UNEAC-AHS: Otra maniobra inaceptable

Un pequeño grupo de individuos de distinta procedencia, de disímiles resultados profesionales, la mayoría residentes fuera de Cuba, se arroga el papel de representante de toda la comunidad intelectual cubana, de millones de personas que hablamos alto y claro por nosotros mismos.

La Joven Cuba les sirve de vocero, pues “recibió casualmente” su texto.

En el panfleto de turno, titulado “Manifiesto contra el silencio, por la justicia”, se responsabiliza al gobierno revolucionario con todos los problemas de Cuba y se ataca con particular saña a las instituciones de la justicia. Como hacen el gobierno de los EEUU y sus voceros en el mundo, bien pagados por ese mismo gobierno y por el mercado de la desinformación, se singulariza a este país, pequeño y acosado, y se pretende manipular a sus profesionales.

“El núcleo duro de la mentira es obvio: ignorar la respuesta popular a los incidentes del pasado verano y desconocer las acciones que viene realizando el gobierno cubano en favor de los sectores más necesitados”.

Se omite la existencia del bloqueo y la agresión externa.

En una falsificación condensada en pocas líneas, sin una pizca de análisis serio, los disturbios del 11 y el 12 de julio son presentados exclusivamente como un hecho político, manipulados con una solidaridad hipócrita con los sectores más humildes y de ellos se excluyen, por arte de magia, los actos de vandalismo, agresión física a ciudadanos y autoridades y, sobre todo, cualquier conexión con la maquinaria agresiva mediática dirigida contra Cuba y su pueblo.

El núcleo duro de la mentira es obvio: ignorar la respuesta popular a los incidentes del pasado verano y desconocer las acciones que viene realizando el gobierno cubano en favor de los sectores más necesitados. Es probable que esto último, junto al diálogo sistemático de la dirección de la revolución con amplísimos sectores sociales, cada vez más notable, en medio de la desinformación sobre Cuba, sean las verdaderas razones de esta nueva provocación.

Los intelectuales cubanos nos oponemos a que se hable en nuestro nombre para promover, con burdas mentiras, la agresión a la independencia de Cuba y a nuestros sueños de justicia y libertad plenas. Podemos discutir cualquier opinión sobre nuestra realidad, y así lo hacemos, con total libertad. Pero no aceptamos la maniobra de utilizar justas preocupaciones para servir de instrumento a los enemigos de la Patria. A estos no les interesan los humildes, ni pretenden en modo alguno resolver los problemas que afectan sus condiciones de vida material y espiritual.

La criminalización de nuestras instituciones se articula con el discurso de los promotores del odio entre cubanos, funcional a la agresión exterior; del odio que los firmantes del panfleto dicen repudiar. No la aceptamos.

“Los intelectuales cubanos nos oponemos a que se hable en nuestro nombre para promover, con burdas mentiras, la agresión a la independencia de Cuba y a nuestros sueños de justicia y libertad plenas”.

Estamos dispuestos a continuar trabajando por el bienestar de nuestro pueblo y a ser cada día más críticos con todo lo que lo impida. Condenamos, por ello, toda intromisión externa en nuestros asuntos, todo ataque a nuestra soberanía.

Secretariado de la Uneac

Presidencia de la Asociación Hermanos Saíz

http://www.lajiribilla.cu/otra-maniobra-inaceptable/

Respetan garantías constitucionales en juicios por disturbios en Cuba

Abogados que representan a implicados en los procesos penales derivados de los disturbios del 11 y 12 de julio de 2021 aseguraron que en los juicios se han respetado las garantías constitucionales, informa Prensa Latina.

Uno de los letrados integrante de la defensa dijo haber tenido acceso a las pruebas acusatorias, a estudiar el caso, además de poder entrevistarse con sus clientes y trazar, de conjunto, una estrategia de defensa, según se detalla en un reporte publicado hoy por el periódico Granma.

Sergio Hernández Ramos,  abogado de oficio, señaló que se han podido presentar todas las pruebas y los argumentos en defensa y estos han sido valorados por los miembros del Tribunal.

Los acusados, agrega el rotativo, también han declarado todo lo que han querido, incluso, han podido hablar a favor o en contra del sistema político y social cubano, y a nadie se le ha impedido su declaración.

Rainer Rosales, otro de los abogados de la defensa, explicó que aun cuando en Cuba la responsabilidad penal comienza a los 16 años, en el caso de los acusados que tienen entre 16 y 18 años, están amparados legalmente por un tratamiento diferenciado.

Entre las medidas especiales previstas en las normas jurídicas cubanas para este rango de edad se incluyen no imponer penas privativas de libertad o sanciones tan elevadas, con el propósito de facilitar luego la reinserción del joven en la sociedad.

Precisa el periódico que durante los juicios se han cumplido otras garantías del debido proceso como, por ejemplo, no ser privados de libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido y mantener el respeto a la dignidad e integridad física, psíquica y moral, no ser víctima de violencia y coacción para forzarle a declarar.

El pasado 25 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, como resultado de las investigaciones de los hechos ocurridos en varias ciudades de Cuba los días 11 y 12 de julio de 2021, se presentaron 117 expedientes en fase preparatoria correspondientes a los de mayor connotación, de los cuales 110 pasaron a los tribunales, con 710 acusados.

Añadió la nota informativa que como resultado de los 84 juicios realizados, la Fiscalía ha sido notificada de 44 sentencias dictadas por los tribunales, en las que fueron sancionados 172 acusados, los cuales tuvieron el derecho a establecer los recursos correspondientes, señala la comunicación de la FGR.

La realización de estos procesos penales ha recibido numerosos ataques en de perfiles de redes sociales y medios digitales, muchos de los cuales también estuvieron vinculados a un plan de guerra de cuarta generación diseñado desde Estados Unidos para provocar desestabilización en momentos en los que el país afrontaba una compleja situación por la Covid-19 y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Washington.

Fiscalía cubana sobre los procesos penales derivados de los disturbios del 11 de julio de 2021

Para la Fiscalía General de la República constituye un deber continuar informando al pueblo y a la opinión pública internacional sobre la respuesta legal dada a los graves hechos ocurridos el 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista.

Como se ha explicado, estos hechos ocurrieron en un contexto especialmente complejo de crisis económica mundial, agudizada por una pandemia sin precedentes que arrebató la vida a muchos cubanos, y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos a nuestro país, que continúa intentando, sin poder lograrlo, destruir a la Revolución.

De manera tendenciosa continúan las manipulaciones y matrices de opinión, que pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos, tratando de deslegitimar los procesos penales iniciados para investigar conductas constitutivas de delito, de acuerdo con las leyes vigentes.

La Fiscalía General de la República, como parte de su misión, verificó el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, y controló el desarrollo de las investigaciones practicadas por los órganos del Ministerio del Interior, se garantizó el derecho a la defensa, los abogados aportaron pruebas y tuvieron acceso a las actuaciones.

• La Fiscalía recibió, una vez concluida la investigación, 117 expedientes de fase preparatoria correspondientes a los hechos de mayor connotación, con 790 personas instruidas de cargo por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden. El 21 % de estas personas tenían antecedentes penales.
• De estos se han presentado a los tribunales 110 expedientes, con 710 acusados para su juzgamiento, el 69 % de ellos asegurados con la medida cautelar de prisión provisional.

Del total de acusados en estos expedientes, 115 tienen entre 16 y 20 años de edad, contra los que se determinó ejercer la acción penal ante los tribunales, por la gravedad de los hechos cometidos y su demostrada participación:

• 55 se encuentran entre 16 y 18 años de edad, de ellos 28 asegurados con la medida cautelar de prisión provisional. A partir de las posibilidades que brinda la ley y como resultado de la práctica de las pruebas en los actos de juicio oral, el reconocimiento de los hechos, el arrepentimiento mostrado y la condición de estudiantes, a 18 de estos acusados la Fiscalía les modificó la solicitud de sanción, por otras de menor severidad.
• Asimismo, 60 tienen entre 19 y 20 años de edad, de estos 41 asegurados con prisión provisional.

La decisión de la Fiscalía de sostener la acusación ante los tribunales, en todos los casos estuvo basada en los medios de prueba aportados, entre ellos las declaraciones de testigos y víctimas, peritación de videos publicados en diferentes medios y otros ocupados, que permitieron la identificación de los imputados en hechos que tipifican delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robos con fuerza y violencia, atentado, sabotaje y sedición.

La determinación de acusar por el delito de sedición, aunque tiene previstas sanciones severas, se corresponde con el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional.

En distintas localidades se apedrearon instituciones oficiales, hospitales, casas de cambio (Cadeca), establecimientos comerciales y de expendio de combustible; muchos de ellos, como consecuencia de la violencia generada, resultaron saqueados y sustraídos los bienes, provocándose cuantiosos daños; asimismo fueron asediados, volcados y dañados medios de transporte.

Las sanciones solicitadas por la Fiscalía están en correspondencia con la gravedad de los hechos, el nivel de participación y el daño causado a la sociedad.

Como resultado de los 84 juicios realizados, la Fiscalía ha sido notificada de 44 sentencias dictadas por los tribunales, en las que fueron sancionados 172 acusados, los cuales tuvieron el derecho a establecer los recursos correspondientes.

En cuanto a los menores de 16 años de edad, en Cuba estos no son sujetos del Derecho Penal. En las investigaciones se acreditó la participación de 27, a los que se les aplicó el procedimiento legal establecido: 10 fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos; a 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde cursan estudios.

La Fiscalía, acorde con su función constitucional, atendió a 508 ciudadanos que solicitaron información sobre estos procesos penales y tramitó 238 quejas o peticiones. Los fiscales entrevistaron a las personas y comprobaron los elementos expuestos que se aportaron a la investigación penal. Los resultados fueron explicados personalmente por el fiscal a los promoventes, ofreciéndose los argumentos legales en cada caso.

La Fiscalía General de la República reitera que actuará de conformidad con el encargo constitucional, en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de todos los ciudadanos.

Tomado de Granma