Al grito de “Sin justicia no hay paz”, los manifestantes protestaron por el asesinato a tiros -el 16 de marzo- de James Boyd, un hombre sin hogar con problemas de salud mental, y de más de una docena de otros hombres desde 2010, muchos de los cuales también sufrieron de enfermedades mentales.
A medida que la noche avanzó, la policía reaccionó frente a la Universidad de Nuevo México (UNM). Equipado con máscaras antigás, trajes blindados, porras y fusiles automáticos, desplegaron oficiales a caballo, un equipo SWAT y un par de vehículos blindados. Después de enfrentar a los manifestantes, la APD lanzó gases lacrimógenos que se filtraron en los dormitorios del campus.
El 30 de marzo no fue la primera vez que los policías locales rompieron por la fuerza una manifestación en gran medida pacífica. En octubre de 2011, la policía desmanteló la manifestación local de Occupy Wall Street, mientras que en marzo de 2003, policías de APD a caballo atacaron a los manifestantes contrarios a la guerra de Irak y dispararon gases lacrimógenos que llegaron desde un barrio de la UNM hasta los hogares.
Si bien este tipo de acciones policiacas en Nuevo México y los Estados Unidos no son nada nuevo, el aparato represivo del país afila su ventaja tecnológica y afina las capacidades de despliegue de fuerza.
Guerra en casa
En el panorama general, la policía nacional evolucionó de la mano de las intervenciones militares en el extranjero durante décadas, por las políticas de élite de control social y racial, la expansión empresarial y la supresión a los contrarios a la estructura de poder.
Joaquín Luján, organizador de Southwest Organizing Project, quien creció en Albuquerque en los años sesenta, recuerda policías rudos, algunos reclutados en el estado de Oklahoma y asignados a vigilar una cultura de habla española a la que son ajenos.
“Las personas golpeadas eran de mi cultura, los pueblos indígenas, los chicanos”, denuncia Luján. “Nos enfrentamos a una gran brutalidad policial en toda Albuquerque”.
Luján señala que las denuncias de brutalidad policiaca y de uso de fuerza letal crecieron fuera del barrio y llegaron a toda la ciudad, tocando diferentes estratos sociales y grupos marginados, como personas sin hogar y enfermos mentales.
Paul Eichorn, que dirige un programa de asistencia alimentaria para personas con necesidades, que incluyen a veteranos de las guerras del Golfo y Vietnam, fue golpeado por grabar un video de la policía que asesinó a James Boyd, con oficiales “ladrando órdenes” al hombre con problemas, como en un escenario de guerra. “Nuestros policías de la APD son demasiado violentos, y creo que se remonta probablemente a su formación como soldados”, aventuró Eichorn.
Si bien las historias completas de los oficiales involucrados en el tiroteo de Boyd aún no se conocen, en otros casos recientes de Albuquerque, los tiradores de la policía o las víctimas sufrieron trastorno de estrés postraumático adquirido por el servicio militar. La mezcla del abuso de sustancias y violencia doméstica produce un cóctel social volátil que se gesta en las calles.
Un informe de abril de 2014 del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) concluyó que la mayoría de los 20 tiroteos mortales del APD entre 2009 y 2012 violaron los derechos constitucionales y civiles. “Este nivel de fuerza letal injustificada por la policía plantea riesgos inaceptables para la comunidad de Albuquerque”, escribió el Departamento de Justicia al alcalde Richard Berry. El informe también cita violaciones en 200 casos de fuerza menos letal examinados al azar por el Departamento de Justicia en el mismo periodo, especialmente en relación con el uso de armas taser.
El 5 de mayo, los activistas de Albuquerque organizaron una toma histórica de la reunión del consejo de la ciudad para protestar por la inacción en investigar los disparos de la policía. Los residentes formaron la Asamblea Popular de Albuquerque, que aprobó tres resoluciones en las cámaras del consejo. Pidió la destitución del jefe de la policía de la ciudad, expresó su no confianza en el alcalde y el jefe administrativo y exigió una comisión de supervisión policial independiente.
Un problema de nivel nacional
En buena medida, la violencia en Albuquerque se puede considerar consecuencia nacional de las guerras imperiales. La ciudad más grande de Nuevo México no es única en este aspecto.
En Memphis, Tennessee, 23 personas fueron asesinadas por la policía local entre 2012 y 2014, según la Federación Negra Autónoma de Memphis (MBAF). Para cualquier ciudad estadunidense, el número de muertos representa “el mayor número de personas asesinadas por la policía en este período de tiempo”, afirma el grupo en un informe reciente.
Un resumen de MBAF documenta la muerte de Jeremy McGraven, de 20 años de edad, baleado por la espalda por la policía cuando presuntamente conducía un vehículo robado; Delois Epps (54 años de edad) y su hija Makayla Ross (13 años de edad), murieron en un accidente de coche atribuido a un agente de policía de Memphis, que conducía a toda velocidad por las calles sin sirena o luces intermitentes activadas; y Andrew Dumas, de 32 años, incinerado después de que agentes lanzaron gases lacrimógenos en un hogar en el que se escondió, causando un incendio que dañó también casas vecinas. Sorprendentemente, varios incidentes en Albuquerque se asemejan a los episodios en Memphis por la forma en que las personas fueron asesinadas por agentes de policía.
Las denuncias o casos probados de violencia sexual cometidos por oficiales son otros elementos comunes en Nuevo México y Tennessee. En abril de 2014 en Las Cruces, Nuevo México, el detective de policía Michael García, que investigó crímenes sexuales, llegó a un acuerdo con la fiscalía en un juicio federal derivado de la violación de un interno de 17 años de edad.
La violencia policial de Estados Unidos acaparó la atención de las Naciones Unidas. En una reunión en marzo de 2014 en Ginebra, Suiza, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH) determinó que Estados Unidos incurrió en 25 violaciones de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluidas la discriminación racial, la violencia policial y la criminalización de los sin techo.
El periodista de Bay Area Adam Hudson, escribió que la revisión del CDH elevó la atención sobre el “sufrimiento infligido por la política interior y exterior de Estados Unidos en el ámbito de los derechos humanos internacionales”. Washington, continuó Hudson, castiga regularmente a las naciones extranjeras por abusos de derechos humanos, pero aún “tiene que limpiar su propia casa”.
El informe del CDH examinó la militarización y el estado de vigilancia, y consideró el espionaje de la NSA sobre las comunicaciones de los ciudadanos, así como el uso de la fuerza letal por parte de la patrulla fronteriza.
El Centro Regional de ACLU, con sede en Nuevo México, señala que las zonas fronterizas de Estados Unidos son puntos rojos de la violencia policial. Los defensores de las libertades civiles denuncian que al menos 27 personas perdieron la vida a lo largo de las fronteras norte y sur a manos de los agentes de la patrulla fronteriza de enero de 2010 hasta principios de 2014, mientras que una persona más bajo su custodia murió debido a una atención médica inadecuada.
Entre las víctimas, el Centro Regional identifica a siete menores de edad, así como a la madre ciudadano estadunidense con cinco hijos que fue asesinada a tiros por un agente durante un altercado. Seis de las víctimas fueron asesinadas en territorio mexicano, incluyendo a tres adolescentes de edades entre los 15 y los 17 años.
Policía y equipos SWAT
Hudson acusa que la militarización de la policía aumentó desde el gobierno de Nixon, un momento en que los equipos SWAT surgieron como respuesta a los conflictos civiles.
En 1981 se aprobó la Ley de Cooperación Militar y Fuerzas de Seguridad Civiles, durante un período en que Washington renovó el apoyo a escuadrones de la muerte latinoamericanos y desarrolló planes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para derrocar a los gobiernos de izquierda en Nicaragua, Angola y otras naciones consideradas contrarias a los intereses de Estados Unidos por la administración Reagan.
De forma parecida al infame programa COINTELPRO del FBI -dirigido a interferir y neutralizar a los pacifistas y los movimientos sociales de los años sesenta y setenta-, el espionaje del gobierno y otras formas de hostigamiento se dirigieron contra activistas solidarios con América Central. Más tarde, el enfoque de la policía en Occupy Wall Street y otros activistas también se expuso. Más recientemente, algunos activistas contra la violencia de la policía de Albuquerque informan que son observados, perseguidos o detenidos por policías.
Después de la caída del bloque socialista, la militarización de la policía continuó en la guerra contra el terror, la guerra contra los inmigrantes y la guerra contra las drogas.
Para adaptarse a los tiempos, la capacitación de la policía y el arreglo personal adquirieron un toque militarista y una filosofía beligerante.
Residente de Nuevo México, Lucille Córdoba conoce muchas caras de la moneda. Un ex organizador de las familias de los presos, Córdoba, recuerda a un hermano que pensó en cambiarse del ejercito a la policía civil, pero optó por permanecer con el Tío Sam después de la exposición a un entrenamiento de 18 semanas, o “adoctrinamiento”, con un departamento de sheriff de Tejas que enseñó a los nuevos reclutas a considerarse “la élite de la élite”, en un “nosotros contra ellos” en su lucha contra la población.
Ampliando el debate sobre la policía, las últimas notas de primera plana en el Albuquerque Journal documentan cómo aumentaron miles de millones de dólares en el presupuesto que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorga a las agencias locales de seguridad para la adquisición de equipos y otros propósitos. El Departamento de Defensa es parte del juego, entregando “excedente” de equipos militares, como vehículos blindados, prácticamente gratis para las fuerzas de policía locales. Incluso comunidades pequeñas y medianas de Nuevo Mexico, Los Alamos, Farmington y Deming añadieron recientemente los vehículos resistentes a las minas o el transporte de personal blindado a los arsenales de sus departamentos de policía.
En la vecina El Paso, Texas, que es una de las tres ciudades más seguras de Estados Unidos durante los últimos años, los 773 mil dólares de la subvención federal permitieron que el departamento de policía local comprara mil 145 rifles de asalto M-4 en 2010, informó El Paso Times.
Los críticos señalan que el DHS representa un caso clásico de la ampliación de la misión, que aumenta en múltiples facetas la aplicación de la ley civil y con su presupuesto total elevando de 29 mil millones de dólares en 2002 a 61 mil millones en 2014, de acuerdo con el diario.
Incluso el secretario de Seguridad Interior del ex gobierno de Bush, Tom Ridge, se sorprendió por la evolución del DHS: “Perdieron su camino”, dijo Ridge al diario. “Trato de averiguar por qué estas comunidades locales necesitan Humvees…probablemente podrían utilizar un par de más de autos de la policía en lugar de otro vehículo militar”.
Sin embargo, el dinero manda en el negocio policiaco.
Apodado Tasergate por algunos expertos, Albuquerque está absorto por la noticia de que el ex jefe de la policía, Ray Schultz, negoció un acuerdo con Taser International para suministrar a su departamento equipos por casi dos millones de dólares, antes de la salida del jefe de la oficina en el año pasado. Poco después, Schultz surgió como un consultor pagado de la empresa, de acuerdo con informes de los medios locales.
Ola de activismo contra la brutalidad policial
En Albuquerque, la violencia policial provocó la mayor ola de activismo en la ciudad de Nuevo México desde principios de los años setentas.
Desde el asesinato de James Boyd, los activistas marchan en las calles, llenan las reuniones del Concejo Municipal y del Departamento de Justicia, realizan vigilias, organizan foros comunitarios y peticiones para remover al alcalde y convocan a grandes jurados para procesar a los oficiales. Los ciudadanos participan en la meta actual de la escritura de un decreto de consentimiento que impondrá nuevas normas de contratación, capacitación, políticas de control y estándares de los procedimientos operativos de la APD del Departamento de Justicia.
Las protestas callejeras atrajeron a cientos de jóvenes que participan con vigor en el activismo y la desobediencia civil.
En abril, un foro tuvo lugar en el Centro de Albuquerque por la Paz y la Justicia, en el que los activistas formularon cerca de 40 demandas a corto plazo y largo plazo. De manera significativa, las propuestas abogan por la desmilitarización de la policía, la cero tolerancia a la discriminación racial y la vigilancia ciudadana de la policía.
A sólo unas pocas horas de distancia de la frontera Estados Unidos-México, grupos como el Centro Regional de Derechos Fronterizos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), igualmente exigen una supervisión independiente de la Patrulla Fronteriza.
El informe del CDH sobre la situación de los derechos humanos en los Estados Unidos ofrece a la CBP “una oportunidad para la reforma integral, si son serios acerca de la prevención de muertes y lesiones innecesarias”, señaló el Director del Centro Regional, Vicki B. Gaubeca.
En el contexto más amplio, la reunión en Albuquerque subrayó que son urgentes cambios estructurales: servicios adecuados para el retorno de los veteranos y otras personas con problemas de salud mental; aumento de la financiación de los servicios sociales, como la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias; el derecho a la vivienda; la financiación total de las escuelas; y el fin del proceso de escuela a la prisión.
Dos semanas más tarde, al hablar en el sitio donde su ex-estudiante de 19 años de edad, María Hawkes, fue asesinada a tiros por la APD el 21 de abril, la profesora Carolina Acuna Olvera resumió el sentimiento de muchos en el movimiento: “Ya gastamos miles de millones de dólares en la guerra en todo el mundo, pero no podemos alimentar a los niños.
Los eventos en Albuquerque ponen en discusión muchos temas fundamentales. Que los activistas tengan éxito en ganar los cambios aún está lejos de ser cierto, dada la impunidad histórica conectada a los asesinatos de la policía y los casos de brutalidad.
Mientras que la ciudad de Albuquerque pagó cerca de 30 millones de dólares en muertes por negligencia y demandas de fuerza excesiva durante los últimos años, ningún policía fue a la cárcel por un disparo. Y en las siete semanas después del asesinato de James Boyd, el mismo número de tiroteos con intervención policial – tres de ellos fatales – sacudieron a la cercana comunidad de Las Lunas.
Además de los funcionarios de APD, policías estatales de Nuevo México y alguaciles de Estados Unidos están detrás de los gatillos de los últimos tiroteos. Sin embargo, muchos residentes dicen que la ciudad tiene una oportunidad histórica de cambiar el curso de las relaciones policía-comunidad, reafirmar los controles democráticos sobre la aplicación de la ley y responder a un diluvio de agravamiento de los problemas sociales que amenazan a destruir la sociedad.
“Esto está muy extendido”, señaló Nora Tachias Anaya, de la Coalición 22 de Octubre, uno de los grupos que participa en el movimiento de Albuquerque. “Es nacional, y lo sabemos, pero creo firmemente que Nuevo México hará la diferencia.” /Texto de Estados Unidos, un estado policiaco militarizado
Tomado de Rebelion. Traducción: Clayton Conn Estados Unidos
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