Rosa Miriam Elizalde.- La terquedad de los hechos nos pone frente a una paradoja: en lo que
respecta a Cuba, al cumplir lo establecido por la Ley estadounidense,
Twitter
viola las normas que establece para sus propios usuarios. Algunas tan
legítimas como librarlos del “spam” o los mensajes basura que fastidian
por igual a todo el que está ahí, no importa su filiación política.
Cuba se ha convertido en un tema espinoso para la red social, por la
trama perversa de la política y la legislación norteamericana vinculada a
la Isla. No hay que ser un lince para descubrir que la paga a tuiteros
profesionales en Miami y servicios especializados que propagan contenido
viral, provienen de los 20 millones anuales que el Congreso de los
Estados Unidos destina a la Administración, por Ley, para la subversión
en el país caribeño.
El mandato del Congreso es público,
tanto como los fondos destinados a la “creación de líderes” y la “ayuda
a campañas publicitarias y políticas” a través “de las nuevas
tecnologías de la comunicación”. En otras palabras, la Ley en Estados
Unidos decreta que Washington puede fabricar disidentes, blogueros y
tuiteros contra Cuba, como si esto fuera lo más natural del mundo.
En diciembre de 2009,
el Washington Post publicó un documentado resumen de los debates en el Congreso,
a instancias de Senador John Kerry, que pidió una investigación de
esos escandalosos fondos que suministran una industria multimillonaria
anticubana en Miami. Lo extraordinario es que hace un par de días, ese
mismo diario, ni siquiera se preguntó cómo fue posible que
50 tuiteros -según mediciones de la agencia AP-, ubicados fundamentalmente en esa ciudad (ver
TrendsMap),
generaran el 2 de enero más de 100 mensajes “spam” por minuto, que
giraron en torno a memes sobre la muerte del líder cubano Fidel
Castro. Esa riada de mensajes con las etiquetas
#FidelCastro y
Fidel Castro, que corrían a la velocidad del rodillo de una máquina de lotería, solo podía provenir de sistemas automatizados.
Y es notable este desliz profesional del Washington Post, porque ese
periódico y decenas de publicaciones en el mundo han estado llamando la
atención sobre el cierre de cuentas en Twitter, tras el argumento
inapelable de sus normas contra el “spam”, en la que han caído también,
sospechosamente, integrantes del movimiento
Occupy en Estados Unidos.
Para no ir demasiado lejos,
The Wall Street Journal reseña las preocupaciones de la red de microblogging
por el incremento de las cadenas virales, “que ponen en riesgo la
utilidad de las redes sociales” y asegura que Twitter para fines de año
contará con cinco programadores de “ciencia spam”, frente a los dos de
ahora, y nueve especialistas en abusos de cuentas, como parte de su
plantilla de 750 empleados.
Sin embargo, al ser interrogado por la prensa,
el vocero de Twitter Jodi Olson ofreció una disculpa infantil
sobre los contenidos y se cuidó de no mencionar la palabra maldita,
“spam”, cuando le preguntaron por la campaña viral contra Cuba del
pasado 2 de enero, aunque todos los usuarios que se asomaron a esa red
social ese día podían reconocer las infinitas cadenas y así lo
reflejaron las mediciones en
Topsy,
Google y el propio Twitter que ofreció Iroel Sánchez en su blog
La pupila insomne y
Cubadebate
reprodujo. Si aceptamos por bueno lo que dijo Olson -”as you know, we
don’t mediate content” (”como ustedes saben, nosotros no mediamos en los
contenidos”)-, es legítimo pensar que el algoritmo anti-spam de la red
social necesita serios ajustes.
No es la primera vez que Twitter patina frente a las políticas del
gobierno de los Estados Unidos para Cuba. En octubre de 2010, después de
varios días de cierre del servicio de envío de mensajes vía celular
desde Cuba a
Twitter, esta empresa lo restableció y anunció que era ella la que lo había deshabilitado. Twitter
cerró esa posibilidad bajo presiones y quizás la amenaza de una multa
astronómica de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento
del Tesoro, que cuando ve algún dinero moviéndose 90 millas al Sur da
el grito en el cielo, hasta que recibe las garantías de que este sirve
al “cambio de régimen”, como establece la imperial Ley estadounidense.
Todavía Twitter debe la explicación de por qué cerró y luego abrió el
servicio, que beneficia a los empleados locales de Washington en la
Isla -el bloqueo de EEUU impide a los cubanos el servicio de comercio
electrónico-. ¿Recibió Twitter una llamada “importante”, como en el
verano del 2009,
cuando el Departamento de Estado le exigió que no hiciera reparaciones en sus servidores para no interferir la guerra de mensajes contra Irán, activada desde esta red social?
Algún día lo sabremos. Mientras, cualquiera con un mínimo de sentido
común frente a estos hechos tercos, puede llegar por sí mismo a la
conclusión de que Twitter, como muchas otras compañías de internet
estadounidenses, suele ser forzado a cumplir con las órdenes judiciales
de los tribunales de Estados Unidos -lo vimos con la entrega de datos de
los supuestos colaboradores de
Wikileaks-
y con las solicitudes de las diferentes agencias encargadas de velar
por la ley. Y lo hace, aunque tengan que pasarle por encima a una norma
elemental anti-spam que ellos, como debe ser, defienden ante sus
usuarios.
