Honduras: Comisión de la Verdad pide detener violaciones a los DDHH

Detener las violaciones a los derechos humanos y enjuiciar a los responsables del golpe de Estado de junio de 2009 exigió la Comisión de la Verdad (no oficial) en su informe publicado sobre las causas y efectos del derrocamiento en Honduras del presidente Manuel Zelaya.

La Comisión de la Verdad, integrada por personalidades hondureñas y extranjeras, fue integrada en junio de 2010 por la Plataforma de Derechos Humanos, paralela a la Comisión de la Verdad creada por el presidente Porfirio Lobo y que dio su informe en mayo pasado.

El golpe de Estado de junio de 2009 se produjo en Honduras por la conspiración de Estados Unidos con un grupo empresarial que se sintió amenazado por la vinculación del mandatario venezolano Hugo Chávez con Zelaya, dijo la Comisión de Verdad.

Señaló que "los efectos del golpe de Estado aún continúan y que tanto antes como después de las elecciones realizadas en noviembre de 2009, ambos gobiernos (el de facto de Roberto Micheletti y del actual presidente Porfirio Lobo) utilizaron y utilizan el terror como un recurso de control social". La Comisión determinó que las actuaciones irregulares atribuidas a la policía y al personal militar durante el régimen de facto de Roberto Micheletti y en la actual administración de Porfirio Lobo "fueron y siguen siendo parte de una política de Estado".

Igualmente comprobó que "a partir del golpe de Estado, con la aquiescencia del gobierno se han desarrollado las operaciones de grupos que al margen del ordenamiento legal funcionan con procedimientos y metodologías de los escuadrones de la muerte. Estas organizaciones aparecen actualmente ligadas al crimen organizado y a la narcoactividad".

"El trabajo desarrollado por la Comisión permite concluir que la existencia y actuación de este tipo de estructuras ilegales es parte indivisible de las políticas de Estado aplicadas, indicó el informe.

La Comisión pidió superar las causas coyunturales e históricas de la impunidad y posibilitar el inicio de procesos que, sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, puedan contribuir a la democratización del poder estatal, de la sociedad y sus instituciones.|ANSA


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