Sin embargo, no es solo la diplomacia cubana quien plantea ese cambio. Brasil, Nicaragua, Venezuela, entre otros en América Latina se oponen a la manipulación del concepto.
Durante la intervención de la OTAN en Libia la protección de civiles sirvió de pretexto para los ataques aéreos que propiciaron la caída del gobierno de Muamar el Gadhafi, algo que también algunos gobiernos como Estados Unidos, con la complicidad de la ONU, pretenden repetir en Siria.
Cuando se definió el concepto de “protección de civiles” en 1999 quedó establecido que las medidas coercitivas serían aplicadas sólo cuando la vía diplomática y humanitaria se agotara.
De modo que la responsabilidad primaria en esa materia descansa en los Estados, ha apuntado el representante permanente alterno de Cuba ante la ONU, Oscar León, al intervenir en una sesión de ese órgano sobre el trabajo de las operaciones de mantenimiento de la paz, informó Prensa Latina.
El diplomático consideró que toda estrategia de consolidación de la paz debe basarse en la experiencia nacional y planificarse de manera integral, coherente e integrada.
De esa forma se podrá responder a las necesidades del país de conformidad con el principio de control nacional y las prioridades establecidas por sus autoridades, precisó.
“El establecimiento de nuevas y más complejas operaciones de mantenimiento de la paz no puede ser un sustituto de la atención y solución a las causas profundas de los conflictos”, puntualizó.
En ese sentido, expresó que esas acciones “no pueden ser un fin en sí mismas, sino una medida temporal para crear un marco de seguridad que permita aplicar una estrategia a largo plazo hacia el desarrollo económico y social sostenible”.
Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de respetar los propósitos y principios de la Carta de la ONU, en particular el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la independencia política de los Estados y la no intervención en sus asuntos internos.
También mencionó los referidos al consentimiento de las partes, la imparcialidad y el no uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa.
En mayo de 2011, la ONG Oxfan publicó un documento que exigía que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara un enfoque más justo y consistente para ayudar a los civiles atrapados en conflictos, basado en información fidedigna para evaluar las opciones de respuesta.
La “Protección de la población civil” está arraigada en la Ley Humanitaria Internacional que pide que los agentes beligerantes que minimicen el daño sufrido por los civiles y sus propiedades durante los conflictos, incluyendo ataques excesivos o desproporcionados. Además, que se proteja a la población civil ante la violencia.
Cuba también ha alertado que las operaciones de mantenimiento de la paz son la actividad que más recursos consume dentro de la ONU, con un presupuesto récord de ocho mil millones de dólares.
Asimismo, ha señalado que el uso propuesto de sistemas aéreos no tripulados (drones) de forma experimental en algunas misiones de la ONU “de ninguna forma puede atentar contra los principios básicos de las operaciones de mantenimiento de la paz”.
En 2011 la diplomacia de Nicaragua expresó que la Carta de la ONU no incluye ningún tipo de referencia a un supuesto derecho de injerencia humanitaria, sino que en ella prima el respeto a la soberanía de los pueblos, la no injerencia y la no intervención en los asuntos internos.
Referido a Libia el análisis era muy claro: cómo se pretendía proteger a los civiles a punta de bombas, cuántos civiles perecieron en nombre de la supuesta protección de civiles y cómo bajo ese concepto se planificó el asesinato de un jefe de Estado de un país soberano.
¿Dónde está la determinación del Consejo cuando se trata de la heroica y martirizada población Palestina? Ese doble rasero es lo que alimenta la política expansionista y de ocupación de Israel y le permite actuar con plena impunidad contra el pueblo palestino y el mundo árabe. |Especial para Cubahora.cu
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