Ha sido una lástima que el Presidente de la nueva administración del Poder Ejecutivo no haya mencionado ni una sola vez en su discurso a los derechos humanos -entre otros olvidos intencionados- y sólo haya mencionado lo humano como “recursos”.
El frente de partidos que deja el gobierno tuvo en tres gestiones una gran oportunidad para desmontar la herencia neoliberal y, si bien avanzó en algunos aspectos, no supo, no pudo o no quiso según los casos, desmontar esa herencia y avanzar en un proceso de emancipación nacional y social como sí sucedió en otros países de la región. Su discurso muchas veces contrastaba con sus actos y alianzas (corporaciones mineras, del agro, petroleras y financieras), mientras consolidaba un estilo de confrontación y polarización que le fue quitando apoyo en ciertos sectores sociales, culminando en el primer balotaje de la Argentina.
Luego de esto, a pesar de haber perdido, el FPV no ha hecho pública ninguna autocrítica de por qué pasó lo que pasó. Paradójicamente, no haber reconocido ningún error en 12 años puede tener mucho que ver con este desenlace: que por primera vez una coalición de derecha asuma el poder a través de elecciones libres y abiertas.
El pueblo evaluará las decisiones tomadas en base a las promesas de campaña, sus derechos, necesidades y lo que vaya mostrando la realidad. Mientras tanto, lo que vemos en este primer mes, son iniciativas muy preocupantes que atentan contra los trabajadores, las instituciones y derechos básicos para cualquier democracia.
Durante la campaña, la coalición electa “Cambiemos” puso mucho énfasis en respetar las instituciones y la república. Sin embargo, en menos de una semana pisoteó su propio relato republicanista con una aluvión de Decretos de Necesidad y Urgencia, que no tienen nada de necesarios ni de urgentes, con el fin de sortear el debate de nuestros representantes en el Congreso, sabiendo que se puede convocar a sesiones extraordinarias.
No sólo intervino y disolvió organismos creados por ley, sino que quiere forzar la destitución de la Procuradora General de la Nación, cuyo mandato otorgado por el Senado aún está vigente, y ya le ha sacado funciones que representaban un avance institucional.
Hechos que se suman a una medida autoritaria inédita: el nombramiento por decreto de dos jueces en la Corte Suprema de Justicia. Los jueces decretados por un presidente, son jueces del Presidente, sin importar sus currículums. La Venezuela Bolivariana que tanto critica “Cambiemos” nunca hizo algo como eso, sus jueces siempre fueron aprobados por la Asamblea Nacional.
Es indispensable iniciar un proceso amplio y participativo de democratización de la justicia y selección de los magistrados de cara a la sociedad.
En materia de seguridad y derechos humanos, paradójicamente, en el único momento que el Presidente Macri asumió el papel de “defensor de los Derechos Humanos” fue en su primera presentación en el MERCOSUR y no tuvo que ver con la Argentina. Mostrando su alineamiento injerencista, defendió a quienes están presos por salir a quemar edificios en Venezuela para derrocar un gobierno electo democráticamente.
Mientras tanto en la Argentina hay más de 6.843 casos de torturas en cárceles en el año 2014, que el nuevo gobierno tiene que asumir, visibilizar e investigar en base a los informes que hemos elaborado entre la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPYDH del Instituto Gino Germani de la UBA.
Hacia adentro del país, el Pro quiere subordinar la cuestión social a las políticas de seguridad que, desde esta perspectiva, opera como reproductoras de las desigualdades. Las declaraciones de emergencia en materia de seguridad y penitenciaria, no apuntan a promover un cambio del paradigma punitivo del Estado ni a atacar el delito complejo, sino que mantienen el sesgo clasista, efectista y selectivo del último eslabón de la cadena, mientras pretenden legalizar contrataciones directas en vez de hacerlas con licitación.
La coalición electa también habló mucho de dejar de perseguir al otro por pensar de forma diferente, y lo primero que ha hecho es desguazar la Ley de Medios, con la intención de priorizar la libertad de empresa por encima de la libertad de prensa.
La Ley de Medios no es una Ley K, es de todos los argentinos porque fue amplia y largamente debatida por nuestra sociedad, y porque reemplazó la ley de facto de la última dictadura. Cuando fui a apoyarla en las audiencias nacionales del Congreso reivindicamos el objetivo de desmonopolizar los medios y de democratizar la palabra. Se podrá objetar la forma de instrumentación de la ley, pero en modo alguno se puede aceptar la vuelta atrás con el derecho a la libre expresión. Por eso siempre voy a defender la Ley de Medios y su correcta aplicación. En vez de censurar, los argentinos necesitamos más voces, porque la paz se construye en el respeto a la diversidad y aceptando críticas.
Otra de las banderas de campaña del actual frente de gobierno fue la de Pobreza cero, porque aún persisten graves desigualdades por resolver como los problemas de acceso a la tierra y una vivienda digna y al trabajo. Pero las medidas tomadas en este poco tiempo fueron en sentido totalmente contrario. Entre ellas, se devaluaron los salarios un 45%, se consintieron aumentos en bienes primarios, se suspendieron paritarias y la publicación de estadísticas, bajaron los impuestos a los que más tienen y despidieron masivamente a miles y miles de trabajadores públicos -que puede ser imitado por el sector privado- para imponer miedo. Y mientras reprimen a los que protestan, el Ministro de Economía se pronuncia extorsivamente diciéndole a los trabajadores y sindicatos que deben evaluar si prefieren pedir aumentos o mantener fuentes de trabajo.
El neoliberalismo acarreó la pérdida de la soberanía nacional, privilegió la entrega del patrimonio nacional a mano de las grandes corporaciones extranjeras, mientras aumentaba en el pueblo la marginalidad y el hambre, de la mano de la impunidad política y jurídica de sus artífices. La historia Argentina y del mundo entero nos enseñan que no es conciliable la política “del derrame”, con los derechos y las necesidades del pueblo.
La nueva administración -y sus gerentes de corporaciones o CEOs- debe respetar las instituciones democráticas del Estado, y asumir que su primera obligación es defender y promover los Derechos Humanos y del Pueblo. No debe caer en la soberbia de la “curda del poder” que aleja a muchos funcionarios del camino que deben seguir. Los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Los gobernantes deben cumplir sus funciones cómo Servidores del Pueblo, y no servirse del pueblo para sus intereses partidarios y personales.
Debemos hacer memoria para que nos ilumine el presente. El pueblo argentino pasó por etapas dolorosas entre luces y sombras, y asumió la resistencia y la lucha popular para recuperar la democracia, la Verdad y la Justicia. Muchos arriesgamos la vida en defensa de las libertades civiles y los derechos del pueblo. No podemos renunciar a las banderas que nacieron del pueblo y le pertenecen. Quienes luchamos desde siempre, no estamos dispuestos a dar un paso atrás.
- Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz 1980.
http://www.alainet.org/es/articulo/174711
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