No es ocioso recordar su teoría, desarrollada para remover gobiernos no aceptables para Estados Unidos:
- La lucha activa se centra por “reivindicaciones políticas y sociales”, y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones.
- Ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de “ingobernabilidad”.
- Forzar la renuncia del Presidente de turno, mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle.
El gobierno sandinista está en la mirilla imperialista desde hace tiempo, entorpeciendo las inversiones previstas para la ejecución de un nuevo canal interoceánico y otras que pueden elevar los niveles económicos de ese país, que ya sufrió el desgaste de la contrarrevolución pagada, abastecida y entrenada por la CIA.
Ante la imposibilidad de derrocar al presidente Daniel Ortega en el proceso electoral, Estados Unidos aprovecha cualquier oportunidad para desestabilizar a Nicaragua y los hechos más recientes así lo prueban.
En cuanto se anunciaron las reformas al Seguro Social por el gobierno nicaragüense, comenzaron las protestas que evidencian la mano yanqui, pues la violencia callejera ejecutada por jóvenes que no se perjudican por la misma, no justifican ese estado de “irritación”, que ya deja un saldo de 25 muertos, entre ellas el asesinato de Ángel Eduardo Gahona, periodista del Canal 6 de Nicaragua, por un disparo en la cabeza mientras reportaba hechos de violencia en la ciudad de Bluefields.
La situación es idéntica a la creada en Venezuela, ejecutada por grupos financiados por la oposición vinculados a la embajada norteamericana.
Imposible que sea una casualidad que en Nicaragua los que protestan de forma vandálica y terrorista, sean también jóvenes estudiantes universitarios, unidos a pandilleros.
Los de Venezuela recibieron importantes cantidades de dinero para ejecutar dichos actos, que acabaron con la vida de decenas de personas, saquearon centros comerciales y quemaron instituciones estatales, lo mismo que ahora sucede en Nicaragua.
Si fueran protestas verdaderas por reclamos políticos como sucede en España, Italia, Argentina o Grecia, no existirían actos terroristas, lo que demuestra la mano de la CIA en esa violencia.
El presidente Ortega lo dejó bien esclarecido cuando declaró:
“Esto que está aconteciendo en nuestro país, no tiene nombre. Los muchachos ni siquiera saben el partido que los están manipulando. Incorporan a pandilleros y criminalizan las protestas”.
Si las protestas son teóricamente por reclamos ante las reformas al Seguro Social anunciadas por el gobierno sandinista, ¿cómo se explican los saqueos a centros comerciales de ventas de televisores, neveras y hasta motocicletas, unido a los daños en instalaciones estatales, entre ellos algunos hospitales?
¿Acaso eso es respetar los derechos humanos y ayudar al pueblo?
Todo es una copia del plan elaborado por la CIA contra Venezuela, con el que se pretende aplicar la teoría de Sharp.
Si actos similares se produjeran en España la policía acabaría las protestas a bastonazos, disparos con gomas de bala, chorros de agua fría y gases lacrimógenos, todo con la violencia salvaje que caracteriza a la derecha cuando enfrenta manifestaciones pacíficas. Estados Unidos y la Unión Europea le darían todo el apoyo mediático y ninguno impondría sanciones al gobierno del Partido Popular.
La actual campaña de prensa está dirigida a satanizar al gobierno sandinista y no a los responsables de los actos vandálicos, incluso la Conferencia Episcopal de Nicaragua condenó la “represión” contra los manifestantes y exhortó al gobierno a escucharlos y a derogar las reformas al Seguro Social, pero hace silencio contra los responsables de las 25 muertes, incluida la del periodista.
El gobierno argentino ha tomado más medidas que afectan a la población, como los llamados tarifazos, desplegó las tropas policiales cuando el pueblo se lanzó a protestas y las acabó a porrazos y balas de goma, pero no hay campañas contra Macri, porque es uno de los países donde la derecha pro yanqui retomó el poder, junto con Brasil, a lo que va sumándose Ecuador y en los próximos días Paraguay, donde las elecciones fueron ganadas por el hijo del ayudante del dictador Alfredo Stroessner, uno de los que llevó a cabo la Operación Cóndor diseñada por la CIA en Suramérica.
No por casualidad intentan desmontar todos los organismos creados por los gobiernos de izquierda, entre ellos la UNASUR, donde los seis países que siguen al pie de la letra las órdenes de Washington (Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú) han declarado su decisión de no participar en las distintas instancias de UNASUR, “hasta tanto no cuenten con resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización”.
Se trata de un show montado para no permitir la presidencia de Bolivia, país que junto a Venezuela mantienen las banderas de la izquierda en favor de los desposeídos, situación a la que se opone el imperialismo yanqui con todo su poderío.
Las razones son obvias, la secretaría de UNASUR está vacante desde enero del 2017, cuando dejó el cargo el colombiano Ernesto Samper, debido a la falta de consenso alrededor del único candidato presentado hasta la fecha, el argentino José Octavio Bordón.
Ante esa maniobra política que pretende desmembrar la unidad de los países del Sur. El ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani, declaró desconocer la intención de algunos países de abandonar la UNASUR y adelantó que su resolución, como presidente pro témpore del organismo, es convocar para mayo una reunión con sus homólogos.
Esperemos pues las próximas exigencias de la derecha nicaragüense (...)
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