En ese sentido, la Cancillería recordó en su cuenta en la red social Twitter que la mayor de las Antillas aprobó en 1996, el mismo año en que entró en vigor la Helms-Burton, la Ley 80 de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas.
La iniciativa aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular declara ilícita la ley anticubana, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno. 'Consecuentemente se considera nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad', precisa.
En su segundo artículo, reafirma la disposición del gobierno de Cuba, expresada en las leyes de nacionalización promulgadas hace más de medio siglo, en lo relativo a una adecuada y justa compensación por los bienes expropiados a las personas naturales y jurídicas que en ese momento ostentaban la ciudadanía o nacionalidad estadounidense.
El gobierno de la isla subrayó la inaplicabilidad de la Helms-Burton ante la decisión de Washington, anunciada esta mañana por el secretario de Estado, Mike Pompeo, de activar el Título III de la iniciativa.
Mediante dicho acápite, se otorga a los ciudadanos estadounidenses la posibilidad de presentar en cortes federales demandas contra quienes 'trafiquen' con 'propiedades confiscadas' y se extiende esa autorización a propietarios que no eran ciudadanos norteamericanos al momento de las nacionalizaciones.
El Título III representa el carácter extraterritorial de la agresividad de Estados Unidos contra Cuba y su objetivo de apostar por la asfixia económica como método para materializar su anhelado cambio de régimen en La Habana.
En particular busca privar a la mayor de las Antillas de la inversión extranjera necesaria para su desarrollo socioeconómico.
Poco después del anuncio de Pompeo, el canciller cubano lo rechazó enérgicamente y denunció que la Ley Helms-Burton significa un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de la isla y de otros Estados.
La nueva Constitución de la República, ubicada en la cima del ordenamiento jurídico nacional, también cierra el paso a agresiones como las de esta ley, al establecer la irrevocabilidad del sistema socialista que la Casa Blanca pretende destruir.
Casi siete millones de cubanos, más del 86 por ciento de los que participaron en el referendo del 24 de febrero, dijeron Sí a una carta magna construida con el aporte de los habitantes de la mayor de las Antillas./PL
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