El Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla rechazó en los términos más enérgicos el anuncio del Departamento de Estado de permitir que, a partir del 19 de marzo y al amparo del Título III de dicha ley, se presenten demandas judiciales en tribunales norteamericanos contra empresas cubanas.
Se trata de entidades y subentidades, más de 200, incluidas en una unilateral lista que Washington elaboró en noviembre de 2017 y actualizó un año después para estrechar su cerco económico, reseñó Prensa Latina.
La Cancillería recordó que ese listado arbitrario e ilegítimo busca recrudecer el bloqueo y extender sus efectos extraterritoriales, al prohibir a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras directas con las entidades señaladas.
El Departamento de Estado también indicó hoy que suspendería por solo 30 días la posibilidad de iniciar acciones judiciales por igual concepto en contra de otras compañías cubanas o extranjeras con vínculos comerciales o económicos en la isla.
Desde su entrada en vigor en 1996, la ley Helms-Burton ha procurado universalizar el bloqueo económico, mediante presiones brutales e ilegales contra terceros países, sus gobiernos y sus empresas, advirtió.
En ese sentido, condenó el empeño en asfixiar la economía cubana, y promover o aumentar las carencias de la población con el propósito de imponer en Cuba un gobierno que responda a los intereses de Estados Unidos.
Por sus pretensiones ilegítimas y contrarias al Derecho Internacional, la ley Helms-Burton y el bloqueo concitan el rechazo universal, reiterado durante casi tres décadas, en los más importantes organismos regionales e internacionales, subrayó la Cancillería.
La declaración cubana repudió además el título II de la ley Helms-Burton, que dispone que tras el derrocamiento del gobierno revolucionario vendría la devolución o pago a los antiguos propietarios de todas las propiedades que sean reclamadas por antiguos dueños o sus descendientes, hayan sido estadounidenses o no al momento de las nacionalizaciones o de que las abandonaron.
En todo ese período, el bloqueo económico permanecería en pleno vigor.
Por consiguiente, los cubanos estarían obligados a devolver, restituir o pagar a reclamantes de Estados Unidos por la casa donde viven, el terreno donde se edifican sus comunidades, la tierra agrícola donde cultivan y producen, la escuela donde se educan sus hijos o el hospital donde reciben servicios médicos.
Es una pretensión solo concebible en las mentes de quienes identifican a Cuba como una posesión colonial, subrayó.
Según dispone la ley Helms-Burton, el bloqueo económico sólo se podría levantar cuando se haya alcanzado esa ambición.
Cuba a través de su Cancillería afirmó que esta ley descansa sobre dos mentiras fundamentales: la noción de que las nacionalizaciones llevadas a cabo poco después del triunfo revolucionario fueron ilegítimas o indebidas y que Cuba constituye una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Las nacionalizaciones cubanas se llevaron a cabo amparadas por leyes, con estricto apego a la Constitución y en conformidad con el Derecho Internacional, explicó.
Asimismo reiteró que todas las nacionalizaciones contemplaron procesos de compensación justa y adecuada que el gobierno de Estados Unidos se negó a considerar.
Cuba alcanzó y honró acuerdos globales de compensación con otras naciones que hoy invierten en Cuba como España, Suiza, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia.
La isla igualmente ratificó a los socios económicos y las empresas extranjeras que operan aquí todas las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos, al amparo de la nueva Constitución de la República, recién respaldada en las urnas por la inmensa mayoría de los cubanos.
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