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Solidaridad: CDH adopta resolución propuesta por Cuba

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) adoptó una resolución presentada por Cuba que destaca la solidaridad internacional como instrumento esencial en la promoción y protección de esos derechos.

Fue aprobada por un abrumador apoyo de los Miembros del CDH durante el 32 período ordinario de sesiones, informaron hoy fuentes diplomáticas.

Al presentar el proyecto de resolución, a nombre de los copatrocinadores, Anayansi Rodríguez, representante permanente de la isla ante la Oficina de la ONU en esta ciudad suiza, resaltó que "se ha adoptado consecutivamente, año tras año, con el apoyo de la inmensa mayoría de los países miembros de éste órgano".

Cuba llama a evitar politización de los DD.HH.

Cuba llamó hoy en Ginebra a hacer más para evitar que la selectividad, los dobles raseros y la politización se enraícen en los trabajos del Consejo de Derechos Humanos.

El Alto Comisionado puede hacer mucho para que dicho objetivo sea cumplido, expresó la embajadora de la isla ante la Oficina de la ONU en esta ciudad suiza, Anayansi Rodríguez, al intervenir en el 32o período ordinario de sesiones de ese órgano.

Sobre el informe presentado por el Alto Comisionado, Rodríguez se refirió a temas que requieren una atención especial en el marco de la Década Internacional de Personas Afrodescendientes, entre ellos asegurar la adecuada representación en las estructuras gubernamentales.

Cuba repudió acusaciones de EE.UU. en CDH de la ONU

Cuba repudió la intervención del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien al dirigirse hoy al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizó críticas a un grupo de países entre los cuales se encuentra la isla.

De acuerdo con el comunicado de la cancillería cubana, entre las naciones contra las cuales lanzó ataques verbales el funcionario estadounidense destacan Venezuela, China y Rusia.

Tras mencionar los pronunciamientos contra esos tres países, el documento refiere que Blinken, en las vísperas de la visita del presidente de los Estados Unidos, dijo que Obama enfatizará sobre la importancia de que el pueblo cubano sea libre de elegir a sus dirigentes y expresar sus ideas.

Declaración de Cuba sobre Libia en el Consejo de DDHH de la ONU (+ video)

Declaración del representante permanente de la República de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Libia. Ginebra, 25 de febrero del 2011.

Señor Presidente:

Hace menos de 72 horas, Cuba, por intermedio de su Ministro de Relaciones Exteriores expresó, en Bruselas, lo siguiente:

“Seguimos con suma atención los acontecimientos de orden interno que ocurren en Libia y su repercusión internacional. Son muy numerosas y no pocas veces contradictorias las noticias que se están divulgando. Algunos políticos y medios de prensa norteamericanos están incitando a la violencia, a la agresión militar y a la intervención extranjera. Los ánimos están exaltados en todas partes y temo que puedan conducir a graves errores internacionales e internos.

Deseamos que el pueblo libio logre una pronta solución pacífica y soberana a la situación allí creada, sin ningún tipo de injerencia ni intervención extranjera, que garantice la integridad de la Nación libia.”



La situación sigue siendo confusa y evoluciona aceleradamente. La información aparece de manera fragmentada, en muchos casos divergente y hasta se detecta el esfuerzo por usarla con el ánimo de incitar a una mayor desestabilización, que puede redundar en más daños y pérdidas de vidas.

Las preocupaciones que reflejaba dicha declaración lamentablemente se han hecho realidad y ese país ya está enfrascado en una guerra civil, en el contexto de una crisis económica mundial de grandes dimensiones que sume a los pueblos de esa región y del mundo en la desesperanza.

A todos nos preocupa la pérdida de vidas humanas y los daños provocados a la población civil por el conflicto que hoy se desarrolla en Libia. Nadie que actúe con honestidad puede estar de acuerdo con la muerte de civiles inocentes, lo que rechazamos de manera tajante en cualquier lugar del mundo que suceda. Es un aspecto en el que compartimos enteramente la opinión mundial.

Pero no podemos aceptar el riesgo de que se aproveche de modo oportunista esta trágica situación para satisfacer apetitos intervencionistas, arrebatarle al pueblo libio su soberanía y apoderarse de sus recursos. Ya se habla de una intervención militar humanitaria, a la cual nos oponemos porque, en lugar de resolver la situación, la complicaría aún más y podría tener otras graves implicaciones. Cuba denunció desde el primer momento los planes de ocupación de Libia y rechaza categóricamente cualquier maniobra que favorezca tales propósitos. Con seguridad, el pueblo libio se opone a toda intervención militar extranjera.

Señor Presidente:

Es nuestro deber pronunciarnos ante algunos elementos que contiene la resolución aprobada y que constituyen un nefasto precedente para la cooperación en materia de derechos humanos en que se debe sustentar la labor del Consejo.

Desde un principio, cuando estábamos construyendo este nuevo Consejo, Cuba se opuso a la cláusula de suspensión de la membresía de un Estado. Su inclusión en la resolución 60/251 sentó un negativo precedente, que lastró al naciente órgano con un aditivo que no tiene paralelo en otro órgano de la Naciones Unidas. Afortunadamente, nunca se había invocado hasta hoy, pero su empleo en esta ocasión abrirá las puertas para aquellos que buscan legitimar este mecanismo con el objetivo de utilizarlo selectivamente contra aquellos países que disienten de sus patrones.

Cuba, en consecuencia, se desasocia del párrafo — de la resolución aprobada.

Para concluir, Señor Presidente, Cuba desea hacer un llamado a la calma y reitera su confianza en la capacidad del pueblo libio para resolver sus problemas internos, sin injerencia extranjera alguna, y preservar la paz, la estabilidad y la soberanía del país.

Muchas gracias.

(Tomado de Cubadebate.cu)

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Mercenarismo: industria corsaria en el siglo XXI.

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: ¿Una victoria pírrica contra la industria corsaria del siglo XXI?

José L. Gómez del Prado*

Cuba ha liderado, durante estos últimos veinte años, en el seno de las Naciones Unidas la cuestión de los mercenarios y de las repercusiones de las actividades de las empresas privadas- que ofertan en el mercado internacional servicios de asistencia, asesoría y seguridad militares- sobre el disfrute de los derechos humanos y también ha sido el principal patrocinador de las resoluciones de Naciones Unidas sobre este tema.

La posición de los países del Grupo Occidental, que continúan percibiendo las iniciativas cubanas como en la época de la Guerra Fría, ha sido inexorablemente de rechazo a las mociones presentadas por Cuba y de emisión de un voto negativo en relación con la creación, mandato y recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre mercenarios. Los Estados Miembros del Grupo Occidental- principalmente Estados Unidos de América y el Reino Unido, donde radican aproximadamente el 70% de las empresas militares y de seguridad privadas (EMSP)- han desacreditado las resoluciones presentadas por Cuba, argumentando que esas empresas son entidades comerciales legítimamente registradas y que sus empleados no son mercenarios sino contratistas privados. Asimismo, los países occidentales consideran que el Consejo de Derechos Humanos no es el foro apropiado para debatir esos temas.

Interesa recordar que dichas empresas ejecutan contratos de gobiernos, principalmente de los Estados Unidos, de compañías multinacionales, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales facilitando, entre otras actividades, formación de personal, inteligencia y seguridad pasiva. Desde 2001, la utilización de contratistas privados en Irak y Afganistán y las violaciones de derechos humanos que han perpetrado ha suscitado una seria preocupación y generado un debate en el ámbito internacional respecto a las funciones que las EMSP deberían desempeñar, qué normas se les deberían aplicar y cómo se deberían controlar sus actividades.

Para responder en parte a estas preocupaciones, los dos gobiernos donde están localizadas la mayoría de las EMSP, los Estados Unidos y el Reino Unido, conjuntamente con el gobierno suizo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las dos principales asociaciones de la industria de la seguridad, la International Peace Organization Association (IPOA)– para los Estados Unidos– y la British Association of Private Security Companies (BAPSC)– para el Reino Unido– lanzaron la Iniciativa Suiza, que culminó en 2009 con la adopción del Documento de Montreux. Dicho documento reitera las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y presenta una serie de buenas prácticas a seguir, de manera voluntaria, sin obligación alguna por parte de dichas empresas. Sin embargo, a menos que esos excelentes ejemplos sólo estén ahí para el escaparate, las buenas prácticas no se pueden dejar únicamente a la autorregulación: es necesario que se establezca un mecanismo de aplicación reglamentado y controlado por los gobiernos.

Dejadas sólo a su autorregulación las EMSP continúan sin aplicar las buenas prácticas y el Documento de Montreux parece más bien una operación de relaciones públicas. Las torturas cometidas en la cárcel iraquí de Abou Ghraib, las ejecuciones sumarias perpetradas en Nissour Square, Bagdad, así como la falta de procedimientos en el reclutamiento del ex soldado Danny Fitzsimons- que a pesar de haber sido diagnosticado con desordenes de estrés post traumático en enero de 2004, mayo de 2008 y junio de 2009, fue contratado por ArmorGroup y enviado a Irak sin reconocimiento médico alguno y terminó asesinando a dos de sus colegas e hiriendo a un tercero tan solo 36 horas después de su llegada al destino- deberían ser suficientes para demostrar la necesidad de reglamentar y controlar las actividades de soldados privados.

Precisamente por las consecuencias que las actividades de esas empresas tienen en el disfrute de los derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios ha recomendado en sus informes de 2010 al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas la elaboración de un instrumento vinculante que regule y controle sus actividades en el ámbito nacional e internacional. Por primera vez, este año, se presentó a dicho Consejo una resolución diferente en la que se disocian las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas del tradicional texto sobre mercenarios. El principal copatrocinador de dicha resolución ha sido el gobierno de Sudáfrica, un país que se ha visto obligado a repatriar los cadáveres de 40 ciudadanos contratados por EMSP para trabajar en Irak.

Dicha resolución prevé la creación de un grupo intergubernamental de composición abierta, con el mandato de elaborar un instrumento legal vinculante para reglamentar y controlar las consecuencias de las actividades militares y de seguridad privadas en el disfrute de los derechos humanos, sobre la base de los principios, elementos principales y el texto del proyecto de una posible convención propuestos por el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios. La resolución fue adoptada, el 1 de octubre, por 32 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones. El voto negativo de las delegaciones del Grupo Occidental (salvo las abstenciones de Noruega y Suiza) muestra que los intereses de la nueva industria en expansión de la seguridad- se estiman a más de 100.000 millones de dólares los ingresos anuales- han estado bien defendidos, como lo fueron en numerosas ocasiones anteriores. A este efecto, cabe mencionar que la consulta regional para los Estados Occidentales- que debía celebrarse en Madrid en octubre del 2010- tuvo que ser anulada por falta de interés de los gobiernos occidentales en participar en dicha consulta.

El voto negativo de los Estados Occidentales (entre los que se incluye el de España, miembro del Consejo de Derechos Humanos), a pesar de las modificaciones hechas por los patrocinadores de la resolución para conseguir un consenso, indica la firme voluntad por parte de los Estados en donde radica la nueva industria corsaria del siglo XXI de estar ausentes desde el principio de un debate de fondo sobre todas las cuestiones que plantean las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas, como la privatización de la guerra. Sin la participación del Reino Unido y de los Estados Unidos, los principales exportadores de las actividades de las EMSP, así como de otros Estados Occidentales en donde la nueva industria continua creciendo, la resolución adoptada en el Consejo de Derechos Humanos presenta el aspecto de una victoria pírrica, a menos que…la sociedad civil y la opinión pública de los países occidentales ejerzan la suficiente presión sobre sus respectivos gobiernos.

Madrid, 20 de octubre de 2010
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*José L. Gómez del Prado - Miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios


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