6/5/16

Rousseff: Élites buscan frenar procesos de inclusión con golpes no convencionales [+ video]

Foto: teleSUR
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, comentó:  "mejor tarde que nunca" sobre la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que validó este 5 de mayo, por unanimidad la decisión del ministro Teori Zavascki de suspender el mandato de Eduardo Cunha como legislador federal y titular de la Cámara de Diputados.

Dilma Rousseff insistió también en que el proceso parlamentario que la próxima semana puede apartarla del cargo comenzó a raíz de un "chantaje" del propio Eduardo Cunha, que esperaba que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) lo apoyara y rechazara la apertura de un juicio contra él en la Comisión de Etica de la Cámara de Diputados.

Poco ante de conocerse la noticia la presidenta de Brasil,  había indicado a teleSUR en entrevista difundida este jueves, que las élites latinoamericanas buscan frenar los procesos de inclusión regional dejando de lado los golpes militares y utilizando los llamados golpes blandos o no convencionales, que se caracterizan por crear, a través de campañas de desprestigio y saboteo económico, un clima de inestabilidad política que justifique la intervención internacional.

Rousseff expresó: "las élites latinoamericanas están sustituyendo el método del golpe militar, las armas, los tanques de guerra por otro tipo de golpes, los golpes parlamentarios", en los que además son fundamentales las grandes transnacionales de comunicación, reseñó la AVN.

Explicó que en Latinoamérica se mantiene la agenda progresista porque cuando hay elecciones presidenciales se moviliza la mayoría del pueblo, pero en las elecciones regionales o parlamentarias, por ejemplo, los votos representan la mayoría del conservadurismo.

En este sentido, comentó que los Gobiernos progresistas de la región "están siendo blanco de un ataque, de una acción de derrocamiento a través de mecanismos aparentemente democráticos".

Estos golpes blandos, dijo, "no son solamente contra la democracia, (...) también es un golpe contra todos los procesos de inclusión, de las políticas que fomentan el crecimiento y el desarrollo de los sectores industriales y agrícolas".

Asimismo, la mandataria comentó sentirse justiciada por aquellos que pretenden adueñarse del poder, por vías inconstitucionales y a través de un proceso de impeachment –proceso de incapacitación de altos funcionarios de Gobierno, incluido el Presidente–, alegando un crimen por ser la única modalidad prevista en la Constitución de Brasil.

No obstante, indicó que se le acusa de seis decretos presupuestarios de créditos suplementarios, "que son muy pocos considerando que el expresidente Fernando Cardoso emitió 101 decretos", es decir, la derecha brasileña acusa a la jefa de Estado de mala administración presupuestaria cuando lo que hizo fue utilizar la prerrogativa establecida por la ley para incrementar algunos gastos específicos.

Rousseff indicó que desde que asumió la presidencia, la derecha brasileña ha saboteado su gestión con intentos para sacarla del país, aunque fue elegida constitucionalmente con la mayoría de votos, con casi 54,5 millones.

Los Gobiernos progresistas de la región no pueden dejar de luchar, resaltó la Presidenta, al tiempo que señaló que "América Latina tiene la experiencia suficiente para saber donde no podemos ir, y sabemos que la democracia es el lado correcto de la historia".

El pasado 17 de abril la Cámara baja de Diputados del Congreso de Brasil, entonces presidida por Eduardo Cunha, dio un paso más hacia el golpe parlamentario a través de una votación nominal en el que decidieron el juicio político contra la presidenta Rousseff, alegando supuestas faltas administrativas con argumentaciones políticas y no legales.

Precisamente Cunha, uno de los principales promotores del golpe de Estado en Brasil, fue suspendido de manera provisional de su cargo como presidente de la Cámara de Diputados del Parlamento brasileño, debido a su vinculación con los hechos de corrupción que se investigan en la empresa Petrobras.

En Brasil, el Gobierno de Rousseff y el líder de izquierda, Luiz Inacio "Lula" Da Silva, enfrentan una persecución judicial por parte de factores de la derecha brasileña, apoyados por las élites mediáticas que intentan mancillar la imagen de ambos políticos.

El pueblo brasileño ha salido a las calles a marchar en reiteradas ocasiones en rechazo a este intento de derrocamiento, que también ha sido condenado por varias naciones del mundo y organismos internacionales como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

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