Hace menos de un mes, en septiembre de 2021, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) otorgó 6 millones 669 mil dólares en subvenciones para proyectos destinados a un cambio de régimen en Cuba, eufemismo para evitar decir intervención directa de una potencia extranjera.
La administración demócrata ha favorecido especialmente al Instituto Republicano Internacional (IRI) con una generosidad bipartidista que jamás tuvo Donald Trump. También han recibido espléndidas partidas otros grupos de Florida, Washington y Madrid que han pedido la invasión a la isla y pintan un panorama apocalíptico en La Habana, con lo que aseguran más dinero el próximo año.
Las arcas públicas de Estados Unidos parecen inagotables para la industria anticastrista. En el último año, al menos 54 organizaciones han sido beneficiadas con los programas para Cuba del Departamento de Estado, la National Endowment for Democracy (NED) y la Usaid. Esta agencia ha otorgado en los últimos 20 años a Creative Associates International, una tapadera de la CIA, más de mil 800 millones de dólares para el espionaje, la propaganda y el reclutamiento de agentes de cambio en la isla. Uno de sus proyectos más conocidos, el llamado Twitter cubano o ZunZuneo, resultó en un soberbio fracaso que develó una trama de corrupción y violaciones flagrantes de la ley estadunidense. El ZunZuneo le costó el puesto al director de la Usaid, pero las operaciones de Creative Associates International se mantienen a toda vela, ahora de manera encubierta.
El investigador estadunidense Tracey Eaton, que durante años ha seguido la ruta de estos fondos, comentó en entrevista reciente que muchos de los programas de financiamiento para el cambio de régimen en Cuba son tan furtivos que probablemente jamás sabremos quiénes son todos los destinatarios ni el monto total, y a juzgar por los milloncejos conocidos, la subvención debe alcanzar una cifra faraónica. Las estrategias de construcción de la democracia se consideran secretos de oficio y están exentas de divulgación en virtud de la Ley de Libertad de Información estadunidense, según cartas que Eaton ha recibido del Departamento de Estado y de la Usaid.
Leer artículo original en La Jornada de México
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