigue solo lo que una persona hizo. Se comienza a gestionar lo que podría llegar a hacer. Ese cambio representa una mutación profunda del concepto clásico del Estado de derecho.
La convergencia
Aquí es donde ambos procesos parecen encontrarse. Por un lado, se amplían las categorías susceptibles de vigilancia mediante conceptos cada vez más elásticos relacionados con la seguridad política. Por otro, aparecen herramientas tecnológicas capaces de procesar millones de datos, identificar redes de relaciones y elaborar perfiles automatizados de individuos y organizaciones.
La combinación resulta extraordinariamente poderosa. No hace falta prohibir una organización si previamente puede clasificarse como potencialmente riesgosa. No es necesario censurar directamente un movimiento si basta con reducir su alcance mediante sistemas automatizados de monitoreo, clasificación o exclusión digital.
El poder ya no necesita mostrarse únicamente como coerción. Puede presentarse como eficiencia tecnológica.
¿Un nuevo fascismo?
La palabra fascismo exige prudencia. Su uso indiscriminado termina vaciándola de significado.
Sin embargo, diversos estudiosos han advertido que las formas contemporáneas de autoritarismo difícilmente reproducirán los modelos del siglo XX.
Umberto Eco describía el "Ur-Fascismo" como un conjunto de rasgos adaptables a diferentes contextos históricos.
Hannah Arendt analizó cómo los sistemas totalitarios necesitaban construir enemigos permanentes para justificar la expansión continua del aparato de control.
Más recientemente, Sheldon Wolin habló del "totalitarismo invertido" para describir formas de concentración del poder compatibles con instituciones democráticas formales.
Y Shoshana Zuboff mostró cómo el capitalismo de vigilancia convierte los datos personales en instrumentos de predicción y modificación del comportamiento humano.
Desde esa perspectiva, la convergencia entre seguridad, inteligencia artificial y concentración tecnológica merece una reflexión crítica.
No porque reproduzca exactamente el fascismo histórico. Sino porque comparte algunos de sus mecanismos fundamentales: la expansión del control, la identificación permanente del enemigo, la subordinación de las libertades individuales a objetivos superiores definidos por el poder y la creciente fusión entre intereses estatales y corporativos.
Del uniforme al algoritmo
El fascismo clásico necesitaba uniformes, marchas y propaganda de masas. El autoritarismo del siglo XXI puede prescindir de todo ello. Sus instrumentos son más discretos.
Algoritmos.
Bases de datos.
Reconocimiento automatizado.
Inteligencia artificial.
Vigilancia permanente.
La obediencia ya no depende únicamente del miedo visible. También puede construirse mediante la clasificación invisible. Quien controla los datos termina condicionando las decisiones. Quien controla los algoritmos termina influyendo sobre la realidad política.
Una pregunta para nuestro tiempo
La cuestión central no consiste en demonizar la tecnología ni en negar la necesidad de combatir el terrorismo. Las sociedades tienen derecho a protegerse frente a la violencia. Pero precisamente por ello deben preguntarse cuáles son los límites del poder que delegan en nombre de esa protección.
La reunión convocada por Marco Rubio y el paradigma representado por Palantir plantean interrogantes que trascienden la coyuntura estadounidense.
¿Estamos asistiendo a una modernización legítima de las políticas de seguridad?
¿O estamos presenciando la consolidación de un modelo donde la vigilancia permanente, la inteligencia artificial y la ampliación de las categorías de amenaza terminan redefiniendo la propia democracia?
Responder a esa pregunta exigirá algo más que avances tecnológicos.
Exigirá preservar el espíritu crítico, fortalecer las garantías jurídicas y recordar una lección que la historia ha enseñado repetidamente: las libertades rara vez desaparecen de un día para otro. Con mayor frecuencia, se erosionan lentamente, mientras el poder asegura actuar únicamente para protegerlas.
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