Se trata también de una denuncia nuevas acciones de Estados Unidos dirigidas a marcas comerciales de la isla, en una posición que atenta contra la protección de la propiedad industrial.
En la declaración difundida en el diario Granma, la Cancillería mencionó la negativa de la Corte Suprema estadounidense para que la compañía Cubaexport tuviera la posibilidad de defender su derecho de renovar el registro de Havana Club ante la Oficina de Marcas y Patentes.
Ese paso enfrenta el rechazo de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, a otorgar a la entidad cubana la licencia que le hubiese permitido renovar la marca registrada en ese país desde 1976 hasta el 2006.
Dicha negativa fue hecha al amparo de la Sección 211 de la Ley Ómnibus (¡!), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos a fines de 1998, la cual prohíbe el reconocimiento y renovación de marcas asociadas a propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano.
Eso es resultado de las maniobras de la mafia anticubana de Miami y sus aliados dentro del Congreso, en retribución a las contribuciones financieras que reciben de la compañía Bacardí, "la real promotora de estas acciones contra Cubaexport, dirigidas a usurpar las marcas y mercados del ron genuina y legítimamente cubano", expresa la nota.
La Cancillería recordó que desde 1995, Cubaexport, de conjunto con la compañía francesa Pernod Ricard, distribuidora del ron Havana Club, ha defendido su derecho a registrar la reconocida marca.
Esa intención encontró respaldo en la decisión del Panel de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que falló contra Estados Unidos y reclamó la eliminación de dicha Sección considerada ilegal.
Durante el proceso judicial que ahora ha llegado a su final, la OFAC argumentó que no emitiría la licencia que exige la Sección 211, porque el Departamento de Estado había ordenado no hacerlo debido a que ello no se correspondería con la política norteamericana de Estados Unidos hacia Cuba.
Esta acción constituye una grave violación de los compromisos de los Estados Unidos en materia de Propiedad Industrial, que lo obligan a proteger las marcas de las compañías e instituciones cubanas, prosiguió la declaración. [AIN/PL]
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