En lo que va de año, esta y otras noticias han puesto en evidencia las recalcitrantes intolerancias norteñas cuando se trata del caso Cuba.
Semanas atrás, Rick Scott, gobernador de la Florida, en gesto político inédito y absurdo, firmó la ley que debería limitar, aun más, el comercio de ese estado con el país caribeño.
Lo que no dijo el aplaudido signatario, ni siquiera lo dio a entender, es que de momento esa norma, celebrada por todo lo alto, no puede aplicarse sin el consentimiento del Congreso y del presidente Barack Obama.
Aunque no es efectiva ni menciona a ninguna empresa en particular, ha causado cierto revuelo en todas las asociaciones que, en este mundo globalizado, tienen presencia tanto en la Florida como en Cuba.
Se ha dicho que entre las posibles compañías afectadas podrían estar españolas, brasileñas, canadienses, francesas y mexicanas, ligadas a la industria, la construcción, las aerolíneas y los servicios.
Pero hay más. La antes mencionada sucursal de Ericsson en Panamá deberá pagar la multa de un millón 753 mil dólares al Departamento norteamericano de Comercio por incumplir las restricciones de exportación hacia la Isla.
Según comunicado del Buró de Industria y Seguridad, la oficina istmeña importó teléfonos móviles de la nación antillana y ocultó la verdadera procedencia de estos, los cuales fueron enviados a EE.UU. para su reparación y luego regresaron a Cuba por intermedio de la propia empresa.
Ante tanta presión de Washington, la citada filial se vio precisada a revelar tales gestiones. La compañía tuvo que acordar, entonces, el pago de la multa.
Ciertamente sabían que las exportaciones de territorio norteño al país caribeño eran ilegales de acuerdo con las draconianas disposiciones yanquis. Pero… Ericsson (nombre completo Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, por su fundador Lars Magnus Ericsson), dedicada a ofrecer equipos y soluciones principalmente en los campos de la telefonía móvil, las comunicaciones multimedia e Internet, es una compañía multinacional de origen sueco.
Al parecer, no les bastó con imponer la millonaria sanción y hasta los empleados que supuestamente infringieron las prohibiciones fueron despedidos.
Y no es sólo en materia económica y comercial. A 10 académicos cubanos no le concedieron visa para asistir al 30 Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés), que se desarrolló la pasada semana en el país norteño.
Hoy, precisamente se acaba de conocer que también fue denegado el permiso a ocho púgiles norteamericanos, clasificados para los próximos Juegos Olímpicos de Londres, que participarían en el clásico internacional del boxeo cubano Giraldo Córdova Cardín, que comienza este viernes en La Habana.
Entonces, cabe preguntarse ¿puede llamarse a todo esto embargo? Los cubanos de vergüenza, amigos y todo aquel que al menos conozca un poco de la historia de la Isla comprenderán la duda.
Nada, que mientras la comunidad internacional ha votado durante 20 años consecutivos en las Naciones Unidas contra tal política injerencista y extraterritorial, EE.UU. continúa arreciando el más largo cerco económico, comercial y financiero de la historia. Cuba lo ha resistido por más de cinco décadas.
Y bien alto ha sido el costo. Más de 975 mil millones de dólares en pérdidas, más los daños psicológicos, el sufrimiento y la irritación que generan la escasez y las limitaciones.
Sí, ese asedio constituye flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y de las normas del Derecho Internacional. Pero más que todo, es de los más crueles castigos impuesto injustamente a este pueblo que no agrede a nadie y solo pide, y quiere, vivir en paz. Y después, dicen que no es bloqueo. (AIN, especial para ARGENPRESS.info)
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