Esta premisa se evidenció en el año 2002 con el intento de golpe de Estado contra el entonces presidente constitucional Hugo Chávez, auspiciado por sectores de la derecha nacional con apoyo internacional, que buscan derrocar al Gobierno Bolivariano.
Sin embargo, el asesinato ha sido una de las prácticas comunes de sectores extremistas que adversan a la Revolución Bolivariana. El más reciente, el intento de magnicidio en grado de frustración perpetrado el pasado 04 de agosto contra el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, mientras encabezaba el acto de celebración por los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la avenida Bolívar de Caracas.
Sin embargo, este atentado no fue consumado porque los inhibidores de señal que forman parte de la seguridad presidencial y el apresto del personal de la Guardia de Honor Presidencial despistaron los dos drones, cada uno cargado con 1 kilogramo de C4, los cuales explotaron en las adyacencia de la populosa avenida de Caracas, icónico lugar de la Revolución Bolivariana.
Estas prácticas que se le atribuyen a la derecha nacional en conspiración con el Gobierno de Colombia y Estado Unidos han tenido un amplio prontuario contra funcionarios de la Revolución Bolivariana.
Danilo Anderson
El hecho ocurrió en la calle Vargas de la urbanización Los Chaguaramos, ubicada en el municipio Libertador, lugar donde hoy se erige un monolito en su memoria.
Anderson nació en Caracas y terminó la carrera de Derecho en la Universidad Central de Venezuela en 1995. Se especializó en criminología y leyes ambientales. Trabajó para varios bufetes de abogados y fue fiscal tributario entre 1993 y 2000.
Al momento de su asesinato, Anderson investigaba a más de 400 personas que firmaron el decreto del gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga, mediante el cual se fraguó un golpe de Estado contra el el gobierno electo democráticamente de Hugo Chávez y contra todos los poderes públicos del país.
En la lista de los firmantes de decreto golpista figuran representantes de medios privados, dirigentes de las cúpulas empresariales y eclesiásticas; miembros de partidos de oposición, herederos económicos y políticos de las viejas oligarquías de la IV República.
Eliécer Otaiza, asesinado en el año 2014
Los presuntos implicados en el hecho quedaron identificados como; Jefferson Hernández de 18 años de edad y Erick Serrano de 20, quienes fueron capturados por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas (CICPC) en el estado Sucre (región nororiental).
Otaiza presentó impactos de bala entre la cara y el pecho, además de signos tortura, y el rostro desfigurado. Para el momento en que las autoridades encontraron el cadáver, estaba semidesnudo. Solo vestía ropa interior y calcetines.
El presidente Maduro denunció en mayo de 2014 la campaña mediática que se orquestó desde Estados Unidos paramanipular el asesinato de Otaiza.
Para la fecha el presidente Maduro aseguró que la muerte del concejal venezolano fue planificada desde Miami (sur de EE.UU.) y fustigó a la prensa de la burguesía venezolana por publicar información amañada para hacer creer a la opinión pública que este fue víctima de la delincuencia común.
Apagaron la luz de Robert Serra
Pocas semanas después del asesinato, la justicia venezolana logró determinar la identidad de los responsables del asesinato. Entre los inculpados se encuentra Leiver Padilla Mendoza, de nacionalidad colombo-venezolana, quien según investigaciones lideró el grupo que cometió el crimen a cambio de 250 mil dólares.
A escasos 10 días del crimen, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó la privativa de libertad de dos ciudadanos por estar presuntamente involucrados en el asesinato del diputado socialista, y su compañera María Herrera.
La máxima instancia de justicia de la nación suramericana precisó que “la condición de ser diputado de la Asamblea Nacional, al momento de la comisión del hecho punible y otras circunstancias de esos crímenes, agrava la responsabilidad de los intervinientes en ellos, al igual que la concurrencia de varios delitos”.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó en octubre de 2014 que el paramilitar colombiano Padilla Leyva “alias El Colombia” lideró el brutal asesinato del diputado en complicidad con otras nueve personas.
Los asesinos habían sido grabados y también se recabaron pruebas que evidenciaban la implicación de ocho paramilitares en el suceso, seis de ellos cometieron el crimen.
“Ya está plenamente comprobado que el asesinato del diputado socialista, perpetrado el pasado 1 de octubre, fue una acción ejecutada con financiación y orden de paramilitares y bandas criminales de Colombia”, dijo el mandatario.
Tras ser perpetrado el crimen, “El Colombia” escapó de Venezuela y fue detenido en la ciudad colombiana de Cartagena el 2 de noviembre de 2014, en siete meses de gestiones del Gobierno y la justicia venezolana, el presidente colombiano Juan Manuel Santos autorizó el proceso de extradición.
El Jefe de Estado venezolano también dio a conocer que Julio Vélez,exconcejal de Cúcuta, fue uno de los autores intelectuales del asesinato de Robert Serra.
Maduro reveló que Vélez era prófugo de la justicia en Colombia, su país natal, y entregó el dinero y dirigió todo el proceso para asesinar al diputado Robert Serra, además de estar vinculado con crímenes y delitos contra Venezuela.
Liana Hergueta
Las primeras investigaciones sobre el caso, dadas a conocer por el Ministerio de Justicia arrojaron que la autoría intelectual estaba en un político opositor, el sicariato fue ejecutado a través del paramilitarismo y el hampa común fue utilizada con fines políticos.
Los presuntos asesinos: Carlos Eduardo Trejo Mosquera (autor intelectual), José Rafael Pérez Venta y Samuel José Angulo Sánchez (autores materiales) fueron vinculados a figuras notables de la oposición.
José Rafael Pérez Venta (27), uno de los implicados en el crimen, aseguró en su declaración a las autoridades que el general retirado Antonio Rivero (opositor al Gobierno venezolano) lo entrenó mientras trabajaba como parte del anillo de seguridad de dirigentes políticos.
Guarimbas una ola de muerte con fines políticos
Asesinatos selectivos, atentados, violencia generalizada, incitación al odio son parte del prontuario. Uno de los casos lamentablemente de mayor impacto fue el asesinato de Carlos Ramírez, un joven que fue quemado vivo por al menos 20 jóvenes que lo persiguieron y pese a la intervención de los bomberos, insistieron en asesinarlo “por ser chavista”.
Ramírez fue una de la gran cantidad de víctima de los grupos violentos que asediaron las calles de Caracas y otras regiones de Venezuela. Estos hechos iniciaron por un llamado de dirigentes de derecha a protestar “pacíficamente” en las calles, pero que se tornó en terrorismo.
Fuente: Telesur / Archivo VTV/ AVN /YVKE
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