La alcaldesa no es la única que considera que Trump no ha mostrado una respuesta eficaz. En un informe condenatorio emitido el lunes por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Leilani Farha, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, compara las medidas de ayuda posteriores a los huracanes que devastaron Texas y Florida con las tomadas en Puerto Rico: “No podemos dejar de notar las diferencias en la urgencia y prioridad otorgadas a la respuesta de emergencia en Puerto Rico en comparación con los estados del país afectados por los huracanes en los últimos meses”, afirmó.
Democracy Now! viajó a Puerto Rico el fin de semana pasado para observar de cerca la devastación. A casi dos meses del paso del huracán María, la isla sigue a oscuras. Según estimaciones oficiales, casi dos tercios de la isla carecen de electricidad. Mientras tanto, los tres millones y medio de ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico se ven en dificultades para obtener los elementos básicos para vivir, a medida que miles de personas abandonan la isla y se dirigen al territorio continental de Estados Unidos, tal vez para nunca regresar.
Sin embargo, hay personas que están desembarcando en la isla: los capitalistas del desastre. Como lo expresó elocuentemente la periodista Naomi Klein en su libro “La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre”, los desastres, tanto naturales como provocados por la humanidad, son explotados cada vez más por corporaciones con fines de lucro y supuestos ideólogos del libre mercado para impulsar reformas en importantes áreas de las sociedades impactadas. Ejemplos de ello son el debilitamiento de los sistemas de bienestar social, la privatización de los servicios públicos, el acorralamiento de los sindicatos y las ganancias obscenas obtenidas con las obras de reconstrucción. Después del huracán, Puerto Rico se perfila como un caso testigo de la doctrina del shock.
La alcaldesa Carmen Yulín Cruz nos dijo en el Coliseo Roberto Clemente, el estadio deportivo ubicado en San Juan, donde ella y su equipo han estado viviendo desde el huracán: “Desearía no haberme enterado nunca de ese término. Usar el caos para despojar a los trabajadores de sus derechos de negociación, derechos que los sindicatos tardaron 40, 50 años en conquistar… solo constituye tomar ventaja de las personas cuando se encuentran en una situación de vida o muerte. Es un abuso absoluto de los derechos humanos. Significa que los más fuertes realmente se alimentan de los más débiles, hasta que lo único lo que queda son los restos”.
Un buen ejemplo de esto es el contrato de 300 millones de dólares otorgado sin licitación a la empresa Whitefish Energy para reconstruir la red eléctrica de la isla. La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) es la mayor compañía eléctrica pública en Estados Unidos y suministra electricidad a toda la isla de Puerto Rico. El huracán María destruyó por completo la red eléctrica. Antes de la llegada del huracán, Whitefish, que lleva el nombre de la ciudad de Montana donde tiene sus oficinas centrales, solo tenía dos empleados y nunca había manejado un contrato por más de 1,4 millones de dólares. Casualmente, de esta ciudad es originario el secretario de Interior de Trump, Ryan Zinke. El hijo de Zinke ha trabajado para Whitefish Energy en el pasado. Estábamos en el Coliseo hablando con la alcaldesa cuando el vicealcalde de San Juan, Rafael Jaume, entró con una copia del contrato de Whitefish en la mano y se puso a leer un fragmento:
“‘En ningún caso la AEE, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el administrador de la [Agencia Federal para el Manejo de Emergencias o] FEMA, el Contralor General de Estados Unidos ni cualquier otro representante autorizado tienen derecho a auditar o revisar los elementos de costo y beneficio de las tarifas laborales aquí especificadas’”. Jaume nos extendió el documento y, con indignación, nos dijo: “Pueden leer ustedes mismos. Es blanco o negro”. Tanto la alcaldesa Cruz como el vicealcalde Jaume consideraron que el contrato era ilegal y exigieron su cancelación inmediata.
A este pedido se sumó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de UTIER, el sindicato de la industria eléctrica de Puerto Rico. Lo visitamos en sus oficinas de San Juan, que sigue sin electricidad. Mientras hablábamos, llegó la noticia de que el gobernador Rosselló había solicitado la cancelación del contrato. Jaramillo no solo exigía esto sino también el despido del jefe de la AEE, que firmó y avaló el contrato, y una investigación penal completa de todos los responsables involucrados. Al igual que la alcaldesa Cruz, Jaramillo está trabajando para incorporar la energía solar a la red eléctrica reconstruida, sin privatizarla en el proceso.
En el ínterin, la empresa Fluor Corp., que integra la lista de las 500 mayores empresas estadounidenses según la Revista Fortune, también recibió un contrato de 200 millones de dólares para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica. Con la retirada de Whitefish a Montana, hay dos cosas de las que podemos estar seguros: que más capitalistas del desastre harán fila para tomar su lugar, y que el orgulloso y resistente pueblo de Puerto Rico, cada vez más intolerante a los retrasos y la corrupción, estará cada vez más atento, mientras gana impulso el movimiento para desarrollar alternativas renovables para la red eléctrica alimentada por combustibles fósiles que les ha fallado.
© 2017 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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