En aquella ocasión el ministro de asuntos exteriores se negó rotundamente a aceptar tal denuncia y les expuso claramente que, si tenía las pruebas suficientes, debían acudir a la justicia por ser la encargada de ventilar tales casos.
Rosa María y su madre orientadas desde EE.UU. así lo hicieron, pero para su sorpresa los jueces no aceptaron la acusación por carecer de elementos probatorios.
Durante el juicio celebrado en Cuba contra el homicida español Ángel Carromero, enviado a la isla por Esperanza Aguirre del Partido Popular español, para repartir miles de euros para que los contrarrevolucionarios ejecutaran actos provocativos, se comprobó fehacientemente que Carromero conducía el auto rentado a exceso de velocidad, lo que en España acostumbraba a realizar y de ahí que le fuera suspendida su licencia.
Una vez decidido su traslado a la península, para el cumplimiento de su sanción por el homicidio de Oswaldo Payá y su compañero de fechorías, le fue entregado en custodia al embajador español hasta su salida hacia Madrid, y en ningún momento le confesó al diplomático que fue presionado para sus declaraciones de culpabilidad en el juicio.
El embajador y el cónsul general de España estuvieron presentes en el juicio, junto a decenas de periodistas de agencias extranjeras y todos declararon que el proceso jurídico fue limpio y demostró la responsabilidad de Carromero en la muerte de Payá.
Posteriormente Rosa María y su madre, fueron entrevistadas en la residencia de un diplomático yanqui, no en el consulado, donde aceptaron desarrollar la campaña anticubana a cambio de un visado de “refugiadas políticas”, algo inescrupuloso pues manipulan la muerte de un ser querido para ganar dinero y posición en Miami.
Ahora los miembros de la mafia terrorista anticubana, esa que respalda a los asesinos que residen libremente en Miami, como Luis Posada Carriles, autor, entre otros hechos, de la voladura de un avión civil cubano donde murieron 73 inocentes, han presentado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, una resolución para que se investigue la muerte de Payá, e incluso recientemente uno de sus miembros, Marco Rubio, propuso cambiarle el nombre a la calle donde se encuentra la embajada cubana en Washington, por el de Oswaldo Payá.
¿Por qué el corrupto senador Bob Menéndez, aún en proceso investigativo, y Ted Cruz, ambos de padres cubanos, no solicitan investigar a Carlos Alberto Montaner, terrorista prófugo de la justicia cubana por colocar petacas incendiarias en centros comerciales, causantes de varios heridos?
En Miami también radica Gaspar Jiménez, asesino del diplomático cubano Dartagnan Díaz y cómplice de Posada Carriles, ambos condenados por terrorismo en Panamá y posteriormente liberados por presiones de la CIA.
No conocen esos senadores que por las calles de Miami caminan libremente Guillermo Novo Sampoll, cómplice del asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, su chofer y la secretaria, además de ejercer como torturador en el tenebroso Plan Cóndor y asesino de dos custodios de la embajada de Cuba en Argentina; Santiago Álvarez Fernández-Magriñá, terrorista y traficante de armas; Rodolfo Frómeta, terrorista cubano, jefe de los comandos F-4, autor confeso de actos terroristas contra Cuba, Pedro Remón, agente CIA que participó en el asesinato en New York de los diplomáticos Félix García y Eulalio Negrín, más una docena de asesinos protegidos por las autoridades norteamericanas.
Campañas engañosas no podrán transformar la verdad y resulta repugnante que la propia familia de la víctima, se preste para emplear al difunto a fin de ganar miles de dólares.
Nunca el Senado yanqui ha aprobado una resolución para investigar la desaparición de 43 jóvenes mexicanos, o del asesinato de cientos de periodistas, ni han solicitado una investigación sobre los asesinatos de activistas de izquierda en Latinoamérica, lo que demuestra la payasada de los anticubanos a fin de deformar la realidad de la Revolución, esa que nunca han podido destruir.
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