En un nuevo acto de injerencismo, el Departamento de Estado condenó el jueves como “antidemocrático” el requerimiento del Gobierno venezolano para que los gobernadores electos juren ante la Asamblea Nacional Constituyente.
“El uso de esta institución ilegítima y paralela para hacerse cargo de las autoridades constitucionales del país es alarmante”, dijo la portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert en un comunicado, como si les perteneciera el país sudamericano.
La medida, tras las “fraudulentas” elecciones de gobernadores del domingo, es otro ejemplo del “autoritarismo e indiferencia sobre la voluntad del pueblo venezolano” por parte del presidente Nicolás Maduro, agrega la nota.
La política intervencionista y las continuas amenazas y sanciones del gobierno de Trump han sido uno de los elementos fundamentales de movilización del pueblo venezolano a favor del gobierno, como demostró la elección de este 15 de octubre en el que chavismo se alzó con 18 de las 23 gobernaciones del país.
Importantes capas sociales, más allá de sectores populares, han entendido que las sanciones económicas impuestas por Donald Trump no son contra Maduro. Afectan la economía toda en circunstancias que ya eran adversas. Este elemento sirvió para cohesionar al chavismo, partiendo del principio de que los tiempos de turbulencia económica van a continuar, esta vez, con la conducción de la Casa Blanca.
Ese elemento viene a conectarse con años de narrativa antiimperialista en el chavismo. Las bases sociales de la Revolución Bolivariana entienden que estas son circunstancias particulares, de seria amenaza.
Así que el voto chavista fue una sanción contra Trump y su gendarmería en Venezuela, que debería acabar de entender el Departamento de Estado.
red58.org
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