Desde un salón ubicado en el Congreso colombiano y con el total apoyo de las instituciones del país vecino, un grupo de juristas venezolanos ha propuesto juzgar al presidente Maduro en su ausencia, dado por descontado de que éste no comparecerá ante esta instancia paralela en el extranjero por señalarla fuera de la legalidad venezolana y nula en todos sus actos. El hecho en sí confirma que el peso de la agenda de cerco internacional contra Venezuela sigue recayendo en Colombia, dada su condición de aliado geopolítico fiel de Estados Unidos.
En reseña del Miami Herald, este acto en el cual también participó la ex fiscal venezolana y prófuga de la justicia venezolana, Luisa Ortega Díaz, tendría un carácter simbólico. No obstante entre sus promotores suscita la idea de que este acto sea de carácter vinculante para emprender entonces una nueva etapa en la criminalización y consolidación de un falso expediente contra el mandatario venezolano.
El llamado "TSJ en el exilio" está conformado por un grupo de juristas nombrados por el parlamento venezolano en desacato, es decir, con nulidad en sus actos por orden del legítimo (y en ejercicio) TSJ de Venezuela desde el año 2016.
Las razones que exponen los juristas opositores en el exilio para la apertura de un "juicio" a Maduro están relacionadas con el afamado caso Odebrecht. El próximo 9 de abril el autodenominado "tribunal" presentará su decisión de hacer efectivo o no un juicio contra el Presidente.
Congruencia y viabilidad del "juicio"
El llamado "TSJ en el exilio", con sus actos, pretende consolidarse como un agravio al derecho venezolano, dado en primer lugar la nulidad en la conformación de dicho "tribunal", nombrado por la Asamblea Nacional (AN) en desacato mediante actos nulos. En segundo lugar, por el desconocimiento de la Constitución venezolana de todo acto fuera de la juridiscción del territorio venezolano, acorde a las disposiciones referentes al sistema de justicia venezolano señaladas en el artículo 253 de la Constitución.
Por otro lado, la referida instancia desconoce todos los mecanismos institucionales previstos en la Constitución venezolana para el enjuiciamiento del Presidente, por no contar con ninguno de los poderes legítimos y en ejercicio que están habilitados en la Constitución para tales fines, como un parlamento en funciones y el Poder Ciudadano.
Adicionalmente, Maduro no compadecerá ante esta instancia, lo cual implica que un juicio en ausencia del Presidente y sin ejercicio legítimo de la defensa, socava más todavía la viabilidad legal de dicho acto, ya bastante comprometida desde la nulidad en el nombramiento de este bufete de abogados el año pasado.
Los juristas venezolanos en el exilio están plenamente conscientes de la nulidad de sus actos, no obstante los emprenden asumiéndolos fuera de la esfera legal como actos claramente políticos, enmarcados en una trama mucho más compleja de criminalización del Presidente venezolano. Por otro lado, la promoción del resquebrajamiento de la institucionalidad venezolana, la agudización de la desestabilización interna y la continuidad de la internacionalización del asedio a Maduro, son componentes claves.
Luisa Ortega Díaz, en su presentación en Bogotá, también pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que detuviera a Maduro e instó a Interpol a emitir una orden de arresto debido a la "seriedad de los cargos".
La situación-contexto del "juicio"
El caso Odebrecht, conocido como el escándalo de corrupción más grande en América Latina en los últimos años, ha generado un conjunto de turbulencias políticas en la región. Este caso ha sido un particular insumo a las pugnas por el poder en diversos países como Brasil, Perú, Colombia, Panamá, entre otros. Y ha sido un factor clave en el proceso de judicialización de la política en el continente, desembocando en episodios de persecución selectiva de gobernantes y, por otro lado, elemento de uso peyorativo en campañas electorales.
La migración de los señalamientos contra Maduro de "dictador" o "violador de los derechos humanos" a "corrupto por el caso Odebrecht" es un hecho significativo. Los promotores del asedio y la asfixia económica y política contra Venezuela (contexto en el cual emerge este "antejuicio") han encontrado un recurso que ha resultado, en términos políticos, bastante lucrativo.
El caso Odebrecht y las redes de corrupción que se desataron en América Latina es, en efecto, una de las más formidables canteras de señalamientos contra líderes políticos, desde las más consistentes, hasta las que pueden calificarse como "fake news".
No obstante, el factor modulador de este episodio de asedio contra el Gobierno de Venezuela es la trama de sanciones y acciones coercitivas dirigidas por Washington.
¿Pueden derivarse consecuencias efectivas de este "juicio"?
Sobre la capacidad efectiva de este "tribunal" hay varias reflexiones.
"Uno de los componentes esenciales de todo órgano de poder público es que ostente legitimidad en el desempeño de sus funciones, algo que requiere reconocimiento de otros poderes públicos y de la ciudadanía. Ni siquiera existe consistente reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional", inquiere Nizar El Fakih, director de la organización Pro Iuris, citado por El Nacional, al referirse al "TSJ en el exilio". "Muchos creen que no podemos hacer nada, pero podemos hacer más de lo que muchos creen", aseguró para la misma fuente Pedro Troconis, magistrado de la Sala de Casación Penal del "Supremo en el exilio".
La primera pretensión del referido "juicio" es generar un impacto político, entendiendo que la ilegal y absurda acusación contra Maduro puede alcanzar a nivel internacional. El principal obstáculo del "TSJ en el exilio" no es sólo su cuestionada capacidad de acción, sino también su propia legitimidad, lo que se deriva en su capacidad de brindar efectividad a sus decisiones.
Es un hecho que el único punto a favor de esta pseudo instancia judicial radica en el ámbito de la aprobación y reconocimiento de su existencia por parte de gobiernos alineados contra Venezuela, como los agrupados en el llamado "Grupo de Lima" y el apoyo abierto del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
La aseveración de Troconis apunta a la probabilidad de legitimación del "juicio" contra Maduro desde instancias internacionales y que, mediante esos actos, pretendan escalar a niveles sin precedentes sus arremetidas contra Venezuela. También, la posibilidad de que a partir del juicio al Presidente venezolano se decanten "juicios" en ausencia contra otros funcionarios venezolanos, para así activar dispositivos judiciales mediante Interpol, instancia totalmente controlada por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, llevar las sanciones contra funcionarios a niveles de enjuiciamiento y acciones coercitivas.
El propósito de estas acciones apuntaría a inhabilitar la política exterior venezolana y profundizar las condiciones de aislamiento de Venezuela. Un aislamiento que aunque parezca personalizado a figuras concretas del chavismo, afectaría las relaciones internacionales del país en sí inhabilitando sus vínculos políticos y comerciales.
Uno de los elementos claves a considerar es la posibilidad de que se declare de carácter "vinculante" un juicio ilegal contra Maduro en Bogotá. Es el componente de lo que hoy sucede en el marco de la política exterior estadounidense. La gestión de la administración Trump luce cada vez más errática e incongruente. Luce en esencia desbocada. Podría resumirse de hecho en una política exterior que actúa con cada vez más consistencia y sin desparpajo, violando todos los frentes legales y el entramado institucional que él mismo EEUU contribuyó a crear.
Las acciones diplomáticas contra Rusia, la agresividad en la política comercial contra China, la destrucción del TLCAN, la amenaza bélica nuclear contra Corea del Norte, la profundización del arco de inestabilidad en Medio Oriente, el deterioro de las relaciones de EEUU con Europa, son vestigios evidentes de un Estado norteamericano que se digiere en las contradicciones de sus poderes internos.
La política exterior para América Latina está dirigida por Marco Rubio, quien desde una retórica y acciones duras contra Venezuela ha promovido su posición electoral como senador por el estado de Florida, apoyado por la Asociación Nacional de Rifle y la diáspora cubana en EEUU. Como duro promotor de las sanciones contra Venezuela, Rubio es claramente proclive a la criminalización de Maduro y la creación de toda condición favorable a que se produzca un aislamiento de Venezuela. Luis Almagro y otros rostros del antichavismo desaforado a escala regional como Mauricio Macri y Juan Manuel Santos, son claros aliados de las posibilidades que se ciernen desde este enjuiciamiento.
La persecución directa del presidente y demás líderes del chavismo a escala internacional es una posibilidad latente sólo en esta enrarecida política exterior y conjunto de relaciones internacionales sumamente conflictuadas que han germinado en la era Trump. Mike Pompeo es máximo jefe de la CIA y ahora el timonel del Departamento de Estado norteamericano, ha sido un activo promotor de las sanciones contra Venezuela y es además uno de los articuladores de la campaña que ha señalado a Venezuela como un "narcoestado".
Nueva forma de asedio
El alcance y aceptación que las instancias internacionales puedan darle al "juicio" contra Maduro por el caso Odebrecht desde Colombia está por definirse. No obstante es un precedente inédito en América Latina que es necesario observar, especialmente por haber referencias en otros ámbitos.
En 2011 la Corte Penal Internacional había emprendido un enjuiciamiento en ausencia contra el líder libio Muamar Gadaffi, orquestando una cacería internacional en su contra mientras su país era bombardeado y asediado por la OTAN y grupos mercenarios. El expediente quedó cerrado al confirmarse su asesinato.
En 2015, en instancias del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, la fiscalía del Tribunal de París abrió una "investigación preliminar" contra el líder sirio Bashar Al Assad, acusado de "crímenes contra la humanidad". El señalamiento fue presentado como una decisión diplomática y jurídica, que abría un proceso muy complejo e incierto en el terreno jurídico, subrayando su carácter con fines diplomáticos multilaterales.
En conclusión, el componente judicial es un factor clave en la composición de una estructura completa de asedio, que incluso en el momento político regional está adquiriendo una efectividad que requiere ser analizada. En el caso venezolano, las piezas parecen unirse consolidando una trama que está evolucionando constantemente. Ningún elemento debe ser desestimado.
Misión Verdad
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