El Plan Colombia por un lado, así como las gigantescas ganancias producidas por el narcotráfico por otro, han mostrado una economía colombiana ficticia, que solo tenía cierto respiro por estos dos factores, que no podían ser contabilizados formalmente como parte del “esfuerzo nacional a favor del desarrollo y el progreso”. Hay que recordar que la década de los 80 del siglo pasado, considerada como “perdida” para América Latina por los economistas y las organizaciones internacionales, tuvo crecimiento negativo para todos los países de la región, menos para Panamá, que tuvo crecimiento cero, Cuba: un 3%, todavía integrando el Consejo de Ayuda Mutua económica (CAME) conformado por los países socialistas y…Colombia, que creció 9%, algo solo explicable, -según los economistas- por la gigantesca reinversión en el país de los recursos de la industria del narcotráfico.
La última década del siglo pasado introdujo el Plan Colombia en la realidad del país, como instrumento ilegal que violaba el artículo 341 de la Constitución Nacional, al crear un documento paralelo al Plan Nacional de Desarrollo, el cual según establece la Carta Magna debe ser elaborado por diferentes instancias gubernamentales para ser sometido a la aprobación del Consejo Nacional de Planeación. Así, al margen de la ley, y cediendo soberanía, (toda vez que como contraprestación, Colombia debió aceptar la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en su territorio sin autorización del Congreso) la oligarquía colombiana se entregó al festín que significaba recibir miles de millones de dólares de Estados Unidos, la “ayuda” más alta de este país a otro del hemisferio occidental y una de las de mayor cuantía en el mundo. La realidad era que si Estados Unidos hubiera querido “apoyar” a Colombia, hubiera suprimido su política proteccionista que impedía o dificultaba la exportación de productos colombianos en un monto muy superior a los recursos aportados por el Plan Colombia. Todo esto se producía durante los primeros años del gobierno del presidente Chávez en Venezuela, cuando Andrés Pastrana lo era en Colombia. Había comenzado la época del parasitismo estructural de la economía colombiana que inició con la gigantesca inyección de recursos del narcotráfico.
El Plan Colombia transformó al país y en especial a las fuerzas armadas en devotos de los recursos, pero estos debían mostrar eficacia en su uso para que el Congreso de Estados Unidos continuara avalando el alud de capitales que comenzó a llegar y a modular el comportamiento de los receptores. Así, bajo inspiración de Álvaro Uribe presidente y Juan Manuel Santos, ministro de defensa, se diseñó la política de los “falsos positivos” que significaba ponerle precio a la eficiencia bélica de las fuerzas armadas, cuantificada con los muertos que se anunciaba como “guerrilleros dados de baja”, sólo que se descubrió que tales combatientes insurgentes no lo eran, y que el parasitismo financiero crónico condujo al asesinato de decenas de personas, solo por el afán de obtener más recursos, poniendo en evidencia un acto de violación masiva y continuada de derechos humanos solo permitida porque contaba con el aval de Washington.
La reducción de los caudales internacionales para una guerra contra el narcotráfico que acorde a la decisión de Estados Unidos no se libra ni por un minuto en su territorio sino en los campos de los países productores, que además de ser criminalmente regados con el glifosato asesino de plantas, animales y el envenenamiento de las aguas que alteran la vida de campesinos que solo obtienen el 0,4% del valor final del producto transformado en droga, significó una alteración profunda en los mecanismos criminales del Estado productor. Las negociaciones de paz entre las Farc y el gobierno colombiano significaron una caída en el ingreso de las fuerzas armadas que recibieron otro golpe cuando el tribunal de La Haya falló a favor de Nicaragua en la delimitación de áreas marinas, y con ello, la ruta más importante de transporte de la droga disminuyó ostensiblemente su funcionamiento, siendo esta vez la marina colombiana, la que recibió el golpe. La economía se estremecía, la caída en el gasto social fue brutal: pagaron los maestros, los miles de niños wayúu de la Guajira muertos por inanición, los campesinos que vieron disminuidos sus ingresos, los pobres de la ciudad y el campo que han visto extenderse la pobreza extrema en las zonas urbanas y rurales hasta superar el 20%, las clases medias y populares que se han hecho más pobres, todo lo cual ha sido falsamente burlado con demagogia y con el apoyo de las noticias falsas emanadas de los medios de comunicación como Caracol, RCN, el Tiempo y el Espectador, máximos exponentes de la desinformación planificada desde el poder.
Cuando parecía que no había argumentos para explicar la crisis y el incremento de la pobreza a partir de 2008 en momentos de una plena expansión económica que no significó mayor equidad, el tema de Venezuela vino en auxilio de la atribulada oligarquía colombiana, que imitando a su amo del norte comenzó a tratar de superar por vía externa, la profunda inmundicia que había creado al interior del país. Primero fue Uribe, quien en los estertores de su mandato, se inventó unos inexistentes campamentos guerrilleros en territorio venezolano, amenazando con una invasión para venir a combatirlos. Sólo la firmeza del Comandante Chávez y la fortaleza de la unidad cívico-militar en Venezuela impidieron esta locura. Las relaciones fueron interrumpidas y el comercio bilateral seriamente afectado, creando gigantescas pérdidas al sector productivo y exportador de Colombia con un consiguiente desempleo y caída en los ingresos que la oligarquía no podía sostener. Por eso desestimaron un posible nuevo período de Uribe y rechazaron a Arias quien era el sucesor designado. Eligieron a Santos con la misión de recuperar las relaciones con Venezuela y con Ecuador país que también había roto sus relaciones tras ser invadido por las fuerzas armadas colombianas.
La guerra comenzó a dejar de ser un buen negocio, por eso se le dio el mandato a Santos para que negociara la paz, había que aprovechar las condiciones que emanaban de los TLC firmados con Estados Unidos y otros países para incrementar ganancias, pero antes se debía modernizar el aparato productivo y la infraestructura, sobre todo la de transporte que impedían ampliar el comercio y las exportaciones. Desde el primer momento, Venezuela apoyó las negociaciones de paz, no sólo eso: las incitó, las promovió, las estimuló, sin embargo, a cambio solo recibió el desprecio de las élites neogranadinas, todavía sedientas de poder, ganancia y sangre.
Por ello su ensañamiento con Venezuela, sobre todo el de Santos que al igual que Obama han dedicado su Premio Nobel de la Paz a desarrollar la guerra, como si ese fuera el sino de ese premio innoble. Y en esa lógica, el actual gobierno colombiano encontró una nueva forma de auto financiamiento: recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no para pedir un crédito para su país como lo acaba de hacer Mauricio Macri, sino para “rescatar a Venezuela”. Sin que nadie se lo pidiera, el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas aseveró que este “plan de rescate” está pensado “para los venezolanos (ya que) el día que Venezuela adopte las medidas económicas correctas va a requerir una financiación adicional para poner la casa en orden, y que la economía vuelva a funcionar”, porque “Nadie sabe cuándo va a darse un cambio de gobierno en Venezuela pero tenemos que estar preparados para eso”.
Si nadie sabe cuándo va a haber un cambio de gobierno en Venezuela, uno podría preguntarse entonces ¿para qué está pidiendo esa enorme cantidad de recursos?, sobre todo cuando estamos hablando de un gobierno que se va en menos de tres meses, ¿será que necesitan dinero para la campaña electoral? O ¿para pagarles a los maestros y campesinos burlados en negociaciones en las que el gobierno nunca cumple? O simplemente ¿para retirarse con un dinerillo en el bolsillo? El talante parasitario y corrupto de la elite colombiano da para pensar cualquier cosa, sobre todo cuando sus representantes se han dedicado a vociferar respecto de los 4 millones de venezolanos que han huido del país, la mitad de los cuales se habrían establecido en Colombia, para lo cual también han visitado Estados Unidos y los organismos internacionales pidiendo recursos desesperadamente, dando lástima y transmitiendo dolor, Cárdenas afirmó que “Hasta ahora Colombia lo ha hecho con sus propios recursos y presupuestos, pero ya empieza a haber problemas fiscales, porque estamos hablando de números muy grandes, que requieren servicios de salud, educación, asistencia para su alimentación”. Es válido entonces, preguntarse qué haría el gobierno colombiano si tuviera que preocuparse y atender a los 5 millones y medio de conciudadanos que viven en Venezuela y que contrario a lo que se dice siguen llegando desplazados por las persecuciones, las masacres y el despojo de tierras a los que son sometidos por los paramilitares bajo abrigo y protección de los organismos de seguridad y las fuerzas armadas, mientras el gobierno de ese país se hace de la vista gorda ante tales desmanes.
En todo caso, el FMI que –como se sabe- es una institución conducida en los últimos años por directores gerentes corruptos (Rodrigo Rato, Dominique Stauss-Kahn y Christine Lagarde), todos investigados por la justicia y, manejado por Estados Unidos que tiene acciones suficientes para vetar cualquier decisión, vive de hacer negocios a la segura con países en dificultades severas, aplicando sus recetas de hambre y miseria, pero no corre riesgos para satisfacer intereses privados, así sea de grupos poderosos de la oligarquía de algún país. Por eso, El director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner se apresuró a responderle al ministro de Hacienda de Colombia, diciendo que era muy prematuro “hablar de cifras y planes” para Venezuela.
Por otra parte, la falsedad de los números manejados por el gobierno colombiano para justificar su demanda de recursos fueron puestos en evidencia y desmentidos por funcionarios del propio Estado: Felipe Muñoz gerente para la frontera con Venezuela y Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia evidenciaron que el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia arrojó que en el país hay 203.989 venezolanos, no dos, ni tres, ni cuatro millones como estos delincuentes han dicho en su afán de esquilmar a las organizaciones financieras internacionales.
Como siempre, el objetivo real que se busca se termina sabiendo, en Hungría, el presidente colombiano donde al parecer viajó a “vender” a Venezuela a empresarios europeos, afirmó que “Con el cambio de régimen —que se va a dar y que se va a dar muy pronto—, la economía venezolana con un poco de buen Gobierno va a dispararse rápidamente y la oportunidad para Colombia es enorme”. En pocas palabras, se trata de ayudar a Estados Unidos a reventar la economía venezolana, para instalar un gobierno que le dé mejores oportunidades a la oligarquía colombiana de hacerse cargo del país a fin de exprimir al pueblo de Venezuela como lo hace con el propio. El mismo Santos explicó que Venezuela es “el país más rico en América Latina”. Visto desde su perspectiva aviesa y corrupta debe estar pensando que “Venezuela es un buen botín” por eso, dijo -el artífice de la invasión a Sucumbíos en Ecuador- que si él tuviera que apostar, “le apostaría a Venezuela a futuro”. Sólo un hampón mafioso puede ser tan descarado.
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