Martin Luther King III y Kathleen Kennedy, respectivos hijos del histórico activista y del senador demócrata, ambos asesinados en 1968, se unieron hoy a la iniciativa "Alcaldes contra las armas ilegales", para reclamar el cumplimiento de la ley en Estados Unidos y evitar tragedias como la de Tucson, según EFE desde Washington."Durante décadas hemos tolerado una insensible violencia con armas que ha provocado la muerte de muchos de nuestros conciudadanos, particularmente los más jóvenes", afirmó hoy en un comunicado Martin Luther King III, hijo del conocido defensor de los derechos civiles de los negros.
El mayor de los hijos del histórico activista, quien preside la fundación King Center para la preservación del legado de su padre, añadió que "si queremos una sociedad pacífica, debemos hacer cumplir nuestras leyes en materia de seguridad, para evitar que unos pocos violentos y peligrosos destruyan la paz y armonía de muchos".
A la iniciativa "Alcaldes contra las armas ilegales", que recuerda que 34 personas mueren al día en Estados Unidos por disparos de armas -y que, en gran parte de los casos, son ilegales-, se sumó hoy además la hija de Robert Kennedy, Kathleen Kennedy.
"El presidente (John F.) Kennedy y el senador Robert F. Kennedy (RFK), mi tío y mi padre, dedicaron sus vidas a servir a este país. Pero por culpa de asesinos armados, ambos hicieron su último sacrificio y sus vidas al servicio público se vieron truncadas antes de tiempo", expresó la mayor de las hijas de "RFK".
Tanto King como Kennedy se unieron así a una iniciativa contra las armas ilegales que fue retomada por unos 550 alcaldes de diferentes estados del país tras la masacre de Tucson, donde el pasado 8 de enero Jared Lee Loughner mató a seis personas y dejó a catorce heridas, entre ellas la congresista demócrata Gabrielle Giffords.
Loughner poseía permiso para tener armas a pesar de que no se le permitió ingresar al Ejército por abuso de drogas, una de las causas por las que una persona no puede comprar armas en Estados Unidos.
Según la ley aprobada en 1968, cualquier ciudadano puede hacerse con un arma excepto si se demuestra que puede ser un peligro para sí mismo o para los demás.
Por ello, "Alcaldes contra las armas ilegales" pide al Congreso que tome dos medidas para mejorar la implantación de la ley.
La primera de ellas, reclama que los historiales que se deben revisar antes de dejar que alguien compre un arma contengan también datos sobre si existe un pasado delictivo, incidentes de violencia doméstica y enfermedades mentales, algo que piden al Congreso que se cumpla en los próximos tres años.
La segunda, pide que cada compra de un arma en Estados Unidos sea sometida a una revisión de ese archivo y que se acabe con las lagunas legales que permiten vender armas sin revisar ese registro.
Además de King y Kennedy, se han unido a la iniciativa decenas de víctimas de masacres, como la de Columbine, en la que dos adolescentes mataron a trece jóvenes en un colegio de Colorado, o como la de Virginia Tech, donde un estudiante mató a treinta personas en una universidad de ese estado.
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