María Fernanda Barreto.─ Ante la inminencia de la reelección del Presidente Nicolás Maduro en Venezuela, los Estados Unidos y sus naciones huéspedes vinculadas al llamado “Grupo de Lima”, dirigen sus acciones con la intención de sabotear las elecciones presidenciales en Venezuela, tratando de impedir su realización y en el caso de no lograrlo, incitar al desconocimiento internacional de los resultados. Prueba de esto son los eventos del día de ayer 16 de mayo del 2018, en los que mientras el gobierno de Canadá denegó la autorización para la instalación de mesas electorales en la Embajada y los Consulados de Venezuela dentro de su territorio para las elecciones que se realizarán este domingo 20 de mayo, un presunto motín dirigido por un grupo de políticos de derecha presos en la sede del SEBIN en Caracas, involucró a cadenas de medios privados como CNN y Telemundo y mereció las amenazas públicas de la propia Embajada de los Estados Unidos en Venezuela contra el estado venezolano.
Ahora, toca el turno al gobierno de Colombia. En una desfachatada intervención como orador en una conferencia empresarial que tuvo lugar en Hungría el viernes pasado, Juan Manuel Santos no conforme con seguir subastando las riquezas de Colombia, ofreció al país vecino como un lugar para invertir ya que, según él, pronto “habrá un cambio en Venezuela y para Colombia, eso será un enorme impulso”. Más que una predicción, esta declaración pública luce como una confesión de que su gobierno repuntará en los intentos sistemáticos para legitimar la injerencia extranjera en Venezuela. Consecuentemente con su rol protagónico en el irrespeto a la soberanía y al derecho a la autodeterminación del gobierno y el Pueblo venezolanos en los últimos años, el gobierno colombiano ha desatado narrativas y operaciones tendientes a generar falsos positivos (término tristemente colombiano) u operaciones de bandera falsa con la intensión de derrocar el proyecto político que se sostiene en la Patria bolivariana. En esta ocasión, la representación consular de Colombia en Venezuela podría ser el escenario propicio para éstas operaciones con el fin de mantener a Venezuela en las primeras páginas internacionales, creando las condiciones necesarias para desconocer las elecciones del 20M, con el valioso añadido de que esto le permitiría revivir el “fantasma del castro-chavismo” durante la semana de elecciones presidenciales en Colombia –del 21 al 27 de mayo de 2018 en el exterior y el 27 de mayo dentro del país-, e incluso se podría llegar a impedir el derecho al voto de la población colombiana residente en Venezuela, tal como hace tres meses lo solicitara el candidato Vargas Lleras.
Desde auto asedios a Consulados que servirían para acusar a Venezuela de no poder garantizar la seguridad de las instalaciones diplomáticas colombianas, hasta un aluvión de personas buscando refugio en las distintas representaciones consulares de Colombia en el país, servirían de excusa para justificar diplomática y mediáticamente, acciones más frontales desde Bogotá.
De todo el proyecto geoestratégico de la media luna que denunciara el Comandante Chávez, el estado Táchira es, actualmente, la entidad más controlada por las fuerzas de la derecha. Por ello no sería de extrañar que estas acciones se iniciaran allí, contando con el apoyo de dos de los títeres nacionales de Uribe Vélez: Gaby Arellano en Táchira y Tomás Guanipa en Zulia, ambos vinculados a la MUD y con un largo historial en petición de intervenciones contra su propio país. Con su apoyo, las llamadas guarimbas, podrían involucrar la ocupación de la sede consular de Colombia en San Cristóbal, Estado Táchira. Lugar que Arellano, ya ha visitado en ocasiones anteriores con fines expresamente políticos, al límite de la legalidad. No hay que olvidar, que ya en el año 2003 un atentado con explosivos organizado por sectores opositores al gobierno venezolano contra el Consulado de Colombia en Caracas, tuvo similares objetivos.
En Caracas por su parte, grupos paramilitares provenientes de Colombia, junto a jóvenes pertenecientes a los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular cuyo entrenamiento y financiamiento para actividades violentas contra el gobierno venezolano han sido reiteradamente denunciados, se estarían infiltrando en protestas espontáneas de sectores descontentos para usarlas como detonante del escenario que procuran.
Esta serie de eventos, se sumarían a otras iniciativas fraguadas desde el “Cartel de Lima”, como la creación de una Comisión dirigida por Estados Unidos y Colombia para supuestamente investigar la corrupción en Venezuela, y se hacen con la articulación entre líderes de partidos de la derecha venezolana y colombiana, junto a actores y actrices internacionales como el senador estadounidense Marco Rubio.
Lo cierto es que se ha consolidado al estado colombiano como activador de la presión internacional sobre Venezuela. Pero también este obtendría como ganancia inmediata, un discurso legitimador de la derecha justo al inicio de las elecciones presidenciales en Colombia, cuando ya estaría prohibida la propaganda electoral y la exclusión de la diáspora colombiana en Venezuela que, por alguna razón difícil de explicar desde su discurso, aún permanece mayoritariamente en Venezuela. Acciones desesperadas de último minuto ante el peligro que el crecimiento evidente del candidato progresista Gustavo Petro representa para la continuidad de la derecha colombiana en el poder. Pero sobre todo, acciones dirigidas a justificar el ataque internacional contra la Revolución Bolivariana, con las que el gobierno colombiano continúa la línea histórica que trazaran Santander y Páez, al prestarse para perpetuar el poder de los Estados Unidos en la región, que sigue encontrando una resistencia heroica en Venezuela.
Resumen Latinoamericano
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