La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se vio obligada a hacer una pausa en la "limpieza" que había iniciado en los ministerios para evitar una eventual desbandada de aliados que debilitaría su administración, según la agencia china XINHUA
La semana pasada, el que estuvo muy cerca de perder su cargo fue el ministro de las Ciudades, Mario Negromonte, acusado en este caso no de negociados, sino de ofrecer dinero a diputados de su partido (el PP, o Partido Progresista) a cambio de apoyo.
La división interna del PP tuvo como protagonistas a los seguidores del ex ministro Marcio Fortes, que en el gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva había ocupado la misma cartera y vio frustrada su aspiración de ser reconducido al cargo.
El PP es el tercero en tamaño entre los partidos aliados de la presidenta, al contar con 41 diputados y cinco senadores, pero perdió mucho de su poder de negociación con el gobierno debido a su propia división.
Los partidarios de Fortes consiguieron hace dos semanas sustituir al líder de la bancada en la Cámara de Diputados, Nelson Meurer, que es un aliado fiel de Negromonte, por Aguinaldo Ribeiro, un compañero de Fortes.
Los diputados actúan como correa de transmisión entre el resto del partido y el ministerio que correspondió al PP en el reparto de cargos de gobierno. Con un líder hostil, el ministro perdería capacidad de negociación cada vez que la presidenta necesite de los votos del PP en el parlamento.
Como parte de su contraofensiva, Negromonte estableció una especie de estado mayor con cuatro diputados aliados, encargados de comprar, si fuese necesario, el apoyo de la mayoría de los representantes del partido.
Algunos de sus adversarios comunicaron a Ideli Salvatti, la ministra de Relaciones Institucionales, encargada de los contactos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que Negromonte estaría "comprando" diputados.
Aliados del ministro habrían ofrecido "sueldos" de hasta 18.000 dólares mensuales a los diputados que lo apoyasen, en reuniones realizadas en el ministerio, y la denuncia fue publicada por una revista semanal de gran circulación.
Con menos que eso se habían iniciado otras crisis que llevaron a la sustitución de los ministros de la Casa Civil, Transportes y Defensa, además de casi costar su cargo al titular de Turismo.
Dilma Rousseff parecía dispuesta a intensificar la "limpieza" de la corrupción en los ministerios, lo que le ha proporcionado un sensible aumento de popularidad en el seno de las clases medias brasileñas.
Pero la presidenta fue detenida por las consideraciones de asesores próximos que le recordaron que, siendo todos los sustituidos ex integrantes del gobierno de Lula, éste aparecería por lo menos excesivamente tolerante con la corrupción.
El cuidado de mantener la imagen del hombre a quien debe su elección, sumado a la fragmentación política que resultaría de una nueva sustitución, hizo que la inminente destitución se transformase en una advertencia confidencial.
La tolerancia debe prolongarse por lo menos hasta el final del año, cuando algunos ministros dejarán sus cargos para candidatearse a cargos municipales, y tendrá lugar necesariamente una reforma ministerial.
Negromonte no parece dispuesto a esperar tanto, y esta semana concedió una entrevista a un diario de gran tiraje en la que hizo explícitas sus divergencias con su antecesor y varios de sus seguidores.
"Marcio Fortes salió (del Ministerio de las Ciudades) con rabia, porque le gustaría haber permanecido en el cargo", acusó el ministro, y usó términos fuertes para referirse a algunos seguidores de su rival interno.
"Imagínese si empiezan a circular los curriculos de algunos diputados (del PP); mejor dicho, sus fichas policiales, aunque no quiero citar nombres", agregó.
"La presidenta sabe que yo fui compañero suyo desde la primera hora, cuando muchos (integrantes del PP) apoyaban a Serra (el adversario de Dilma Rousseff en la elección presidencial)", dijo Negromonte sin evitar nombrarlos.
Fueron explícitamente mencionados, el ex gobernador de Sao Paulo, Paulo Maluf, y el ex senador por Santa Catarina, Espiridiao Amin, ambos con numerosos procesos judiciales en trámite.
Pero la profundización de la crisis interna de los "progresistas" puede hacer que la presidenta Dilma prefiera, en lugar de la proclamada lealtad de su ministro, el número de votos que será necesario para aprobar en el parlamento medidas económicas difíciles, que la crisis económica puede hacer necesarias.
