Antes, cabe señalar que los pilares de la SIDH son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya sede se encuentra en Washington D.C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también CIDH, con sede en San José de Costa Rica.
Al respecto, el 11 de marzo pasado los delegados de los Estados miembros de la CIDH se reunieron en la ciudad de Guayaquil (suroeste de Ecuador) para abordar el fortalecimiento del SIDH, emitiendo una declaración que sirvió como base de su propuesta presentada en la reunión general de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 22 de marzo último en Washington.
La propuesta comprendía una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: modificar la forma de financiación de la CIDH, trasladar su sede de Washington a la capital de cualquiera de los países que hubiesen ratificado el acuerdo de San José, e igualar el estatus de las relatorías de la CIDH.
En la reunión de Guayaquil el presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso que Argentina fuese la nueva sede de la CIDH, organismo que criticó por tolerar que su sede se encuentre en EEUU, país que, al igual que Canadá, no ha ratificado en cuarenta años “algo que suscribió”.
“No es posible, en el siglo XXI, en Nuestra América tolerar que la sede de la CIDH sea el país del embargo criminal contra Cuba, que atenta total y abiertamente contra el Derecho Internacional (...)”, dijo Correa, destacando que el “bloqueo criminal contra Cuba constituye el mayor atropello a los Derechos Humanos en nuestro continente”.
Asimismo, el mandatario de la nación suramericana planteó que la CIDH fuese financiada y constituida solo por nacionales de los países que ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos.
“No vamos a permitir más ningún neocolonialismo, cómo vamos a permitir que el 96,5 % de la CIDH se financie por países que no han ratificado la Convención y por supuestos organismos observadores, que pagan para imponer sus condiciones”, destacó Correa, al recordar que EEUU es uno de los principales aportadores del organismo que, según el mandatario ecuatoriano, se convirtió en un “instrumento de la política exterior” estadounidense contra gobiernos que la critican.
El mandatario del país andino resaltó que América Latina “está viviendo una verdadera revolución democrática en sus países que le permite sacarse viejas costumbres” que permitían que una burocracia de forma autónoma desde Washington fiscalizara a los Estados latinoamericanos.
“Si no podemos corregir los últimos vestigios del neoliberalismo y neocolonialismo en nuestra América, enquistados en la CIDH, los pueblos no nos perdonarán (...). Debemos buscar algo nuevo, mejor y verdaderamente nuestro”, enfatizó el presidente ecuatoriano.
No obstante, tras varias horas de debate, ya en la Asamblea General extraordinaria de la OEA que tuvo lugar en Washington el viernes pasado, la diplomacia latinoamericana solo logró conseguir que se siga adelante con un proceso de auditoría permanente sobre el SIDH, según el director para América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
Esto ya es algo, a decir verdad, pues esperar que el SIDH sea reformado de la noche a la mañana es imposible. Los resultados de estos esfuerzos por tratar de que el organismo deje de ser una “instancia supranacional e ilegítima frente a los Estados soberanos y con fondos privados”, tal como lo dijo el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton Matos, eran de esperarse, pues el proceso de integración latinoamericana todavía sigue su curso.
También sirven para valorar el grado de madurez en que ese proceso de integración regional se encuentra y para reflexionar en la desventaja económica en la que se encuentran las naciones latinoamericanas frente EEUU que utiliza su poderío económico para manipular el organismo a su antojo en defensa de sus intereses antes que el de los Estados miembros de la CIDH.
Al respecto, EEUU ya ofreció un millón de dólares en financiamiento para la Comisión, “como una muestra de su interés por reforzar este organismo”.
“Restringir las contribuciones o eliminar la posibilidad de financiar actividades específicas de la Comisión viola nuestra promesa de lograr un sistema más fuerte”, dijo William Burns, vicesecretario de Estado de EEUU.
Es este el momento en que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), junto a otros bloques de la región, debe desempeñar un papel más activo en lo que concierne, además de la reforma del SIDH, a encontrar un equilibrio geopolítico de la región latinoamericana, a la creación paralela de un organismo similar a la CIDH y a calcular el grado de influencia de las amenazas al proceso de integración.
La posición de los países latinoamericanos, sobre todo la de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), es comprensible pues ya es hora de que ese organismo deje de servir solo a los que la financian tratando los Derechos Humanos de los pueblos latinoamericanos como mercancías, defendiendo los derechos de las transnacionales, persiguiendo a gobiernos que no se doblegan al mandato estadounidense, y defendiendo la libertad de expresión de medios de comunicación al servicio de las élites para derrocar gobiernos.
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