Cierto que el peligro no ha pasado del todo, porque la inteligencia norteamericana ha seguido maniobrando para confundir a jóvenes universitarios y otros ciudadanos nicaragüenses que protestaban contra una resolución oficial que aumentaba sus contribuciones al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), detonante del problema, propuesta que posteriormente fue eliminada por el presidente Daniel Ortega, quien llamó a un diálogo para resolver la situación.
Estados Unidos no se conforma con que el gobierno sandinista se haya mantenido once años consecutivos en el poder y ganado inobjetablemente elección tras elección, el cual, pese a la crisis económica mundial, haya mantenido un aceptable índice de desarrollo y mantenido conquistas sociales, además de tener al pueblo alfabetizado y gratuitos los servicios públicos de salud, además de estar enfrascado en un proyecto de construcción de viviendas en una nación donde dos terremotos de gran magnitud dejaron escenas dantescas de desastre.
En cuanto al seguro social, recordemos que desde 1990, los gobiernos neoliberales que por 16 años consecutivos asumieron el poder, robaron al INSS, negándoles las pensiones a miles de adultos mayores, pensiones reducidas que el gobierno revolucionario les había otorgado. O sea, la derecha utilizó el organismo como una caja chica para robar al pueblo.
Cuando el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional regresó al poder reincorporó al INSS a 52 000 pensionados y planteó una reforma para estabilizar al seguro social, debido a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió cambiar la edad mínima para el otorgamiento de pensiones de 60 a 65 años y las cotizaciones de 750 a 1500.
El FMI le exigió a Nicaragua quitar un mes de salario a los jubilados y que los trabajadores debían aportar el 2% de su salario para rescatar el INSS.
Ante las exigencias del organismo internacional, Ortega, en aras de proteger a la población, decidió no incrementar la edad a las jubilaciones y tampoco las cotizaciones, y lo único que hizo fue incrementar el aporte al INSS de 0.75%, diferente a lo que establecía el FMI, que era, reitero, el 2%. La mayor cuota estaba dirigida hacia la empresa privada y hacia el Estado.
No obstante, elementos al servicio del imperialismo, aprovechando el control mediático, con mucho dinero de por medio, organizaron grupos de protesta que se infiltraron en las pacíficas demostraciones de personas, principalmente jubilados, que no estaban de acuerdo con la resolución.
Así, la CIA ya tenía un plan para ponerlo en práctica en la primera ocasión y, utilizando las recetas para las “guarimbas” venezolanas, armó a mercenarios con elementos bélicos, armas, gasolinas y modo de hacer bombas caseras, todo utilizado para atacar a las fuerzas del orden, manifestantes pacíficos y personal de la prensa, con un saldo de una treintena de muertos y centenares de heridos. Además se promovieron saqueos de comercios e incendios de hospitales, escuelas y bibliotecas, una de las cuales fue quemada totalmente, perdiéndose un valioso patrimonio nacional.
Trump, gusanos y Nica Act
El presidente Donald Trump ha llamado a sus ciudadanos a que no visiten Nicaragua, reducido la mayor parte de su personal diplomático —no el relacionado con las cuestiones de inteligencia (léase sabotaje)— e instado al Congreso a aprobar la denominada Nica Act, que había sido calorizada por la “gusana” Ileana Ross-Lehtinen y ahora puesta a punto por su adláter Marco Rubio.
En un comunicado, la legisladora republicana, conocida por sus posiciones extremas contra los líderes y procesos revolucionarios, refirió en un comunicado que: “Debemos continuar con el sostenimiento de estándares para todos los gobiernos de Centroamérica en temas de derechos humanos, corrupción y transparencia, mientras examinamos dónde usar el dinero de los contribuyentes estadounidenses”.
Explicó que este nuevo proyecto de Nica Act “es más fuerte” que el del pasado año, pues exige “que el régimen (de Ortega) combata activamente la corrupción y tome las medidas significativas para proteger a defensores y activistas de los derechos humanos. Estas son preocupaciones bipartidistas”, dijo la representante, que acusó al jefe de Estado de “una trayectoria destructiva”.
El nuevo proyecto de ley especifica que Estados Unidos solo aprobaría los préstamos internacionales a Nicaragua por “razones humanitarias o para promover la democracia” en la nación centroamericana, de poco más de seis millones de habitantes y una historia de intervenciones del país imperialista.
Aunque debe ser aprobado por la Cámara Baja, luego por el Senado y finalmente ratificado por Trump, este nuevo movimiento contrarrevolucionario traería complicaciones internas, pues le cerraría el paso al desarrollo sostenible que prestigia al gobierno.
La provocación de los congresistas queda clara al contemplar que la Nica Act sería suspendida solo si Ortega promueve la realización de elecciones “libres, justas y transparentes”, un viejo cliché injerencista en los asuntos internos de otros países, al que está habituada la prepotente Casa Blanca.
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