El objetivo de ese fondo público, apuntó el sitio digital Cubadebate, no es beneficiar al pueblo, sino reforzar con acceso a tecnologías a individuos que respalden la política de “cambio de régimen en la isla”, facilitando servicios de red e instrumentos solo a colaboradores identificados para estos fines.
Los fondos serán administrados por tres entidades del Departamento de Estado: la Oficina de Latinoamérica y el Caribe (LAC) de la USAID; la Oficina de la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo (DRL); y Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA).
El mayor bloque individual de dinero es de cuatro millones, los cuales serán empleados por LAC en un programa de “democracia digital” para estimular el uso de “tecnología innovadora”, según señaló la carta.
El texto no ofrece detalles sobre los destinatarios del dinero y las tecnologías, “para proteger a los programas de los intentos de Cuba por pararlos”, aunque un empleado del Congreso enterado del caso precisó que estimulará el suministro de computadoras, DVDs, unidades USB y teléfonos celulares.
WHA recibió una asignación de un millón 530 mil dólares para un programa de “entrenamiento a distancia sobre habilidades básicas para la información tecnológica”.
La DRL tiene más de un millón de dólares para proporcionar entrenamiento, equipos y software a individuos que recopilan información sobre supuestos abusos contra los derechos humanos, que ninguna otra fuente verifica.
La carta se hizo pública dos días después de la decisión de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) de expulsar a la USAID de sus territorios, por constituir “un factor de perturbación que atenta contra la soberanía y estabilidad política” de esos países.
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