Con el título “Es hora de limpiar los programas que promueven un cambio de régimen en Cuba”, señala que “como los otros millones de dólares que hemos gastado para derrocar al gobierno cubano, estos programas han fracasado”.
Es hora de limpiar los programas que promueven un cambio de régimen en Cuba
Por Fulton Armstrong
The Miami Herald
Traducción: Cubadebate
El subcontratista del USAID, Alan P. Gross, marcó su segundo año en una cárcel cubana por llevar a cabo en Cuba operaciones encubiertas de “promoción de la democracia”.
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, exigió que Cuba lo libere inmediatamente y alardeó diciendo: “Las autoridades cubanas han fracasado en su esfuerzo de querer utilizarlo como un peón para sus propios fines”.
El mensaje está muy claro: Gross es nuestro peón, no el de los cubanos. Las señales enviadas por el gobierno estadounidense han sido muy evidentes. Para La Habana, el mensaje ha sido: “No negociaremos”. Para Gross, el mensaje es: “Mala suerte”. Y a los estadounidenses que piensan que nuestra política hacia Cuba, que tiene más de 50 años, debe someterse a una revisión, les dicen: “No esperen lo imposible.”
Cuando una operación encubierta de la CIA nos sale mal y cae preso un oficial clandestino, el gobierno de EE.UU. desempeña una estrategia para negociar su liberación. Pero cuando un contratista encubierto de la USAID es detenido, Washington aprieta su retórica política, le tira más dinero al programa comprometido, y se rehúsa a comentar sobre el asunto.
Durante tres años, yo fui el investigador principal de la Comisión de Relaciones Exteriores en relación con las operaciones políticas del Departamento de Estado y de USAID para Cuba y para América Latina.
Los programas de Cuba - diseñados para identificar, organizar, capacitar y movilizar a los cubanos para que exijan cambios políticos en su país - tienen un patrimonio especialmente problemático, incluyendo malversación, mala gestión, y la politización sistémica.
Algunos “exitazos” del programa, que nos costaron millones de dólares, como por ejemplo la creación de una red de “bibliotecas independientes”, fueron exagerados y hasta fabricados.
El mandato de nuestro Comité de Supervisión fue tratar de garantizar que los fondos - unos $ 20 millones al año, pero hasta $ 45 millones en 2009 - sean utilizados eficazmente y de manera consistente con la ley de EE.UU.
El Departamento de Estado y la USAID lucharon contra nosotros en todo momento, incluso negándose a entregarnos información básica sobre los programas, y divulgando solamente un documento que hacía referencia a los vagos “objetivos del programa”.
Estos programas no involucran a nuestra comunidad de inteligencia, pero el secretismo que los ronda, los oficios clandestinos -como el uso de las tecnologías de encriptación– y el ocultamiento deliberado del papel del gobierno de EEUU, sí tienen las señas de una operación encubierta de inteligencia.
Nunca le pedimos los nombres de sus agentes en la isla, pero los directores del programa nos dijeron que había “gente que morirá” si nos enteráramos de los nombres de los grupos asociados a ellos en los Estados Unidos. Los programas no eran un secreto para Cuba. El gobierno cubano los había penetrado profundamente.
No sabíamos quien era Alan P. Gross. De hecho, después de su encarcelamiento, el Departamento de Estado lo negó furiosamente, e incluso algunos de nuestros diplomáticos en La Habana, pensaron que Gross trabajaba para la CIA. Lo que sí era evidente que los cubanos estaban muy al tanto de él. La televisión cubana ha mostrado vídeos de otros contratistas en acción en la isla.
Solamente Gross puede decir lo que sabía acerca de la legislación cubana cuando él estaba cumpliendo con su contrato de $585.000 dólares, y realizando cinco visitas a Cuba. Él ha dicho que lo han “engañado”. Hemos confirmado que el Departamento de Estado y la USAID no tenían política alguna para informarles a estos individuos que esas operaciones clandestinas no son legales en Cuba, y que las leyes de EE.UU. prohíben que los agentes extranjeros que no se han inscrito como tal puedan viajar por el país distribuyendo equipos de satélite, puntos de acceso WiFi, equipos de encriptación y telefonía, además de otras asistencias de valor monetario.
La política del gobierno de Obama es no informarle a los destinatarios en Cuba del origen y del propósito de la ayuda - a menos que éstos pregunten directamente. Algunos cubanos pueden imaginársela, por supuesto, pero las implicaciones de no revelarlas, especialmente mientras los nuevos programas están dirigidos hacia niños tan jóvenes como de 12 de años, son significativas en un país que prohíbe expresamente recibir fondos de EEUU.
La USAID se ha convertido en un guerrero encubierto para socavar a los regímenes anti-estadounidense del mundo - sin la carga de responsabilidad que tiene la Comunidad de Inteligencia.
El objetivo del cambio de régimen de los programas es explícito: en lugar de financiarlos bajo las normativas de las autoridades educativas y culturales, los gobiernos de Bush y de Obama han insistido en simplemente citar a la ley Helms-Burton (”La Ley de la Libertad”) que prescribe un futuro post-Castro para Cuba.
En repetidas ocasiones se han propuesto varios cambios para aumentar la eficiencia y dirigir los fondos de modo que ayuden al pueblo cubano a mejorar sus vidas, como por ejemplo mediante el aprovechamiento de los ajustes económicos incipientes que Raúl Castro ha comenzado - para ayudar a la gente a valerse económicamente por sí mismos, y no sólo organizar y movilizar a la gente para protagonizar protestas.
La firme reacción de USAID ha sido que los programas no son para ayudar a los cubanos a vivir mejor en el presente, sino más bien estimularlos para que exijan un futuro mejor.
Como los otros millones de dólares que hemos gastado para derrocar al gobierno cubano, estos programas han fracasado, salvo para provocar el arresto de Gross e identificar a las personas que han aceptado asistencia de algunos otros funcionarios que envían a otros “operadores” en la isla.
Nuestra política debiese estar basada en lo que es efectivo para promover los intereses nacionales de EEUU -un cambio pacifico, democrático y evolucionario, y no en involucrarse en provocaciones gratuitas.
La retórica y las acciones que prolongan la estancia en prisión de un inocente americano, aparentemente engañado para servir como un peón dentro del contexto de 50 años de esfuerzos del gobierno de EE.UU. para lograr un cambio de régimen en Cuba, son contraproducentes.
Es hora de limpiar los programas para el cambio de régimen y negociar la liberación de Alan P. Gross.
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