Cuba aprueba 176 medidas para reformar la economía y reforzar la protección social
Norelys Morales Aguilera.— La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un paquete de 176 medidas económicas y sociales orientadas a enfrentar la compleja situación económica del país y responder a los efectos del recrudecimiento del bloqueo externo.
Las transformaciones, que abarcan 23 sectores estratégicos, buscan actualizar mecanismos de gestión económica, ampliar capacidades productivas y fortalecer la sostenibilidad del modelo socialista cubano.
Entre las decisiones de mayor impacto figura la flexibilización del sector empresarial, permitiendo que determinadas entidades estatales adopten formas mercantiles para mejorar su eficiencia, mientras el Estado mantiene el control en áreas consideradas estratégicas. También se amplían las posibilidades para la inversión privada y extranjera en sectores priorizados, incluida la importación de combustibles.
Otro cambio significativo es la apertura de espacios para la banca privada bajo regulación del Banco Central de Cuba, junto con nuevas facultades para cooperativas y actores económicos en operaciones financieras y comerciales.
En el ámbito agrícola, las medidas extienden el usufructo de tierras por tiempo indeterminado con el objetivo de aportar mayor estabilidad a la producción de alimentos y estimular inversiones de largo plazo.
Las reformas incorporan además disposiciones de carácter social. Entre ellas destaca el incremento del salario mínimo en un 53 por ciento a partir de julio y la transición desde subsidios generalizados hacia mecanismos de protección focalizados para personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Durante la sesión parlamentaria, las autoridades insistieron en que estas decisiones responden a una estrategia de transformación soberana destinada a modernizar el funcionamiento económico del país sin renunciar a los principios de justicia social que han definido el proyecto revolucionario.
Con este conjunto de medidas, Cuba intenta abrir nuevas vías para dinamizar la economía nacional, atraer inversiones, estimular la producción y preservar la protección social en un escenario marcado por restricciones financieras y desafíos internos.

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