El asunto es meter miedo a los inversionistas extranjeros en Cuba para que abandonen sus negocios con la Isla, o atemorizar a quienes estén pensando en invertir o hacer negocios con la Isla, de manera que desistan. En ambos casos, el objetivo es anular el más mínimo desarrollo económico y, con ello, rendir por «hambre y desesperación» al pueblo cubano, tal cual fue planteado tan tempranamente, como el 6 de abril de 1960, hace justamente 59 años, por el subsecretario asistente para Asuntos Interamericanos, Lester D. Mallory.
Diríamos que ahora la administración Trump «trumpieza» con la misma piedra cuando tiene igual propósito.
A aquel bloqueo inicial, formulado desde el Gobierno de Dwight Eisenhower y signado por John F. Kennedy en 1962; llevado a la extraterritorialidad por la Ley Torricelli —presentada en 1991 y aprobada en 1992, cuando creían que el desmerengamiento del socialismo europeo haría caer a Cuba—; y corregido y aumentado por la Helms-Burton de 1996, se le da ahora otra vuelta de tuerca en un intento, que también será fallido, de lograr el propósito esencial: derrocar la Revolución Cubana y reinstaurar el capitalismo en nuestro archipiélago: Cuba, Isla de la Juventud y cayos adyacentes.
La criminal legislación consta de cuatro títulos que hacen más grosero aún el bloqueo de Estados Unidos. En el primero aborda el marco «legal», y expresa su extraterritorialidad al exigir que otros países cumplan sus normas; el segundo reinstaura el señorío imperialista en Cuba al estilo del Plan Bush, que hasta tuvo la desfachatez de nombrar un procónsul; el tercero, ahora en el bombo de los «Hijos Predilectos» de la Casa Blanca y Miami, establece demandas sobre las propiedades que tenían en Cuba, las nacionalizadas de acuerdo con las leyes internacionales, y las expropiadas a los asesinos y ladrones de la dictadura proyanqui de Fulgencio Batista; y en el caso del Título IV sancionaría a quienes «trafiquen» con las propiedades mencionadas.
Para detallar un poco, ese Título III implanta que empresas de terceros países son responsables de daños y perjuicios a los antiguos dueños de propiedades intervenidas, o sus sucesores o herederos, por «traficar» con ellas, y lo más aberrante, ese «derecho de reclamación» se otorga a quienes no eran ciudadanos de EE. UU. cuando se nacionalizaron esas propiedades.
Durante 22 años el Título III se mantuvo en reserva, pues el Presidente tenía la facultad de suspender su entrada en vigor, pero con Trump en la Casa Blanca, luego de haber hecho exactamente lo mismo que sus antecesores, rompió la cadena razonable y bajo los consejos de un equipo especialmente ultraconservador del que fue rodeándose, diríamos que hizo clavado con la piscina vacía.
Los principales «entrenadores» del clavadista tienen nombre y función: Mike Pompeo, secretario de Estado; John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; Marco Rubio, senador republicano por Florida; Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela; y Mauricio Claver-Carone, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional.
Una semana especialmente agresiva
El año 2019 avanzó con especial agresividad y latrocinio hacia Cuba. El 16 de enero se anunció que el Título III solo sería suspendido por 45 días, una postura que el Gobierno cubano calificó de «acto hostil de extrema arrogancia e irresponsabilidad».
Cuando terminaba ese plazo, en marzo, el Departamento de Estado emitió otro comunicado por el cual canceló por otros 30 días la aplicación efectiva del Título III, aunque le agregaba un apéndice bien infesto, permitiría, a partir del 19 de marzo, la presentación de demandas judiciales en cortes estadounidenses contra más de 200 empresas cubanas, incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, un inventario unilateral de instituciones y empresas económicas sancionadas por Washington.
Ahora, el 3 de abril, el secretario de Estado, Mike Pompeo, extendió por dos semanas —del 18 de abril al 1ro. de mayo— la suspensión actual de ese Título.
Como cierre de la semana, el vicepresidente Mike Pence, durante un discurso el viernes 5, ante el Instituto Baker de la Universidad Rice, en Texas, anunció nuevas medidas de presión económicas contra Venezuela, y entre ellas sancionarán a 34 embarcaciones, propiedad u operadas por la petrolera estatal PDVSA, las cuales participan en el transporte de crudo entre Venezuela y Cuba, una actividad legal y amparada por acuerdos comerciales.
Washington estableció sanciones contra las empresas Ballito Bay Shipping y ProPer In Management —con sede en Monrovia (Liberia) y El Pireo (Grecia), respectivamente—, por sus vínculos con el sector petrolero de Venezuela y el transporte a Cuba en el buque Despina Andrianna, revelaba este sábado Russia Today.
Tal parece que quieren dos víctimas con un solo disparo, el cual constituye «un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial», como lo calificó el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.
Ahora bien, una pregunta flota en el ambiente, más allá de la pretensión ya mencionada de amedrentar a las empresas extranjeras con negocios en Cuba y a los posibles inversionistas. ¿Acaso el grupo anticubano no las tiene todas consigo y se le imposibilita poner en práctica ese nuevo paso de recrudecimiento del bloqueo, esa nueva vuelta de tuerca actual, cuando es obvio que siempre ha estado fuera de rosca y por más que intente apretar no logra ahogar a Cuba?
Porque, al mismo tiempo de las amenazas del grupo anticubano, han ocurrido otros hechos que dejan malparada la creciente hostilidad de Washington, cuando esta afecta los intereses de no pocos países y hasta de empresarios de su propio patio.
Josep Borrell, ministro de Exteriores de España, le hizo saber a su contraparte estadounidense su preocupación por la posibilidad de la aplicación del notoriamente repudiado Título III. En una nota del Ministerio de Exteriores se opone a la entrada en vigor de la medida por una «razón de principio», pero también porque podría tener «consecuencias negativas» para los intereses de la Unión Europea (UE) en Cuba.
También la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, se reunió con Pompeo, al margen de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Washington, y dejó claro que «el Gobierno de Canadá defenderá los intereses de los canadienses que realicen negocios e inversiones legítimas con Cuba, si Estados Unidos aplica el Título III de la Ley Helms-Burton».
Coincidentemente, estuvo de visita en Cuba la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, quien dijo: «Estamos aquí para compartir, aprender, y ver de qué manera podemos estrechar nuestros lazos, y tenemos la intención de buscar intercambios en el área portuaria entre Nueva Orleans y La Habana, también en temas de desarrollo económico, respuestas de emergencia, y principalmente en educación». Aseguró que su ciudad no está de acuerdo con la política del bloqueo y dijo categóricamente: «Estamos esperando el fin del bloqueo para ser los primeros en asociarnos con Cuba».
Semejante interés tienen funcionarios y empresarios de los más de 25 capítulos a nivel de estados que ya tiene Engage Cuba, una coalición que trabaja en las esferas congresionales estadounidenses para lograr un intercambio comercial normal entre Cuba y Estados Unidos, rechaza la prohibición de viajar a Cuba y está por el avance efectivo de las relaciones entre los dos países.
Hay un grupo de empresas estadounidenses con intereses nada despreciables en Cuba: telecomunicaciones, la agroindustria, aerolíneas, cruceros. Estos también saben y pueden presionar. Entonces, repetimos la pregunta: ¿pueden aplicar sin consecuencias para ellos mismos el Título III de la Helms-Burton?
Arremetida de mentiras escandalosas
Sin embargo, la escalada de las hostilidades, con base en la doctrina política imperial estadounidense del monroísmo, viene acompañada de las más absurdas mentiras, obviamente porque consideran que mientras más grandes son las farsas e invenciones, pudieran ser más creíbles.
Las arteras acusaciones de Bolton, Pompeo, Pence, Rubio y demás miembros de la cuadrilla, hacen nido de serpientes en Twitter.
Una simple muestra, correspondiente a este sábado 6 de abril: el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para justificar la medida contra los buques petroleros, declaró sin pudor de ningún tipo: «Cuba sigue sacando provecho del régimen ilegítimo de Maduro, apoyándolo con esquemas de crudo-por-represión, mientras intenta mantener a Maduro en el poder. EE. UU. se mantiene comprometido con una transición hacia la democracia en Venezuela y con responsabilizar al régimen cubano por su participación directa en la desaparición de Venezuela».
Ante esta arremetida, se impone una verdad incontrastable que el canciller Bruno Rodríguez definió así: «Sesenta años de agresión imperialista no han doblegado la voluntad de los cubanos. Las nuevas medidas que hoy celebran altos funcionarios y políticos anticubanos en EE. UU. no lo lograrán».
Por eso afirmamos que Trump y sus cuatreros se están tirando de cabeza y no hay agua en la piscina.
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