La empresa es subsidiaria de Techrrific Inc., con dirección legal en Canadá, que opera en Estados Unidos y Cuba, de forma ilegal.
La comisión de los fraudes en servicios de telecomunicaciones fueron montados a través de complejas estructuras dentro y fuera de la Isla, que causan anualmente, como promedio, pérdidas estimadas en unos seis millones de dólares.
