Hace unos meses, el Ministro del Interior anunciaba modificaciones legislativas para prohibir la filmación de imágenes en las manifestaciones. Hace unos días, en Sevilla, era detenida una reportera gráfica que cubría una concentración ciudadana contra los desahucios. Y en la misma semana, el Gobierno español otorgaba el indulto a cuatro policías condenados por torturas.
Parece que al régimen español no le parece suficiente que la práctica totalidad de los medios de comunicación pertenezcan a unos pocos multimillonarios que apuntalan el sistema en sus dos vertientes de alternancia política.
El régimen necesita tapar la grieta que supone la posibilidad de informar sobre aspectos que impactan de una manera muy directa en la conciencia de la ciudadanía, como es la brutalidad de los cuerpos policiales.
La persecución de imágenes molestas persigue que esta ciudadanía siga en su sofá, absorta en las realidades prefabricadas, en el mundo feliz de la liga de fútbol o los programas del corazón, mecanismos perfectos para el escapismo político y el control social.
Indulto a torturadores, detención de periodistas para garantizar la impunidad policial, impunidad y eliminación de testigos: así es como el Gobierno español, ahora en su vertiente más derechista y autoritaria, sigue dando lecciones a países tan necesitados de aprender qué es la “democracia” y la “libertad de prensa” como Cuba.
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