El laberinto arancelario de Trump y su impacto en Cuba

¿Qué está sucediendo realmente con los aranceles y el suministro de petróleo?  

Tras el fallo histórico de la Corte Suprema de EE. UU. el pasado 20 de febrero de 2026, la administración Trump se ha visto obligada a dar un paso atrás en su estrategia de "asfixia selectiva" contra los socios comerciales de Cuba. Aquí  explicamos los puntos clave de este nuevo escenario:

El fin de los aranceles punitivos (IEEPA)

La justicia estadounidense determinó que el presidente no tiene facultad legal para imponer aranceles unilaterales usando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

 ● Resultado: Se revoca el arancel que castigaba a terceros países (como México o Rusia) por suministrar petróleo a Cuba.

 ● Impacto: A partir del 24 de febrero, cesa el cobro de este impuesto ilegal que buscaba paralizar la llegada de combustible a la Isla.

 La "retirada táctica" y el nuevo arancel global

Para no perder el control comercial, la Casa Blanca ha invocado la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974:

 ● Se impone un arancel general del 10% al 15% a todas las importaciones que entren a EE. UU.

 ● La diferencia: A diferencia del anterior, este arancel es global y no puede usarse como "bisturí" para castigar solo a quienes comercien con Cuba. Es una medida desesperada que afecta a todos sus aliados por igual.

 La realidad para Cuba

Aunque la anulación de estos aranceles específicos es una victoria frente a la extralimitación de poder de Washington, la política de hostilidad no cesa:

 ● La Declaración de Emergencia Nacional contra Cuba sigue vigente.

 ● El bloqueo financiero y las sanciones de la OFAC continúan siendo el principal obstáculo para la estabilidad energética del país.

Análisis de Razones de Cuba: Estamos ante un cambio de forma, no de fondo. Mientras EE. UU. se enreda en sus propias batallas legales internas, Cuba sigue resistiendo el cerco económico. La solidaridad internacional y el derecho soberano al comercio vuelven a ponerse a prueba frente a las medidas coercitivas unilaterales.

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