Julio Borges, presidente del parlamento, aseguró que hay un “golpe de Estado” y llamó a desconocer al TSJ. Luis Almagro, secretario general de la OEA, también ha calificado la sentencia de un “auto-golpe de Estado” y convocó urgentemente a un nuevo Consejo Permanente de la organización. Perú retiró a su embajador en Venezuela, argumentando que la sentencia es “una ruptura del orden constitucional y democrático”. Las redes sociales posicionan la frase “Golpe de Estado” en primer lugar.
Mientras tanto, el país continúa funcionando en completa calma, y en las calles no se ve ninguna alarma por lo ocurrido.
En Venezuela no se ha disuelto la Asamblea Nacional. Los diputados continúan yendo a sus oficinas y al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano. Ellos continúan realizando allí sus sesiones ―gobierno y oposición discrepan en torno a su legalidad― y ningún parlamentario ha sido detenido o arrestado.
Este 31 de marzo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad para resolver las diferencias entre los poderes públicos de la nación, informó Telesur.
"Asumo, a través del diálogo y la Constitución, la tarea de resolver hoy mismo el impasse que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y convoco al Consejo de Seguridad de la Nación para hoy mismo en la noche para deliberar y sacar una resolución que fortalezca la Constitución venezolana y le de paz y tranquilidad a Venezuela", anunció.
"Activo el artículo 323 de la Constitución para que el Consejo de Seguridad de la Nación procese y resuelva cualquier diferencia que pueda haber entre el poder constitutivo (...) para que salgamos al paso de la locura golpista e intervencionista de la derecha, el imperialismo y la coalición de gobiernos de derecha", indicó Maduro.
La reunión del Consejo de Seguridad buscará resolver la controversia entorno a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que otorgó a la Sala Constitucional las competencias de la Asamblea Nacional (AN) mientras persista la situación de desacato del poder legislativo. Tras esto, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, declaró que se había producido una "ruptura del orden constitucional".
"Hay una controversia y debe resolverse por la vía del diálogo, no con posiciones extremas ni darle argumentos a quienes quieren intervenir Venezuela", enfatizó el presidente Maduro.
"En Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos sociales, civiles, políticos, de los derechos humanos y del poder popular, porque tenemos una democracia protagónica", afirmó.
Maduro señaló a la derecha venezolana de crear una matriz de opinión de una supuesta ruptura del orden constitucional a raíz de las diferencias surgidas entre los poderes públicos, para así incentivar una intervención en el país.
Aclaró que "la única ruptura del orden constitucional la encabezó la derecha fascista el 12 y el 13 de abril de 2002", durante el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Recordó que "fue el pueblo y la Fuerza Armada quien restituyó la vigencia de la Constitución y rescató con vida al Comandante Chávez".
EL mandatario venezolano también llamó a la unión de todo el país para repudiar el intervencionismo de Gobiernos de derecha de la región, dirigidos por Estados Unidos (EE.UU.).