El texto consigna que los tribunales de la mayor de las Antillas no han dictado sanción de pena de muerte desde el informe anterior al EPU, al que La Habana concurrió en febrero de 2009, informó PL.
Asevera que, en abril de 2008, el Consejo de Estado cubano decidió conmutar la sanción de muerte a todos los internos sancionados a esa pena y sustituirla por 30 años de privación de libertad.
"La decisión se adoptó como acto soberano, en consonancia con la conducta ética y humanitaria del país desde 1959", añade.
Entre los beneficiarios de esa medida está el confeso terrorista salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León, autor de atentados explosivos contra instalaciones turísticas cubanas.
Fabio di Celmo, joven empresario italiano, falleció por la explosión de una bomba colocada por Cruz León en el hotel Copacabana, de esta capital, el 4 de septiembre de 1997.
El informe asegura que el país caribeño es contrario, por filosofía, a la aplicación de la pena capital.
Sin embargo, acota que la isla se ha visto forzada, en legítima defensa de su seguridad nacional, a establecer y aplicar leyes severas contra actividades terroristas y crímenes contra el Estado y la vida de sus ciudadanos.
El documento subraya que aunque está incluida en la legislación penal, se favorece la eliminación de esa sanción cuando existan las condiciones propicias para ello.
"Cuba comprenda y respeta los argumentos del movimiento internacional que propone la eliminación o maratoria de la pena de muerte", concluye.
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