La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de la Habana dictó sentencia este lunes 31 en virtud de los hechos ocurridos en enero de 2010 en el Hospital Psiquiátrico de la Habana, juzgados en juicio oral y público celebrado entre los días 17 y 22 de este mes, según el diario Granma.El órgano judicial consideró probados los hechos imputados por la Fiscalía y a los acusados como responsables, indistintamente, según el grado de participación, de los delitos de Abandono de Incapacitados y Desvalidos, en su modalidad agravada al producirse la muerte de varias personas, Malversación e Incumplimiento del deber de Preservar los Bienes de Entidades Económicas y, en consecuencia, impuso sanciones privativas de la libertad entre 5 y 15 años; y en relación con una acusada el límite máximo de multa prevista en el Código Penal.
El Tribunal, mediante su sentencia, decidió sancionar como autores de los delitos de Abandono de Incapacitados y Desvalidos, y de Malversación, a los acusados Wilfredo Castillo Donate, director del Hospital, a 15 años de privación de libertad; Roberto Maza Izquierdo, vicedirector Administrativo, 14 años; Josefina Díaz Arango, Especialista Principal de Dietética, 12 años.
Como autores del delito de Abandono de incapacitados y Desvalidos a Arianna Ramos Saínz de la Peña, vicedirectora Clínico- Quirúrgica, e Ivo Noa González, vicedirector de Enfermería, impuso 10 años de privación de libertad a cada uno; y a Susana Ángela Borges González, vicedirectora de Psiquiatría, 7 años.
Por el delito de Malversación, estableció privación de libertad para Miguel Villalobo López, jefe del Almacén Central, 10 años; Álvaro Fidel Castañeda Rodríguez, jefe de Nevera, 9 años; Darwy Márquez Matamoros, jefe de brigada y turno de la Cocina, 6 años; Néstor Días García, jefe del departamento de Cocina-Comedor, 6 años; Gerardo Míguez Callejas, jefe del departamento de Abastecimientos, 5 años; Dionisio Alfaro Feijoo, segundo jefe del departamento de Cocina-Comedor, 6 años; y Jorge Mateo Lay González, cocinero, a 6 años.
Por el delito de Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes de Entidades Económicas, se sancionó a la acusada Yanet Pérez Rodríguez, jefa de Farmacia, a pagar una multa de 300 cuotas de 20 pesos cada una.
A los acusados Castillo Donate y Noa González, el Tribunal les aplicó, además, como sanciones accesorias, la prohibición del ejercicio de la profesión, cargo u oficio por igual tiempo que la pena principal fijada. De igual forma, tanto a estos, como al resto de los sancionados a privación de libertad, se les impuso como accesoria la privación de los derechos electorales y la de ocupar cargos de dirección.
Contra la sentencia dictada, los sancionados podrán promover recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular en el término de los diez días hábiles posteriores a su notificación.
Fuera del proceso judicial, se impusieron también severas sanciones administrativas contra otros responsables colaterales.
