El problema acelera el proceso de degradación económica del régimen autonómico y agrava su situación como un punto de ahogo que siembra inestabilidad en la frontera artificial entre Latinoamérica y Estados Unidos, además de tener el potencial de poner en vergüenza a Washington en el encuentro diplomático si intenta dar cátedra sobre economía cuando no puede poner en orden ni su colonia caribeña.
A pesar de que en el Gobierno se conoce internamente del problema con la base de datos, se ha tratado de pasarlo por alto, mientras funcionarios, asesores y entidades aliadas gestionan que los mercados de capital de Nueva York y la jefatura de Washington acudan al rescate y eviten un colapso del Estado. Se trata de convencer de que con reformas, nuevos impuestos y más bonos por miles de millones de dólares se podrá restablecer las casi vacías arcas del Gobierno y reactivar la economía.
Pero el caso es que el llamado “Registro de Comerciantes”, que será la base para administrar el impuesto sobre el valor añadido -que sustituirá como fuente principal al impuesto sobre ingresos- se encuentra tan degradado que el Gobierno no tiene forma de conocer cuántos comerciantes y profesionales hay en Puerto Rico. Ese daño es tan extenso y profundo que da al traste con cualquier intento de calcular qué nivel es el necesario para el impuesto o los pronósticos sobre la recaudación.
De acuerdo a las cifras del propio registro, en el año 2011 había 288.097 “comerciantes”, de los cuales la obligación de cobrar impuesto al consumo la tenían 89.124, mientras que al año siguiente las cifras fueron 293.708 y 87.485, respectivamente. Pero, en el año 2013, desaparecieron cerca de dos tercios y las cifras del registro dicen que había sólo 98.084 comerciantes, de los que tenían obligación de retener impuestos 83.012.
La inexplicable desaparición de tantos “comerciantes” en tan poco tiempo hizo levantar las cejas a más de uno, pero lo que ocurrió al año siguiente fue peor. Las cifras más recientes disponibles para 2014 indican que, al final de agosto, Puerto Rico tenía 492.736 “comerciantes” y de ellos, 197.304 tenían que cobrar el impuesto al consumo.
Para complicar las cosas, a principios de febrero de este año -apenas seis meses después- el Secretario de la Gobernación, Jorge Colberg, le dijo a la periodista Yennifer Álvarez Jaimes, de El Vocero, que la cifra de comerciantes retenedores de impuestos era de sólo 60.000.
Tras obtener las cifras del Registro, NCM Noticias dio varias semanas para que el Gobierno aclarase el asunto, pero a la fecha de cierre de esta crónica no se había obtenido explicación.
Mientras tanto, el Gobierno ha desatado una potente campaña publicitaria sobre los miles de millones de dólares que se recaudarán con el IVA y cómo cientos de miles de trabajadores resultarán beneficiados al no tener que pagar impuestos sobre ingresos, sin que se conozca la fuente de datos para sus afirmaciones.
El Registro de Comerciantes se estableció como uno voluntario en el año 2000 y su propósito era ayudar a planificar formas de ayudar al comercio exterior, pero se hizo compulsorio en 2006 y se amplió para que incluyera, además de comerciantes propiamente, a los agricultores, manufactureros, profesionales y todos aquellos que cobraban por lo que hacían sin estar en alguna nómina, desde médicos y abogados hasta los artistas y escritores.
No es la primera vez en estos años que el Departamento de Hacienda, encargado del registro, experimenta problemas con sus bases de datos. El año pasado, mientras se discutía un nuevo aumento de impuesto del petróleo y sus derivados, el Departamento de Hacienda no pudo producir la cifra de lo recaudado durante el año anterior por ese concepto, por lo cual se aprobó un incremento a un impuesto que no había manera de saber cuánto producía.
De hecho, el Gobierno asegura que el aumento del impuesto al petróleo no será suficiente e informó que la emisión de varios miles de millones de dólares en bonos no será posible hasta que la Legislatura haga enmiendas para que se incluya que seguirá aumentando automáticamente acorde con el costo de la vida y se elimine el límite de intereses a pagarse a los inversores. Sin esa emisión -siempre según la versión del gobierno autonomista- el Gobierno de Puerto Rico quedará en la insolvencia durante el mes de marzo.
La situación de Puerto Rico contrasta de manera significativa con la Estrategia de Seguridad Nacional que proclamó el presidente Barack Obama este mes, en la que se consigna la importancia estratégica que tiene la salud económica de Estados Unidos y su propósito de usarla para provocar transformaciones en América Latina. Por supuesto, el plan no incluye mención a Puerto Rico, principal enclave colonial que tiene Estados Unidos en el Caribe y cuya situación estratégica y política propician que converjan aquí corrientes de contrabandos de drogas y armas, lo que ayuda a la inseguridad de sus vecinos.
Pero esta colonia del noreste del Caribe se sume cada vez más en una acelerada caída económica, a la vez que llegan cientos de candidatos a una nueva clase superior, compuesta por potentados invitados a vivir aquí exentos de pagar impuestos sobre sus ganancias de capital.
La situación también contrasta con la Doctrina de Entrenamiento y Comando del Ejército de Estados Unidos (TRADOC) para las tropas que se preparan para el período que comienza en 2016. Ese manual usa a Puerto Rico como ejemplo de una operación militar exitosa para transformar un gobierno, lo que ocurrió a partir de la Guerra Hispanoamericana a finales del siglo XIX.
Fuente: http://alainet.org/active/80729&lang=es
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