Detener las violaciones a los derechos humanos y enjuiciar a los responsables del golpe de Estado de junio de 2009 exigió la Comisión de la Verdad (no oficial) en su informe publicado sobre las causas y efectos del derrocamiento en Honduras del presidente Manuel Zelaya.
La Comisión de la Verdad, integrada por personalidades hondureñas y extranjeras, fue integrada en junio de 2010 por la Plataforma de Derechos Humanos, paralela a la Comisión de la Verdad creada por el presidente Porfirio Lobo y que dio su informe en mayo pasado.
El golpe de Estado de junio de 2009 se produjo en Honduras por la conspiración de Estados Unidos con un grupo empresarial que se sintió amenazado por la vinculación del mandatario venezolano Hugo Chávez con Zelaya, dijo la Comisión de Verdad.
Señaló que "los efectos del golpe de Estado aún continúan y que tanto antes como después de las elecciones realizadas en noviembre de 2009, ambos gobiernos (el de facto de Roberto Micheletti y del actual presidente Porfirio Lobo) utilizaron y utilizan el terror como un recurso de control social". La Comisión determinó que las actuaciones irregulares atribuidas a la policía y al personal militar durante el régimen de facto de Roberto Micheletti y en la actual administración de Porfirio Lobo "fueron y siguen siendo parte de una política de Estado".
Igualmente comprobó que "a partir del golpe de Estado, con la aquiescencia del gobierno se han desarrollado las operaciones de grupos que al margen del ordenamiento legal funcionan con procedimientos y metodologías de los escuadrones de la muerte. Estas organizaciones aparecen actualmente ligadas al crimen organizado y a la narcoactividad".
"El trabajo desarrollado por la Comisión permite concluir que la existencia y actuación de este tipo de estructuras ilegales es parte indivisible de las políticas de Estado aplicadas, indicó el informe.
La Comisión pidió superar las causas coyunturales e históricas de la impunidad y posibilitar el inicio de procesos que, sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, puedan contribuir a la democratización del poder estatal, de la sociedad y sus instituciones.|ANSA
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Roussef promulgó la ley que crea la Comisión de la Verdad en Brasil [+ video]
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, promulgó este viernes la ley que crea una Comisión de la Verdad para investigar, entre otras, las violaciones de los derechos humanos, torturas y asesinatos de presos políticos durante la dictadura militar (1964-1985).
La comisión, cuya creación fue aprobada en octubre por el Congreso, estará formada por siete personas que serán elegidas por la mandataria y tendrá un plazo de dos años para exigir documentos de organismos públicos, indagar a testigos y solicitar análisis forenses para identificar los restos mortales de desaparecidos políticos.
Sin embargo, el grupo no tendrá poder para castigar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos que han sido beneficiados por la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo, reseñó DPA.
El proyecto fue aprobado en votación simbólica por el Senado el 25 de octubre pasado, tras intensas negociaciones con las Fuerzas Armadas, que temían que la Comisión de la Verdad alimentara la "revancha" por parte de los grupos de oposición a la dictadura.
Para evitar una crisis con los militares, del texto de la propuesta se quitaron expresiones como "represión política" y el período a ser investigado se amplió de 1946 a 1988, para no coincidir exactamente con los 21 años de la última dictadura militar.
Según el relator de la propuesta en el Senado, el socialdemócrata Aloysio Nunes Ferreira, la Comisión de la Verdad tiene por objetivo asegurar a los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos "el derecho a la memoria y a la verdad histórica" y así impulsar una "reconciliación nacional".
Los familiares esperan que el trabajo la Comisión tenga efecto práctico que abra camino a los procesos en la Justicia, y no sólo carácter testimonial, reflejó un cable de ANSA.
Miembros del Comité por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pablo dijeron que la creación de la Comisión demuestra "coraje" de parte de la mandataria, pero indicaron que éste es un "paso" hacia la apertura de procesos contra los militares acusados que por ahora están cubiertos por la amnistía. [Entre Ríos]
Texto del discurso
La comisión, cuya creación fue aprobada en octubre por el Congreso, estará formada por siete personas que serán elegidas por la mandataria y tendrá un plazo de dos años para exigir documentos de organismos públicos, indagar a testigos y solicitar análisis forenses para identificar los restos mortales de desaparecidos políticos.
Sin embargo, el grupo no tendrá poder para castigar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos que han sido beneficiados por la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo, reseñó DPA.
El proyecto fue aprobado en votación simbólica por el Senado el 25 de octubre pasado, tras intensas negociaciones con las Fuerzas Armadas, que temían que la Comisión de la Verdad alimentara la "revancha" por parte de los grupos de oposición a la dictadura.
Para evitar una crisis con los militares, del texto de la propuesta se quitaron expresiones como "represión política" y el período a ser investigado se amplió de 1946 a 1988, para no coincidir exactamente con los 21 años de la última dictadura militar.
Según el relator de la propuesta en el Senado, el socialdemócrata Aloysio Nunes Ferreira, la Comisión de la Verdad tiene por objetivo asegurar a los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos "el derecho a la memoria y a la verdad histórica" y así impulsar una "reconciliación nacional".
Los familiares esperan que el trabajo la Comisión tenga efecto práctico que abra camino a los procesos en la Justicia, y no sólo carácter testimonial, reflejó un cable de ANSA.
Miembros del Comité por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pablo dijeron que la creación de la Comisión demuestra "coraje" de parte de la mandataria, pero indicaron que éste es un "paso" hacia la apertura de procesos contra los militares acusados que por ahora están cubiertos por la amnistía. [Entre Ríos]
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