Por si a sus nuevos “contratistas” le pasa lo mismo que al señor Gross, el gobierno de Estados Unidos -tan preocupado por sus ciudadanos- aclara que “dada la naturaleza del régimen en el país de las operaciones y la sensibilidad política del Programa de la USAID, la misma no se hace responsable de cualquier lesión o inconveniente sufridos por las personas que viajan o que operan en el país bajo el financiamiento de USAID”.
El periodista Tracey Eaton en su blog Along the Malecón llama la atención sobre los denominados ”inconvenientes”: “Tenga en cuenta el uso del término ‘inconveniente’. Eso es un eufemismo real. Que les metan en la cárcel no es sólo un inconveniente”.
Eaton califica de “interesante” la definición que da el documento en una nota al pie sobre qué es un grupo de la sociedad civil: “dos o más personas que organizan un espacio social fuera de la autoridad del Estado para discutir y debatir colectivamente (y, posiblemente, tomar una decisión sobre) un tema en particular de los intereses comunes, valores o fines”, lo cual convierte a cualquier pareja de cubanos en candidatos a ser comprados por EEUU.
Entre lo que el documento llama “resultados esperados” se incluye la realización de una prueba piloto en la Isla con estas tecnologías vinculándolas a “otros programas que apoya la USAID”. Y ya sabemos entonces para quienes y para qué son estas tecnologías, porque por innumerables documentos y declaraciones se conoce que esa agencia norteamericana es una de las principales suministradoras de dinero a los grupos que organiza la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba, a los que en los últimos años destinó más 150 millones de dólares. [CubaSí/Cubadebate]
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