Después de que Donald Trump anunció el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el Congreso estadounidense quedó dividido y conmocionado. Muchos legisladores demócratas condenaron la acción por no contar con la aprobación del Congreso, argumentando que la Constitución otorga al Legislativo la responsabilidad exclusiva de autorizar el uso de la fuerza militar. Senadores como Jack Reed señalaron que no se presentó ningún plan serio y advirtieron sobre los costos humanos, estratégicos y morales de usar la fuerza para gobernar otro país. Varios legisladores, entre ellos Seth Moulton y Jeanne Shaheen, dijeron que la administración les había asegurado en sesiones informativas que no habría invasión, tropas en tierra o cambio de régimen, y ahora sienten que fueron engañados. Algunos demócratas planean votaciones para limitar futuras acciones sin autorización del Congreso.
Por otro lado, muchos republicanos apoyaron públicamente la operación. El líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, la calificó de “decisiva y justificada” y dijo que Trump protegía vidas estadounidenses. El senador Tom Cotton elogió la “increíble operación” y resaltó el papel de las fuerzas estadounidenses. Algunos republicanos más moderados, como el senador Mike Lee, también expresaron su apoyo, diciendo que funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio les aseguraron que la acción estaba dentro de la autoridad constitucional y subrayando que Maduro ya no era considerado presidente legítimo.
Desde el Capitolio, varios demócratas pusieron énfasis en la falta de supervisión y en el riesgo de arrastrar a Estados Unidos a otro conflicto internacional, recordando al público que muchos estadounidenses se oponen a guerras prolongadas y cuestionando si hay un objetivo claro después de la captura. También hay llamados a reafirmar los poderes constitucionales del Congreso frente al Ejecutivo para evitar excedentes de autoridad presidencial sin control.
Más allá del Congreso, la sociedad civil y grupos políticos han organizado protestas en Washington, tanto a favor como en contra de la operación, reflejando la profunda división sobre el papel de EE. UU. en el extranjero y sobre la legitimidad de esta intervención militar sin mandato legislativo explícito.
En el plano internacional, aunque algunos gobiernos expresan apoyo o consideración pragmática por el fin del gobierno de Maduro, otros han condenado la acción como violación de la soberanía y del derecho internacional, lo que complica aún más la posición de EE. UU. frente a aliados y organismos multilaterales.
Efectos legales y políticos de la agresión
Choque institucional: El Congreso podría impulsar resoluciones para reafirmar su autoridad constitucional sobre el uso de la fuerza, limitando futuras acciones militares sin autorización explícita.
Demandas judiciales: Legisladores o grupos civiles podrían presentar demandas cuestionando la legalidad de la operación; aunque los tribunales suelen ser cautelosos en política exterior, el caso podría llegar a la Corte Suprema.
Precedente peligroso: Si no hay consecuencias, se fortalece la idea de que un presidente puede actuar militarmente de forma unilateral, debilitando el equilibrio de poderes.
Impacto electoral: El episodio puede influir en campañas, movilizando tanto a quienes apoyan una política exterior dura como a quienes temen nuevas guerras.
Credibilidad internacional: Las críticas internas (como las del NYT) pueden erosionar la autoridad moral de EE. UU. al exigir respeto al derecho internacional a otros países.
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