Se trata de Oscar Antonio Rivas, alias El Diablo, a quien las autoridades locales vinculan con actos del crimen organizado y el narcotráfico en territorio nicaragüense, además, de ser contratado por sectores adversos al gobierno sandinista para generar zozobra y terror en el territorio nacional.
El Diablo, acorde con un informe policial, fue apresado cuando pretendía cruzar de manera ilegal al territorio costarricense por el sector conocido como El Río Sapoá.
Según las investigaciones, el connotado criminal fue contratado para organizar y dirigir en Nicaragua tranques y bloqueos de vías, escenario de robos, secuestros, violaciones, torturas y asesinatos, método que -según denuncias- sectores opositores pretender usar como mecanismo de presión contra el gobierno.
El jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado mayor Luis Alberto Pérez, señaló que El Diablo se encontraba en prisión en la provincia de Guanacaste, Costa Rica, a inicios del mes de abril.
Asimismo, indicó que el sujeto fue contactado por Manuel de Jesús Escobar, quien forma parte de una estructura delictiva dedicada al tráfico de drogas, y posteriormente conoció a alias de El Rasta, un traficante de cocaína desde Colombia hacia diferentes países de Centroamérica y Estados Unidos.
Como resultado de esos contactos, según el comisionado mayor, los mareros se plantean apoyar a sectores opositores contra el gobierno sandinista, a fin de facilitar las condiciones de traslado de droga por Nicaragua.
'Acuerdan la participación del detenido, Oscar Antonio Rivas, en actividades terroristas en contra de nuestro gobierno, por lo que recibiría la cantidad de 300 dólares semanales', detalló Pérez.
El jefe de la DAJ puntualizó que éstos sujetos recibieron órdenes de asesinar, saquear y provocar incendios en el país.
Para ello El Diablo -siempre según la fuente- contactaría a otros mareros que ya habían ingresado al país, aparentemente de origen hondureño, y a cuyas familias se les enviarían remesas en dólares por su participación en los hechos delictivos mencionados.
En ese contexto, el jefe policial indicó que la orden inmediata dada a esos criminales fue obstaculizar el tráfico vehicular en diferentes vías del país, el asesinato de policías, el saqueo y la quema de estructuras, edificios públicos y casas particulares.
Pérez sostuvo que el robo y quema de vehículos es de interés para esos grupos, a fin de generar una presión social en contra del gobierno nicaragüense, acciones que se ejecutan en León, Chinandega, Managua, Carazo y Matagalpa.
Frente a todo ello, la Policía Nacional de Nicaragua reiteró su compromiso de continuar trabajando por la paz, la tranquilidad y la seguridad de las personas, las familias y las comunidades.
Nicaragua lleva más de dos meses sumergida en una severa crisis sociopolítica, que estalló en medio de protestas contra reformas del gobierno al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las manifestaciones, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.
Acorde con denuncias, tales reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan dirigido desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del gobierno sandinista.
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