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Para muchos, la política hacia Cuba constituye una escandalosa desigualdad en el tratamiento a los inmigrantes. La garantía para el ingreso legal de 20 000 personas anuales, el máximo permitido por la ley y, en la práctica, solo aplicable al caso cubano; el asilo automático a todo inmigrante indocumentado que pise el suelo de Estados Unidos y la existencia de una exclusiva “ley de ajuste” con plazo indeterminado, que asegura a los inmigrantes procedentes de Cuba la posibilidad de obtener la residencia permanente mucho antes que cualquier otro grupo, es motivo de crítica o resentimiento, tanto por los xenófobos conservadores opuestos a todo tipo de inmigración, como por los grupos defensores de los derechos humanos que reclaman un tratamiento equitativo para todos.
Si tal política ha sido sostenible a lo largo de cincuenta años fue porque encontró su racionalidad en el supuesto de que los cubanos no eran inmigrantes, sino exiliados, y porque históricamente la política migratoria hacia Cuba ha formado parte de una estrategia más abarcadora, destinada a
desestabilizar el sistema cubano, a la cual se han sumado tanto conservadores como liberales norteamericanos, presentándola públicamente como un asunto de interés nacional y un compromiso con la “democracia” en el mundo.
Partiendo de estas premisas, los inmigrantes cubanos, sobre todo el llamado “exilio histórico”, recibió beneficios económicos y sociales extraordinarios, así como un tratamiento especial, que llegó a convertirlo en el grupo latino mejor representado en las estructuras políticas del país. Tales condiciones determinaron el poder relativo alcanzado por la extrema derecha cubanoamericana en la vida política de EE.UU. y explican las razones por lo que hasta ahora han defendido a capa y espada esta excepcionalidad.
La llegada masiva de inmigrantes cubanos y su rápida incorporación a la vida política local como resultado de la ley de ajuste se correspondía con los intereses domésticos de la maquinaria política de la extrema derecha cubanoamericana, en tanto incrementaba constantemente su base electoral, especialmente en el enclave miamense. Debido a ello han aceptado la firma de acuerdos migratorios, el único existente entre los dos países, a pesar de que tal tipo de arreglo se contradice con el discurso contrarrevolucionario, siempre enemigo a cualquier tipo de conciliación.
El problema se complicó cuando cambió la naturaleza de los inmigrantes cubanos y, más que reproducir, estas personas tienden a transformar los patrones ideológicos y políticos de la base social que les ha servido de sustento. El primer intento para enfrentar esta realidad ha sido el esfuerzo por enmendar la ley de ajuste, condicionando su aplicación a la prohibición de que los nuevos inmigrantes visiten Cuba, lo que implica retrasar varios años la participación electoral de aquellos que no se ajusten a esta norma.
Si nos atenemos a esta lógica, es de esperar entonces que el próximo paso sea tratar de entorpecer la continuidad de los acuerdos migratorios entre los dos países. Mirado desde su perspectiva parecería una jugada perfecta: reducirían el número de inmigrantes indeseados, crearían nuevos conflictos con Cuba y apostarían a aumentar las presiones internas en el país, a pesar de que si bien se reducirían las posibilidades de emigrar, también disminuiría el estímulo para hacerlo.
Con seguridad tal posición encontrará muchos adeptos en el sistema político norteamericano. El gobierno se quitaría de encima tener que defender una excepcionalidad que ya no tiene sustento en la realidad ni resulta funcional para su política hacia Cuba; los conservadores verían confirmados su
propósitos de reducir la inmigración a toda costa y los liberales, que tampoco tienen la voluntad de extender este tratamiento a todos los inmigrantes, lo asumirían como un acto de justicia.
No obstante, mirado estratégicamente se trata de un intento condenado al fracaso. En primer lugar, porque acrecienta la distancia entre la actual representación política de la comunidad cubanoamericana y su base electoral, la cual verá afectados sus intereses en asuntos tan sensibles como la reunificación familiar y el contacto con su patria de origen. En verdad, tales medidas constituyen una fábrica de enemigos que, tarde o temprano, les pasarán la cuenta.
En segundo lugar, porque esta política no cambia la realidad de que se están produciendo transformaciones en la comunidad cubanoamericana cuyo desenlace resulta inevitable y no solo están determinadas por el acceso de nuevos inmigrantes, sino por la acelerada desaparición física de la mayoría del llamado “exilio histórico”, por el desgaste de la beligerancia como alternativa y por la emergencia de nuevas generaciones, que ya demuestran tendencias políticas distintas a las de sus padres y abuelos.
Si ello no ha tenido aún una expresión cabal en la vida política miamense es debido a que aún estas tendencias no resultan mayoritarias en el electorado y las nuevas figuras políticas han surgido manipuladas por la vieja maquinaria de la extrema derecha. Pero es solo un problema de tiempo que las
presiones electorales transformen esta realidad y aparezcan nuevas tendencias condenando a más de un político al ostracismo o a cambiar camaleónicamente sus posiciones, como ocurre usualmente en la política norteamericana.
Por otro lado, en lo que sí puede tener un peso relevante la llegada de nuevos inmigrantes cubanos, es en el balance relativo del electorado cubanoamericano respecto a otros grupos latinos en el sur de La Florida. Ya vemos como el peso específico de los votantes cubanoamericanos disminuye en
relación con estos grupos y tal tendencia aumentaría aceleradamente si se reduce el número de personas de origen cubano que arriban al país, perjudicando a la comunidad cubanoamericana en su conjunto.
La intolerancia de la extrema derecha no le permite sacar estas cuentas. Como el alacrán, prefiere matar a la tortuga que lo ayuda a cruzar el río, porque eso es lo que se aviene a su naturaleza.
Fuente: Grupo El Heraldo
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