El terrorismo de Estado con su saldo de más de cinco mil víctimas, las agresiones biológicas, las campañas mediáticas y el bloqueo económico, comercial y financiero conforman una política que tal vez ningún país ha sufrido a lo largo de la historia, pese al reconocido fracaso del objetivo de imponer a los cubanos una agenda que no escogieron. Alegadas violaciones de los derechos humanos y de exportar la revolución a otros pueblos oprimidos han servido como puntas de lanza a Washington para justificar su postura ante la comunidad internacional.
'Nadie puede negar que la Revolución que nacía aquel 1 de enero no ha tenido, a lo largo de 60 años, un minuto de sosiego, ya vamos por 12 administraciones norteamericanas que no han cejado en el empeño de forzar un cambio de régimen en Cuba utilizando una u otra vía, con mayor o menor agresividad', advirtió hace apenas unos días el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro.
El líder señaló que la actual administración parece tomar el rumbo de la confrontación, y algunos de sus voceros buscan el deterioro de las relaciones bilaterales a partir del fortalecimiento del bloqueo.
De los pretextos empleados contra la mayor de las Antillas, tal vez el menos conocido es el de las nacionalizaciones que el gobierno cubano realizó en la década de los años 60 del pasado siglo, una medida legítima en el propósito de la Revolución de devolver el archipiélago a su único dueño: el pueblo de Cuba.
En marzo de 1996, el entonces presidente William Clinton firmó la Ley Helms-Burton, una escalada en la agresividad de la Casa Blanca, dirigida a recrudecer el bloqueo y multiplicar su carácter extraterritorial, iniciativa que incluye el polémico Título III.
Dicho apartado establece la autorización a nacionales estadounidenses y a propietarios que no eran ciudadanos de Estados Unidos al momento de producirse las nacionalizaciones -cuyas supuestas propiedades nadie ha certificado- a presentar ante tribunales del país norteño demandas contra todo extranjero que 'trafique' con las mismas.
Sucesivos republicanos y demócratas ocupantes de la Oficina Oval en el uso de sus facultades ejecutivas y de lo dispuesto en la propia ley, incluyendo a Donald Trump en 2017 y 2018, suspendieron por seis meses la aplicación del Título III, conscientes del complejo panorama que representaría su materialización.
La víspera, el Departamento de Estado anunció la suspensión por sólo 45 días, argumentando la intención de revisar cuidadosamente el tema 'a la luz de los intereses nacionales de Estados Unidos y de los esfuerzos por acelerar una transición hacia la democracia en Cuba'.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTE PASO?
En una declaración de rechazo a la decisión de ayer, la Cancillería de la isla llamó la atención sobre el impacto que traería la materialización del Título III de la Ley Helms-Burton, en particular la violación flagrante del Derecho Internacional y el ataque directo a la soberanía y los intereses de terceros países.
'Esta decisión que el gobierno de los Estados Unidos amenaza con adoptar, implicaría que, contrario a lo que establece el Derecho Internacional y la práctica de las relaciones internacionales, individuos y entidades extranjeras con negocios legítimos en Cuba, puedan verse ante la amenaza de afrontar reclamaciones infundadas y carentes de legitimidad ante tribunales de los Estados Unidos', subrayó.
Asimismo, mencionó la posibilidad de que cualquier cubano y cada comunidad del país podrían ver cómo se presentan ante tribunales demandas por la propiedad de la vivienda que ocupan, el centro de trabajo donde laboran, la escuela a la que asisten sus hijos, el policlínico donde reciben atención médica y los terrenos sobre los que se edifican sus barrios.
De acuerdo con el director para Estados Unidos de la Cancillería, Carlos Fernández de Cossío, de imponerse el Título III, constituiría un serio obstáculo para solucionar el tema de las reclamaciones, afectaría los intercambios bilaterales y la escasa cooperación entre las partes.
A partir del acercamiento anunciado en diciembre de 2014 por los entonces presidentes Raúl Castro y Barack Obama, La Habana y Washington dieron pasos iniciales en los diálogos sobre compensaciones mutuas, pese a la elevada complejidad política, técnica y jurídica del asunto.
La gran prensa y personas interesadas en la confrontación sólo mencionan la cuestión de las nacionalizaciones cubanas y el derecho a la reclamación de los afectados, pero ignoran el derecho de la isla al resarcimiento por décadas de agresividad desde Estados Unidos.
En ese sentido, el Tribunal Popular Provincial de La Habana declaró 'Con Lugar' en noviembre de 1999 la demanda del pueblo cubano contra el gobierno de Estados Unidos por daños humanos y lo sancionó a repararlo e indemnizarlo por 181 mil 100 millones de dólares.
Unos meses después, el propio tribunal sentenció compensaciones por 121 mil millones de dólares, cifras que han aumentado con la continuidad del bloqueo económico, comercial y financiero.
Cuba ha reiterado su disposición a hallar una solución al complejo asunto, que sería aún mucho más difícil de resolver si la Casa Blanca decide hacerle el juego a los sectores anticubanos más hostiles, que abogan por la aplicación del Título III.
A propósito del asunto, Fernández de Cossío recordó recientemente en Twitter que las nacionalizaciones de los años 60 se realizaron en sintonía con las leyes locales e internacionales.
Cuba contempló las compensaciones, fue el gobierno de Estados Unidos el que nunca aceptó abordar la cuestión, dijo el diplomático, quien aseguró que se trata de una postura fácil de verificar y 'la tergiversación de los hechos no puede cambiar la historia'.
En las últimas horas, dirigentes de la isla han reaccionado a la política de chantaje y mentira de Washington.
'No permitiremos el chantaje político, tenemos razones y verdades suficientes y legítimas para enfrentar tanta hostilidad y desprecio', escribió en Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel, mientras el canciller Bruno Rodríguez calificó la maniobra con el Título III de una hostilidad irresponsable y un brutal ataque al Derecho Internacional y a terceros Estados.
Ante tan tenso escenario, cobra gran importancia el llamado de Raúl Castro del pasado 1 de enero.
'Reitero nuestra disposición a convivir civilizadamente, pese a las diferencias, en una relación de paz, respeto y beneficio mutuo con los Estados Unidos. También hemos señalado con toda claridad que los cubanos estamos preparados para resistir un escenario de confrontación, que no deseamos, y esperamos que las mentes más equilibradas en el gobierno norteamericano lo puedan evitar', sentenció.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario