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| Ilustración: http://homozapping.com.mx |
2017 comenzó de luto para el periodismo en México, con sombras que llegan a todo el continente. Primero mataron a Ricardo Monlui Cabrera, director de El Político y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba; el hecho sucedió en Veracruz. Luego fue el turno de Cecilio Pineda Birto, director de La Voz de Tierra Caliente y colaborador de los periódicos La Jornada Guerrero y El Universal. Ese crimen ocurrió en Guerrero. Y la tercera víctima fue Miroslava Breach Veducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua capital, una mujer de 54 años que llevaba a su hijo a la escuela.
Desde 2013 gobierna Enrique Peña Nieto, de PRI, partido que gobernó en la mayoría de las siete décadas anteriores con un marcado sesgo neoliberal, acusaciones de corrupción, connivencia con el narcotráfico y con crímenes de periodistas.
En lo que va de su mandato son 30 los periodistas asesinados. Esa cuenta la lleva prolijamente la Organización Internacional de Derechos Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, conocida como “Artículo 19”. En el primer año de Peña Nieto fueron asesinados cuatro comunicadores, en el 2014 fueron cinco, en 2015 siete y en 2016 once. Se llega a treinta con los tres nuevos mártires del 2017, que seguramente serán más.
La Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), seccional México toma de punto de jalón el año 1983 y llega hasta nuestros días. Su comunicado afirmó: “264 homicidios contra las libertades de prensa y expresión de 1983 a la fecha: son 229 periodistas; ocho trabajadores de prensa; 15 familiares y nueve amigos de comunicadores, y tres civiles. Además son 26 las desapariciones forzadas pendientes de aclaración”.
Es muy obvia la responsabilidad de Peña Nieto, pero también esas estadísticas engrosaron con el gobierno del PAN, de Vicente Fox, otro partido de derecha y oligárquico conducido en ese momento por el ex gerente de la Coca Cola que ayudó a George Bush tanto como pudo pero no logró impedir la caída del ALCA en Mar del Plata.
Tampoco queda a salvo el que alguna vez fue de oposición democrática, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), miembro de la Internacional Socialista. Gobierna los estados de Ciudad de México, Michoacán, Morelos y Tabasco, y otros tres mediante coaliciones: Durango, Quintana Roo y Veracruz. Si bien su responsabilidad es menor comparativamente a los otros dos grandes partidos, no zafa de la crítica. Gobierna Veracruz, donde se produjo uno de los tres crímenes de periodistas de 2017.
La disculpa más usual de los gobernantes es que esas muertes obedecen a acciones del “crimen organizado”. Y eso es mitad verdad y mitad mentira, porque además de los carteles narcotraficantes hay periodistas asesinados que estaban publicando e investigando hechos de corrupción de los gobiernos. Los crímenes quisieron impedir que se sepa de esas verdades, donde, por otro lado, son frecuentes las ligazones de funcionarios y carteles, que emplean parecidos sicarios.
Más inseguridad para todos
Una encuesta realizada a 377 periodistas por las investigadoras Mireya Márquez y Sallie Hughes, de la Universidad Iberoamericana (campus Ciudad de México y de la Universidad de Miami) dejó resultados muy reveladores. Eduardo Ibarra Aguirre se refirió al estudio en una nota de Resumen Latinoamericano, el 26 de marzo.
Respecto al origen de las amenazas contra los encuestados por las académicas, el 42.8 por ciento los atribuyen a las amenazas por publicar notas sobre el crimen organizado, pero 35 de cada 100 periodistas estima que fue por ventilar temas relacionados con políticos y funcionarios.
Por eso es falso el descargo del poder mexicano pretextando que todos los asesinatos de periodistas tienen que ver con el crimen organizado. La mayoría de los periodistas cree que se trata de dos factores muy ligados entre sí: la criminalidad y la política.
Muchos cronistas han sufrido amenazas. Cuatro de cada diez periodistas mexicanos declararon que fueron amenazados y el 75 por ciento aseguró que fue amenazado más de dos veces. No hay que ver solamente el reguero de sangre, de los 229 periodistas muertos desde 1983, el saldo más doloroso e irreparable. También hay que mensurar la angustia que producen esas amenazas en un país donde se sabe que del llamado telefónico a recibir un plomo en la cabeza suele haber un corto trecho.
¿Qué se hace frente a esas situaciones tan duras en tierra azteca?
Es muy doloroso, pero el 67,4 por ciento de los colegas admitió que ante las agresiones opta por autocensurarse, bajando los decibeles y no enojando más a sus críticos en armas. “Únicamente 5.9 por ciento dijo tener confianza en la policía, frente a 73.5 por ciento que afirmó tener poca o ninguna confianza. Y nada más 10 por ciento confía en el sistema judicial. De 377 encuestados, solamente siete acudieron a las autoridades para denunciar las amenazas”, son otras de las conclusiones de esa encuesta representativa.
Si el poder político sale muy mal parado de esa prueba, no le va mejor a la justicia, la Procuración General de la República y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusadas de inacción, cajoneo y obstrucción, en la investigación de los crímenes de gente de prensa.
No son problemas que aquejen sólo a la investigación de esas muertes. El Estado mexicano la pasó muy mal el 22 de marzo pasado en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se le reclamó por los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014 en Guerrero. La versión estatal es que los mismos fueron incinerados en un basurero de Cocula, pero eso es muy cuestionado por familiares e investigadores de la comisión designada por la CIDH.
¿Cuál es el malo?
México no es el único lugar donde el periodismo corre peligros. En Argentina hubo 127 desaparecidos y asesinados durante la dictadura militar-cívica, según el listado del 29 de marzo de 2010 de la Agencia Nacional de Comunicación (ANC) de la UTPBA. En democracia están los casos de Mario Bonino, asesinado en 1993, y José Luis Cabezas, en 1997. Hoy, bajo el gobierno de Mauricio Macri, están los despidos en el grupo kirchnerista de Sergio Szpolski y Garfunkel, quita de pauta oficial a Página/12 y otros medios, cesantías en Radio Nacional y la Televisión Pública, ataque ilegal al AFSCA, asfixia a las radios comunitarias, levantamiento de programas, etc.
Aunque el gobierno del PRO-Cambiemos es de parecida filosofía al del PRI, y su aliado para un bloque entre el “nuevo” Mercosur (sin Venezuela) y la Alianza del Pacífico, la performance en materia de crímenes de periodistas es diferente. En esas muertes México está a la cabeza del podio, con lejanos perseguidores en Honduras, Colombia, etc.
Sin embargo, para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), los “malos de la película” son Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador. En sus asambleas anuales, éstas son sentadas en el banquillo de los acusados por “atentar” contra la libertad de prensa. No hace falta ser muy listo para darse cuenta que la entidad con sede en Miami actúa en sintonía con otra que tiene el mismo asiento, la OEA. Y que ambas son colaterales del Departamento de Estado y en algunos casos la CIA y otros servicios de inteligencia.
La SIP presume de agrupar a 1.300 medios del continente. Su actual presidente es Matt Sanders, gerente general de Deseret Digital Media, de Salt Lake City, Utah. Viejos conocidos de Argentina son sus directivos Bartolomé Mitre, de La Nación, Luis Echevers y Marcela Noble Herrera, de Clarín, Ricardo Trotti, director ejecutivo, etc.
La 62° asamblea de la SIP se hizo en octubre de 2016 en México, pero no enjuició los crímenes de varios años antes ni impidió los de 2017.
En cambio, esa cloaca de Miami sacó pronunciamientos contra Rafael Correa. Trotti, director ejecutivo de la SIP, informó que Ecuador fue “un tema relevante en la última Asamblea en México”. La Ley de Comunicación ecuatoriana “se ha transformado en una espada contra la libertad de expresión” y está siendo usada por el Gobierno “como un arma de censura y de destrucción del derecho a la información”, agregó.
En 2015, la 61° Asamblea en Charleston, EE UU, resolvió “denunciar a la comunidad internacional que Rafael Correa y su gobierno son los principales agresores en contra de medios y periodistas en Ecuador”.
La verdad es otra. Correa es democrático. Los medios concentrados -como El Universo de Guayaquil- lo acusaron de haber dado órdenes a la policía de disparar en septiembre de 2010, en medio del golpe policial en su contra, hacia un hospital lleno de civiles. Correa ganó ese juicio y perdonó, pero no olvidó. El Universo está en la Junta de Directores de la SIP, con Carlos Pérez Barriga. Es uno de los tres hermanos Pérez perdonados por Correa (el otro reo fue Emilio Palacio), condenados a tres años de prisión y pagar indemnización de 40 millones de dólares al presidente. Por las dudas, en vísperas del fallo, el poco valiente Carlos se refugió en la embajada de Panamá; sus dos hermanos y Palacio ya vivían, fugados, en Miami, cerquita de la SIP, su aguantadero.
Fuente: http://www.laarena.com.ar/opinion-mexico-el-lugar-mas-peligroso-para-ejercer-el-periodismo-1126287-111.html