En un acto proselitista reciente, el presidente dijo: “Nuestro reloj atrasó con Bush. Votar (por el republicano, Mitt Romney) es volver a atrasar”. En los comienzos de su mandato, Obama solía definirse, directamente, como “lo opuesto” a su predecesor.
Sin embargo, hay tópicos en los cuales Obama no adelantó el reloj de Bush o, incluso, lo ha retrasado más, como en el empleo y la producción de drones para nuevas guerras. Uno de esos tópicos en que Estados Unidos se mantiene estancado es en la violación de los derechos humanos en la base naval de Guantánamo, enclave ilegal en territorio cubano.
Así también, respecto a Cuba, sus cambios no pasan de flexibilizar algo los viajes familiares de cubanos a la Isla y conceder algunas visas para el intercambio cultural y científico. Pero en esencia, Obama ejecuta el mismo Plan Bush, conocido también como Informe de la Comisión para la asistencia a una Cuba libre, presentado por Bush el 6 de agosto de 2004 con el beneplácito de los ultraderechistas y terroristas de la mafia cubanoamericana.
Sus medidas están encaminadas a recrudecer el bloqueo económico que mantiene Estados Unidos sobre Cuba, para lo cual la administración Obama puso el récord de la mayor multa de que se tenga noticias por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) con sanción para el banco holandés ING por 619 millones de dólares.
Otra de las disposiciones del Plan Bush que sostiene Obama es financiar a sus mercenarios como supuestos grupos opositores, así como la propaganda en contra del gobierno legítimo de la isla, en franca violación de las leyes y la opinión de la comunidad internacional.
A fines de junio, Estados Unidos destinó fondos de 20 millones de dólares para promover programas de subversión en la Isla, dedicados sobre todo al suministro de tecnologías. Una carta del Departamento de Estado al Congreso, fechada el 26 de abril último, y reproducida por medios de prensa norteamericanos, detalla la finalidad del dinero durante el actual año fiscal, que cierra el próximo 30 de septiembre.
El objetivo de ese fondo público, ni en apariencia más “refinado” que el de la administración Bush, es favorecer con acceso a tecnologías a individuos que respalden un cambio político cubano, vale decir, a sus servidores.
Los mencionados fondos son administrados por tres entidades del Departamento de Estado: la Oficina de Latinoamérica y el Caribe (LAC) de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); la Oficina de la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo (DRL) y Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA).
Todo lo anterior en sintonía con el Plan Bush que, según su letra, afirma: “Es muy importante que los grupos de la sociedad civil cubana independiente continúen obteniendo mayor acceso al equipamiento moderno básico para ayudar a expandir la distribución de información independiente y facilitar las actividades en favor de la democracia”.
“El acceso continuo a esos tipos de equipamiento ayuda a que la sociedad civil en Cuba disemine la información al pueblo cubano y contrarreste las gestiones del régimen para mantener su garra sobre el pueblo cubano mediante el control exclusivo de todas las formas de comunicación”.
En julio, Obama siguió a Bush cuando prorrogó seis meses la suspensión de una cláusula de la onerosa Ley Helms-Burton que permite entablar demandas contra las empresas extranjeras que negocien con propiedades confiscadas a estadounidenses por el Gobierno de Cuba.
La disposición está incluida en el Capítulo III de la Ley Helms-Burton de 1996, que refuerza el bloqueo unilateral impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace más de cuatro décadas, como medida de presión para alentar un cambio “democrático” en la Isla.
Cualquiera que siga cómo se verifica la política en Estados Unidos respecto a Cuba halla la misma arrogancia imperial que les impide un cambio hacia la sensatez, y en cuanto a Obama, mantenerlo atrasado en el reloj de Bush. /Publicado en Cubahora.cu
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